Sábado 07 de enero de 2023.- Es costumbre inveterada de nuestros paisanos eso alterar nombres de las instituciones. Llamar por ejemplo torturaduría a la procuraduría, no es novedoso. Peor es oír llamar tamarindos a la policía de tránsito o más cosas. No extraña entonces llamar engordas a las oficinas de gobierno y nominar al máximo tribunal de justicia del país como ‘suprema corta’, tal cual se establece en el encabezado de este artículo.
Alguna vez escuché en algún círculo de vagos un cuento que me causó hilaridad. Lo comparto. Dice la historieta que un comprador llegó a una tienda donde se mercaban pericos y preguntó por el primero que vio. El vendedor dio la cifra de mil pesos. ¿Pues qué sabe hacer este cotorrito, para estar tan caro? El vendedor contestó que se recitaba de corrido el código civil completito.
Más al fondo, en otra jaulita, había otro emplumado más vistoso. Interrogado por el precio, el vendedor informó que costaba cinco mil. ¿Pues cuál es su gracia? Aclaró el vendedor que ése se recitaba de corrido la constitución, también completita, casi sin atrabancarse. Admirado por tamaña sorpresa, el comprador siguió su inspección y llegó al fondo del establecimiento.
Ahí se encontró, obviamente en su jaula, a otro de estos animalitos parlanchines. Al preguntar el precio, el dependiente le informó que costaba diez mil pesos. Rebasado por la sorpresa, el cliente quiso conocer su gracia especial. Ninguna, fue la respuesta. ¿Pues entonces, por qué me lo cotiza tan alto? El empleado, con toda la calma del mundo, procedió a satisfacer la curiosidad del cliente y le dijo: Pues mire usted, amigo. Este periquito, ni habla, ni sonríe, ni voltea a ver a ninguno de sus pares. Pero todos ellos se le cuadran y, cuando se dirigen a él, le llaman invariablemente su señoría.
Algo parecido al contenido de esta historieta chusca fue lo que descubrió el culto público mexicano con la rebatinga que se armó por la última semana del año y que concluyó con la dinámica de elegir el nuevo presidente de la suprema corte de justicia de la nación (SCJN). Concluyó el período de la presidencia del magistrado Arturo Saldívar y había que poner a otro en su lugar. Por supuesto que era un evento anunciado y se llevó a cabo conforme a lo establecido. La elección fue interna, exclusiva para los once miembros de dicho organismo. De manera que, de los propuestos, el que alcanzara primero la cifra de seis votos sería denominado el nuevo presidente. En la primera ronda se definió el asunto. No hubo necesidad de otra u otras vueltas.
Contendieron dos candidatos: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la señora Norma Lucía Piña Hernández. Por el varón votaron Arturo Saldívar, el presidente saliente, Loreta Ortiz, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar y el propio Ortiz Mena. Los restantes seis dieron su voto por Norma Lucía y la llevaron directita al sitial disputado. La mujer fue pues la ganadora y pasa a ser la presidenta de esta institución, con la novedad de que, en dos siglos de historia de este organismo, ella viene a ser la primera mujer que ocupa dicho puesto. Así las cosas.
Lo que vino a ensuciar el panorama a la vista de la gran mayoría del público desconocedor de tales embelecos, fue el hecho de que se haya desatado toda una campaña de descalificación en contra de uno de sus miembros, otra mujer, Yasmín Esquivel Mossa. Tanto en los corrillos de los enterados, como en el de los meros chismosos, se decía que esta ministra era la candidata que impulsaba la 4T o el propio AMLO, para que desde la presidencia de la SCJN pusiera los mejores oficios para no trabar los avances y las metas del proyecto del gobierno actual. Fuera así o no, la señora Esquivel se convirtió en el negrito de una campaña sucia para descalificarla desde antes, para que ni siquiera figurara en la lista de los candidatos.
El núcleo de lo destapado en esta campaña negra consistió en afirmar y difundir un hecho que no viste a ningún profesional, mucho menos a uno que aspire a ocupar el puesto por disputarse. Se dijo que, para titularse, le plagió la su tesis de licenciatura a otro abogado de nombre Edgar Ulises Baez Gutiérrez. Según las cuentas recabadas de estos documentos en la UNAM, su universidad nodriza, la tesis del abogado data o fue presentada en el año del 1986 y la de la ministra Esquivel se registró al año siguiente, en 1987.
Por la mera cronología de lo presentado, la lógica impone que la primera tesis tuvo que ser la original. Si en la segunda se encuentran párrafos y capítulos enteros idénticos a la que se señala como primera, es de presumirse que hubo un plagio. De acuerdo al devenir del tiempo, los hechos no ocurren de adelante hacia atrás, sino que obedecen al curso que les aceptamos como normal o común en todos los acontecimientos.
¿Plagios, falsedades, en los documentos básicos de los abogados de la nación? ¿Y son ellos, dentro de nuestras instancias de la dirección de los intereses de la nación, el tercero de nuestros poderes, a los que hay que acatar y obedecer? Fue de parafernalia el ataque que sufrió este personaje al manchársele públicamente su expediente, al grado de que resulte bastante complicado salir en su defensa. Pero el así llamado grupo plural del senado destapó la cloaca de lo que se buscaba al proponerle a la ministra impugnada que se abstuviera, por dignidad y vergüenza, no sólo de candidatearse para la presidencia de la SCJN, sino hasta de emitir su voto en tal elección. Creo que está todo claro.