Sábado 30 de septiembre de 2023.- Tenía que ser. En su fecha de aniversario, que ya cumple nueve años, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, nos volvió a sacudir la conciencia colectiva por aquel hecho infamante. Lo peor del asunto es que pasen y pasen los años y se avance tan poco, casi nada, en su aclaración. Seguimos en tinieblas, con un montón de preguntas sin resolver en la cartelera. Haya o no ruido mediático por el asunto, es poco claro lo que sabemos. Y tal vez así vamos a continuar.
Traigamos a la memoria, aunque nos resulte doloroso reconstruirla, la información sobre el papel del ejército aquella noche infausta:
La noche del 26 de septiembre, el 27 batallón de infantería no hizo nada para evitar la matanza y desaparición de los estudiantes. No resguardó la zona. Dos horas después del ataque, se produjo uno nuevo, sin que los militares hicieran nada para evitarlo. Fue hasta entonces que aparecieron militares, agrediendo a los estudiantes cuando intentaban escapar o pedir auxilio, dándoles de culatazos, cortando cartucho y acusándolos de allanamiento de morada.
Los soldados –contó el normalista Omar García a TeleSur– “nos dijeron: ‘ustedes se lo buscaron. Ustedes querían ponerse con hombrecitos, amárrensen los pantalones. Eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. Nombres. Y denos sus nombres reales. Sus nombres verdaderos, cabrones, porque, si dan un nombre falso, nunca los van a encontrar’”. Luego los fotografiaron.
Hasta aquí esta reconstrucción. Consideramos que es pertinente traer este testimonio de nuevo a la luz, porque uno de los reclamos más airados de los padres de los muchachos desaparecidos se centra en que el gobierno acepte la participación de las fuerzas armadas, tal como se describe en este trozo periodístico de Telesur, referente a aquella noche aciaga.
Por parte del gobierno ya tuvimos dos posiciones. La primera que asumieron nuestras autoridades fue la invención de su famosa ‘verdad histórica’, de la que se ha hablado hasta la saciedad. Era presidente Enrique Peña Nieto, secretario de gobierno Miguel Ángel Osorio Chong, procurador Jesús Murillo Karam (hoy preso) y secretario de la Sedena el general Cienfuegos. Karam dio la versión oficial armada por aquel gabinete: Los muchachos normalistas fueron secuestrados por comandos armados del cártel de Los guerreros unidos. Los ligaron al grupo mafioso contrario de Los rojos y los incineraron en el basurero de Cocula. Fue pleito entre pandillas. El ejército no intervino.
El nervio central de esta famosa verdad histórica se basa en la ausencia en la masacre no sólo del ejército mismo, sino de las demás autoridades de todos los niveles. Aunque lo decimos mal. Hay que corregir. Sí se aceptó la participación de autoridades, pero tan sólo al nivel de las policías municipales, infiltradas por el narco. Y paremos de contar. Hay que decir también que hubo en los cuatro años siguientes uniformidad y apego a esta versión oficial, aunque presentara tantos y cuantos parches y orificios por los que hacia agua. No era fácil sostenerla, pero fue la verdad oficial, la verdad histórica.
Esta versión ya fue vapuleada lo suficiente, no sólo desde la llegada del nuevo gobierno de la 4T, del que ya pasaron cinco años. Ya en la etapa final del régimen peñista, muchas investigaciones independientes y analistas avezados le habían puesto buenos coscorrones a tal versión, al grado de que se les caía en pedazos. La memoria nos trae a colación que, aprovechando el descrédito de tales papelones, el propio AMLO convirtió en promesa de campaña el esclarecimiento a fondo de este crimen horrendo. Y de hacerlo, aunque no se dijera, se esperaba un castigo severo para los infractores.
Pasaron ya cinco años del caso con el nuevo gobierno y los resultados son más que escasos. Ya se proporcionó la identificación, por la vía del análisis de ADN, de tres de las víctimas. Nada más. Faltan cuarenta de ellos, por no decir que casi todos. Es un resultado miserable. Tampoco se ha deslindado el tiradero de sus cuerpos, si es que fueron victimados, que es lo más probable. Está desmentido que haya sido en el basurero de Cocula, pero nada más.
En el segundo informe de la Covaj, Alejandro Encinas maneja nueve puntos como lugares posibles de fosas clandestinas. Hay uno más señalado por el maestro Eliseo Villar Castillo, excoordinador de las CRAC. Lo ubica en San Miguel Tololapan, Mpio. de Lindavista, Gro. Se basa en el testimonio de tres informantes presos en Chilpancingo. Afirma que, estando él también preso en dicho penal, tuvo un encuentro con Encinas para documentar estos datos y presentarle a los informantes. Pero que a la entrevista se hicieron presentes cuatro encapuchados, fuertemente armados, les amagaron y les amenazaron de muerte para que no soltaran la sopa. O sea…
Una voz de quien se dice sobreviviente de aquellos hechos es la de Manuel Velázquez Arellano. Es diputado nacional por la vía pluri. Exige desde la tribuna que no se rehúya revisar la participación, activa y pasiva, del ejército en estos deleznables acontecimientos. Al sobreviviente, del que recogió testimonio TeleSur, se le menciona con el nombre de Omar García. ¿Omar y el diputado Manuel serán la misma persona? Hay muchos puntos oscuros todavía sobre el tapete de las discusiones. Y pareciera que a nadie le apura la prisa. Ya veremos entonces qué se siga y qué nos espera de todo esto. Para bien de todos, primero los pobres… ¿Se está cumpliendo aquí este axioma?
