Feminicidios y desapariciones, crisis persistente: Cladem

 

Jueves 11 de diciembre.- La violencia de género en Jalisco atraviesa uno de sus momentos más críticos, con un incremento sostenido de agresiones y un entorno cada vez más hostil para las mujeres que defienden derechos humanos.

La reducción del espacio público, entendido como las condiciones que permiten una participación segura y libre en la vida cívica, ha profundizado la vulnerabilidad de activistas, buscadoras y participantes de movimientos feministas entre 2020 y 2025, señaló Natalia Rojas, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) Jalisco.

Rojas advirtió que, tan solo en lo que va del año, nueve personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, entre ellas cuatro mujeres. Dos de ellas estaban dedicadas a la defensa del territorio y a la búsqueda de personas desaparecidas, lo que refleja la gravedad del contexto. Además, afirmó que en Jalisco no existen condiciones reales para que las mujeres participen activamente en la agenda política.

La situación se agrava con niveles de impunidad superiores al 90 por ciento. En materia de desapariciones, las cifras oficiales registran 1,797 casos, de los cuales 1,500 corresponden a mujeres y niñas; sin embargo, solo 27 por ciento cuenta con denuncia formal. Esto evidencia barreras institucionales que obstaculizan el acceso a la justicia y una cifra negra amplia de casos no reportados.

Respecto a los feminicidios, Rojas señaló que persiste una subclasificación sistemática: únicamente 20 por ciento de las muertes violentas de mujeres se reconoce como tal, y solo entre 5 y 8 por ciento alcanza una sentencia. Añadió que los centros de justicia para las mujeres en Jalisco no han funcionado de manera adecuada, debido a la ausencia de planes integrales permanentes y a una insuficiencia presupuestaria que no permite atender la magnitud del problema.

La falta de estadísticas precisas, perfiles especializados y recursos eficaces refleja un incumplimiento de obligaciones institucionales. “No basta con asignar dinero; muchas veces se queda atrapado en la burocracia y no llega a garantizar justicia”, concluyó.