Tacámbaro, Michoacán.— El gobierno municipal de esta demarcación está bajo la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas reuniones con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En este contexto, el extesorero Ramón Raudel Campos Murillo renunció tras revelarse sus antecedentes penales por tráfico sexual en Estados Unidos; el alcalde Salvador Bastida García fue posteriormente asesinado junto con su escolta, y durante 2026 continuaron los ataques armados contra las fuerzas de seguridad.
La investigación federal es el punto más delicado. En noviembre de 2024, la FGR abrió una carpeta por asociación delictuosa contra servidores públicos de Tacámbaro. Medios como Milenio, La Jornada, Reforma y El Norte reportaron que la indagatoria buscaba esclarecer reuniones de funcionarios con miembros del crimen organizado. Se señaló que dichos encuentros habrían sido con integrantes del CJNG, entonces dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Señor de los Gallos”, abatido en Jalisco.
Esto cambia la dimensión del caso: no se trata solo de delincuentes operando fuera de las instituciones, sino de una investigación para determinar si servidores públicos mantuvieron contactos con el crimen organizado. Que exista la indagatoria no demuestra culpabilidad, pero sí confirma un asunto lo suficientemente grave como para abrir un expediente en la FGR.
Raudel Campos: del tesoro municipal al escándalo
Campos Murillo, nombrado tesorero municipal, enfrentó una condena en Estados Unidos por tráfico sexual. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el 13 de diciembre de 2011 se emitió una orden de arresto en su contra y desde entonces se le consideró prófugo.
El caso cobró relevancia cuando publicaciones periodísticas vincularon su nombre con la investigación de la FGR. Reforma informó que, tras el caso del extesorero, la Fiscalía indagó a más funcionarios; otros reportes señalaron que Campos aparecía ligado a reuniones o materiales del cártel. Dichas afirmaciones siguen siendo hipótesis de investigación, no una sentencia judicial.
Incluso en 2026, el Ayuntamiento de Tacámbaro difundió fotografías donde se observa a Campos sentado junto al alcalde en la Presidencia, a pesar de no ocupar ya un cargo público.
El problema institucional es evidente: ¿cómo llegó a administrar las finanzas municipales una persona con ese historial penal? Esto obliga a revisar los controles del Ayuntamiento para seleccionar a quienes manejan los recursos públicos.
Una crisis en la estructura gubernamental
Aquí radica el núcleo de la crisis: la sospecha no estaba en las calles, sino dentro de la administración. No es posible afirmar que el CJNG controlara el Ayuntamiento ni que todos los señalados pertenecieran al grupo criminal —algo que debe determinar un juez—, pero tampoco puede reducirse una investigación federal sobre nexos criminales a un simple incidente administrativo. Lo que está en discusión es la independencia del gobierno local.
El asesinato del alcalde
El 5 de junio de 2025, el presidente municipal Salvador Bastida García fue asesinado a balazos junto con su escolta al llegar a su domicilio. El crimen ocurrió cuando las investigaciones federales ya eran públicas. Aunque no se ha confirmado ni descartado un vínculo directo con la carpeta de la FGR, el hecho forma parte del mismo periodo de inestabilidad.
Tras el homicidio, el Congreso de Michoacán designó a Alejandro Fuerte García como alcalde sustituto. El nuevo edil admitió públicamente tener miedo por su vida y solicitó seguridad personal. Aunque la administración continuó funcionando, la normalidad institucional quedó rota.
Violencia continua en 2026
La violencia persistió. El 26 de agosto de 2026, elementos de la Guardia Civil fueron atacados por hombres armados en El Pedregoso. Los agentes repelieron la agresión, detuvieron a tres personas y aseguraron armas y un vehículo. Aunque la respuesta operativa fue efectiva, el enfrentamiento confirmó la capacidad de fuego de los grupos armados en el municipio.
Tacámbaro acumula tres niveles de crisis simultáneos: la presencia del crimen organizado, investigaciones federales contra funcionarios y el debilitamiento de la autoridad tras el asesinato de su alcalde.
¿Qué soberanía se celebra?
Las Fiestas Patrias conmemoran la soberanía nacional, pero en Tacámbaro el término exige que las instituciones no respondan a intereses criminales, que el dinero público tenga controles reales y que el gobierno ejerza autoridad sin sospechas de colusión.
El caso de Raudel Campos sintetiza el problema: un funcionario con antecedentes penales en EE. UU. llega a la Tesorería, renuncia tras el escándalo y termina mencionado en investigaciones sobre el CJNG, en un marco que incluye una carpeta de la FGR por asociación delictuosa y el posterior asesinato del presidente municipal.
Hasta el momento se desconoce el avance de las indagatorias sobre la actual administración de Alejandro Fuerte García, así como las acciones que ha tomado para depurar, revisar y blindar el gobierno que heredó.
