Apenas se hizo pública la noticia de que por decreto presidencial se incorporaban las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional, comenzaraon las reacciones de los grupos criminales organizados a lo largo y ancho del país, los cuales ya tienen sentadas sus bases y, de facto, en grandes regiones imponen sus propias leyes. En no pocas regiones de México, tienen arrodilladas a las autoridades de los tres niveles de gobierno. El mensaje es claro: “aquí no se metan”.

Lo anterior lo dicen de forma categórica y firme, mostrando músculo con capacidad de respuesta: logística, armas y personas.

El sueño acariciado por al menos los últimos tres presidentes de México fue consumado por Andrés Manuel López Obrador, contrario a lo que prometió en campaña bajo el lema “abrazos no balazos”, para apaciguar las aguas de un país convulsionado por la violencia. Me pregunto si tienen idea los actuales gobernantes del tamaño del monstruo que es la delincuencia organizada, sin tomar en cuenta la delincuencia común y semiorganizada.

Ahora bien, recordemos que desde hace mas de una década el Ejército en México ha estado en las calles en nuestro país, contrario a lo que establecía nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 21, 29, 129, por mencionar algunos. Recordemos que en innumerables ocasiones el ejercito mexicano ha combatido y en ocasiones abatido a carteles y capos en nuestro país.

Sin embargo, todos estos operativos eran de facto, mas no legales, pues eran contrarios a lo que establecía nuestra Ley Suprema.

En este contexto, la pandemia en México no ha frenado ni menguado la violencia e inseguridad en nuestras calles, por el contrario, se está agudizando y es preocupante.

Las Fuerzas Armadas en México se incorporan a la Guardia Nacional, ya que ésta última no ha podido con el paquete, y la medida viene a reforzar a las instituciones relacionadas con la prevención de delitos, así como el combate a la delincuencia en todas sus modalidades. Sin embargo el riesgo es preocupante pues se desnaturaliza de jure a las Fuerzas Armadas.

Cierto es que el decreto presidencial les da certidumbre y certeza legal en su actuar, como no lo hacían las administraciones pasadas, sin embargo las expone a temas como el respeto a los derechos humanos. Aquí será muy importante la capacitación que reciban, pues en todo momento deben apegarse a derecho y respetar el debido proceso. De ninguna manera es un cheque en blanco para que hagan a su antojo justicia, ya que está de por medio el sistema legal que se desprende de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La participación de las Fuerzas Armadas será de manera extraordinaria, y regulada, fiscalizada, subordinada además de complementaria con la Guardia Nacional, en las funciones de seguridad pública a cargo de la misma, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial. La vigencia de la participación del Ejército y Marina está pactada para concluir el 27 de marzo de 2024.

Gran responsabilidad tienen los hombres de las corporaciones involucradas, pues tendrían que comenzar con la investigación, y detención de la delincuencia de cuello blanco, que en algunos casos ya esta enquistada en la “administración pública” desde hace varios años.