Juan M. Negrete
27 de agosto de 2022.- Entre los choferes tapatíos del transporte público existía la consigna de que, cuando alguno de ellos provocaba un accidente, les salía más barato que los accidentados quedaran muertos que heridos. Era la explicación peregrina que se daba cuando trascendía que algún chofer remataba a los heridos.
Cuando la atención pública empezó a darle seguimiento a la dolorosa tragedia de Iguala, en la que desaparecieron a 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, se empezó a cuajar para el consumo popular esta misma figura simplona. En lugar de hacer caso a los padres de los estudiantes desaparecidos, para que las autoridades pertinentes se pusieran a buscar a los perdidos, salía más barato darlos por muertos, expandir el rumor de que ya habían sido sacrificados. No había ni necesidad ni razón para prodigarse en tareas de una búsqueda que sería a todas luces infructuosa.
La fabulación que luego vino, expuesta sin ambages, sostenida, difundida y avalada por las autoridades penales más importantes del país, habló del sacrificio de los muchachos infortunados, asesinados por miembros del crimen organizado e incinerados en el basurero de uno de los municipios cercanos a Iguala, que es Cocula. Llamaron a su patraña o embuste monumental, la verdad histórica. Con tal denominación la conocemos hasta hoy, cuando el tema a colación viene a ser lo acontecido aquella sangrienta noche de Iguala. Supuso erróneamente la PGR, encabezada por Murillo Karam, que darlos por muertos les saldría más barato a los autores, fuere quienes hubieran sido los autores. Ahora estamos viendo que fue salida mal calculada y no barata.
Tal verdad artificiosa encerraba varias metas a conseguir, con las cuales el fondo del asunto incriminaría a las víctimas y así pasaría a la nebulosa de la amnesia colectiva. Estamos viendo que si no les salió el tiro por la culata al menos se les está cayendo el embuste. El proceso aún no concluye. No se le dio carpetazo. No se cansaron los demandantes, que son los padres de esos chicos infortunados y exigen saber el paradero de sus vástagos, estén vivos o no. Nada confirma la versión de su incineración colectiva.
Tal versión oficiosa (que no histórica y definitiva) ensayó a implicar y a descubrir supuestos vínculos de los muchachos sacrificados con grupos delictivos de la zona. El nombre común de estas pandillas delictivas es el de crimen organizado; también se les engloba con la denominación de narcotraficantes. La hipótesis de ligas vergonzantes entre muchachos metidos en dinámicas de estudio con delincuentes embozados resultaba poco creíble. Tanto que el propio Murillo Karam la desechó en sus primeras formulaciones. No hay un solo indicio, dijo y lo remarcó, de que los muchachos desaparecidos estén vinculados con tales ligas.
El cuento forzado de la incineración a cielo abierto en el basurero de Cocula no soportó siquiera seis horas de aceptación por nuestro público, que suele ser crítico de las versiones oficiales que se pasan de lanza, como dicen los chavos. La tan mentada verdad histórica fue vapuleada de inmediato, combatida en todos los foros independientes y por la población entera. Tan fue insostenible que el propio régimen determinó separar de la dirección de la PGR al titular de la dependencia, Murillo Karam. Ahora vuelve a reflectores, pero como indiciado de mentiroso y de encubridor.
Como meta de fondo, con la susodicha versión oficial, se buscó mantener la participación de lo oficial en dicho tragedia dentro de los círculos de poder más endebles, los más alejados del poder estatal de peso. Si se terminaba descubriendo en las indagaciones que había habido solapamientos o complicidades, había que aceptarlas o limitarlas tan sólo a quedar dentro de las esferas de responsabilidad municipal, que no brincara más trancas. La idea era que por nada del mundo llegara a impregnar tal pestilencia a lo estatal, mucho menos a lo federal. Y con mayor razón, mantener a las fuerzas armadas en la pureza impoluta.
Todos estos conatos resultaron nulos. La verdad histórica embijaba primero ya tan sólo a los sacrificados y a los cárteles de los guerreros unidos y a los rojos. Con el desplome de la credibilidad a semejantes patrañas se ha conseguido tirar el velo más costoso para las autoridades constituidas. Ahora se habla y se acepta como un hecho la participación de las fuerzas castrenses en tales acontecimientos. Se filtra y se asienta cada vez con más fuerza la tesis de que su participación no fue tangencial o de rebote, de responsabilidad plena en la directriz misma de estos crueles acontecimientos.
Se buscó de muchas formas evitar que la tipificación de este delito alcanzara a vincularse con la fórmula de la figura de la desaparición forzada. Por fortuna el capítulo de estos procedimientos formales ha logrado modificarse y ahora nuestros cánones la manejan ya en los códigos vigentes.
Volver a traer la mira este doloroso pasaje de la vida nacional no sólo renueva muchas esperanzas, sino que augura que pronto sepamos lo que realmente ocurrió en aquellos infaustos días; que se dé fe del paradero real de las víctimas y que se lleve a los autores auténticos de estos crímenes al banquillo de los acusados, para aplicarles las normas de justicia que dicte el caso. Y despertar la esperanza posible de que estas salvajadas sean finalmente eliminadas, desterradas de nuestra conducta nacional. Ojalá.
(Foto Ahí Semanal)