Morelia, Michoacán.– El multihomicidio de una familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM), ocurrido en Morelia, no está vinculado con la delincuencia organizada ni con la labor profesional de las víctimas, afirmó este martes el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña.
En conferencia de prensa, el fiscal confirmó que Alfredo “N”, actualmente detenido, es primo hermano de una de las víctimas y que dejó múltiples evidencias que permitieron establecer su presunta responsabilidad en los hechos, lo que derivó en su captura en el estado de Morelos.
Tras presentar un informe sobre los avances del caso, las autoridades estatales informaron que existen otros posibles involucrados que están siendo investigados, por lo que llamaron a no especular mientras continúan las indagatorias.
En el encuentro con medios participaron el fiscal Carlos Torres Piña; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; y el secretario de Seguridad, José Antonio Cruz Medina. Ahí se precisó que Alfredo “N” permanece detenido por el homicidio de Víctor Manuel M., Anayeli H. y su hija M. E., y que será el viernes 30 de enero cuando se reanude la audiencia en la que se definirá su situación jurídica.
El fiscal destacó que, conforme avance la investigación, se obtendrán más elementos que permitan el pleno esclarecimiento del caso.
Torres Piña subrayó que desde el momento en que se reportó la desaparición de las víctimas, la Fiscalía actuó conforme a los protocolos legales, con debida diligencia y en comunicación permanente con los familiares, quienes solicitaron no difundir las fichas de búsqueda.
Aclaró que no existió omisión ni retraso en las actuaciones ministeriales, ya que desde el inicio se activaron los mecanismos de búsqueda e investigación previstos en la ley, priorizando la atención a las víctimas indirectas y el desarrollo técnico de las indagatorias.
“Derivado de las labores de investigación, se cuenta con una persona detenida, familiar de una de las víctimas, identificada como Alfredo ‘N’, de 47 años de edad, quien ya fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente”, precisó.
El fiscal reiteró que hasta el momento no se advierte relación del crimen con la delincuencia organizada ni con la actividad profesional de las víctimas, aunque señaló que se mantiene un seguimiento puntual del caso y comunicación constante con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como parte de un enfoque integral.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el homicidio podría estar relacionado con un conflicto de carácter personal, posiblemente una deuda pendiente, hipótesis que continúa bajo análisis.
Entre los datos expuestos, la Fiscalía informó que las fichas de búsqueda comenzaron a circular públicamente el 23 de enero, pese a que fueron emitidas desde el día 17, tres días después de que la familia fue vista por última vez en su domicilio, ubicado en Ex Hacienda La Huerta. Una de las razones para no difundirlas, indicó el fiscal, pudo haber sido evitar ponerse en riesgo.
Sin embargo, desde el hallazgo de los cuerpos calcinados en la Autopista de Occidente, a la altura de la localidad de Ucareo, en el municipio de Zinapécuaro, surgió la presunción de que se trataba de los intérpretes desaparecidos.
Torres Piña explicó que se realizaron las autopsias correspondientes y las pruebas de ADN para confirmar la identidad de las víctimas, lo cual se logró hasta el 23 de enero.
Por su parte, la diputada local y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Xóchitl Ruíz González, informó que se brindará apoyo integral a los familiares de las víctimas.
En entrevista, la legisladora señaló que tanto el Congreso del Estado como diversas dependencias estatales otorgarán apoyo económico, jurídico y acompañamiento, en coordinación con la Comisión de Atención a Víctimas del Estado, para atender las necesidades inmediatas de los familiares de los intérpretes de LSM.
