Guadalajara, Jalisco.-En Jalisco, los datos oficiales evidencian la participación de servidores públicos en casos de desaparición forzada. Durante la administración de Enrique Alfaro, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas identificó a 305 funcionarios implicados, aunque este número representa solo una fracción de los posibles responsables.
Esto según un reporte elaborado por los periodistas Elsa Martha Gutiérrez, Marck Hernández, Rubén Martín, Joseph Olid, Enrique Osorio, Lauro Rodríguez y Jorge Ramírez (coordinador).
Un análisis de 160 casos confirmados o probables, basado en denuncias activas y sentencias condenatorias, ofrece un panorama parcial pero significativo de esta problemática. Los casos analizados representan menos de una cuarta parte de las 16 mil denuncias de personas desaparecidas en el estado. La información sugiere patrones en la ocurrencia y en la participación de diversas instancias oficiales.
Concentración geográfica y perfil de las víctimas
El 60% de los casos ocurrieron en municipios de la Región Centro, con Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco liderando la lista. La mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes, con una edad promedio de 33 años. Solo dos mujeres fueron identificadas entre los casos analizados.
Modalidades de operación y participación oficial
La participación de servidores públicos varía entre policías municipales, estatales y agentes federales. En la mayoría de los casos, las detenciones ilegales marcaron el inicio de las desapariciones. Además, se identificaron prácticas como la entrega directa o indirecta de personas detenidas a grupos delictivos.
En al menos 10 casos desde 2019, se observó un patrón de detenciones ilegales seguidas de liberaciones previas al contacto con familiares, lo que culminó en la desaparición de las víctimas. Estas acciones revelan una sofisticación creciente en los métodos empleados para evadir la responsabilidad legal.
Impacto en las estadísticas de desapariciones
De las casi 16 mil denuncias activas en Jalisco, se estima que una proporción significativa corresponde a desapariciones forzadas. La participación de funcionarios públicos en estos hechos ha sido señalada por organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que destacó la colusión entre autoridades y grupos delictivos como un factor estructural en la crisis de desapariciones del estado.
Conclusión
El fenómeno de desaparición forzada en Jalisco refleja un problema sistémico en el que servidores públicos desempeñan un rol clave. La documentación de casos sugiere que estas prácticas se han normalizado en algunos sectores, agravando la crisis de personas desaparecidas en el estado.
