Muy rápido se ha ido minando la capacidad de interlocución de los 10 gobernadores que integran la llamada Alianza Federalista frente al gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Tres gobernadores están siendo ligados al caso Lozoya: Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Francisco Domínguez, de Querétaro y Martín Orozco, de Aguascalientes.
Otros tres han sido señalados por tener vínculos con el crimen organizados, ya que sus estados están a la cabeza en ejecuciones y desapariciones: Enrique Alfaro, de Jalisco; Diego Sinhué, de Guanajuato e Ignacio Peralta, de Colima. Dos más están inmersos en denuncias de corrupción y desvío de recursos públicos: Miguel Riquelme, de Coahuila y Jaime Rodríguez, de Nuevo León.
A su vez, el gobierno de Michoacán ha aparecido en las encuestas como el más corrupto del país. Para el mandatario de dicha entidad la suerte no es distinta: a Silvano Aureoles lo desaprueban sus propios gobernados y lo señalan de ser frívolo e ineficiente.
El único que se salva, hasta ahora, de escándalos es el gobernador de Chihuahua: Javier Corral.
La Alianza Federalista la integran cinco gobernantes del PAN, dos del PRI, uno del PRD, uno del MC y uno independiente. Son tantos y graves los señalamientos que pesan sobre estos servidores públicos que las demandas que hacen más bien parecen una coartada para prevenir el futuro, porque seguramente los veremos siendo juzgados por algunos de los delitos que ahora se presumen.
Sus principales demandas no han logrado formar parte de la agenda pública: la demanda de un nuevo pacto fiscal que redistribuya el presupuesto público con más equidad y la renuncia de Hugo López Gatell, subsecretario de Salud. Juntos o separados no han logrado vencer el colmillo político de López Obrador, quien en su visita a los estados, ha puesto a sudar copiosamente a Enrique Alfaro, puso a temblar a Diego Sinhué y casi poner a llorar a Francisco Domínguez.
La mayoría de estos gobernadores no han rendido buenos frutos a sus ciudadanos como para que sean un ejemplo a seguir o tengan autoridad moral para demandar cambios radicales en la forma en que López Obrador está conduciendo al país. Incluso, varios de ellos se encuentran ahora pasando un mal momento por la difusión del video publicado este lunes donde se ve a dos personeros del PAN recibiendo fajos de billetes, uno de ellos muy cercano colaborador del Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro. Igualmente, la demanda de Emilio Lozoya puso de rodillas a los gobernadores de Tamaulipas, Aguascalientes y Querétaro.
Sobre Cabeza de Vaca pesan además una investigación que llevan la Seido y la DEA, en Estados Unidos, que lo involucran con el Cártel del Golfo y enriquecimiento ilícito.
Enrique Alfaro y Diego Sinhué, además de que sus entidades encabezan el ranking nacional en ejecuciones ligadas al crimen organizado, han sobreendeudado a sus estados. Alfaro, en tiempo récord, ha contratado deuda pública por más de 11 mil millones de pesos. Lo mismo pasa con Sinhué, quien endeudó a Guanajuato con 5 mil 350 millones de pesos, presuntamente para enfrentar la crisis generada por el Covic-19. En ambos casos la nueva deuda ha sido por presión de las cúpulas empresariales de sus estados.
Miguel Riquelme de Coahuila es un político muy ligado al tristemente célebre Humberto Moreira, Riquelme se ha negado a investigar el destino del sobre endeudamiento que dejó Moreira cuando fue gobernador de ese estado en el período 2005 a 2011; la deuda actual de Coahuila es una de las más altas del país, 43,661 millones de pesos. Además, Riquelme desde que fue presidente municipal de Torreón fue acusado de beneficiar a empresas propiedad de amigos suyos, así que Miguel Ángel Riquelme tiene poca o nula capacidad de interlocución con el gobierno de la República, dado que el futuro inmediato enfrentará acusaciones de corrupción.
Colima y su gobernador, Ignacio Peralta, está inmerso en escándalos de enriquecimiento; cuando asumió el cargo en 2015 presentó en su declaración patrimonial una riqueza de 15.7 millones de pesos por propiedades y dinero en cuentas bancarias; para 2018 en su declaración patrimonial ya tenía 41.9 millones de pesos, además de la acusación de que compró la casa del narcotraficante Ignacio Coronel por 12 millones de pesos, el gobernador nunca explicó de dónde salieron esos recursos. Además, Colima ocupa el vergonzoso primer lugar en homicidios por cada cien mil habitantes, en 2015 este índice era de 22.4 y para 2019 ya era de 85.4 homicidios por cada cien mil habitantes. En cinco años, período en donde ha gobernado Ignacio Peralta la violencia se ha incrementado de forma exponencial.
Jaime Rodríguez, conocido como el Bronco, igualmente está en medio de escándalos de corrupción y uso indebido de recursos públicos. Se le acusa de usar dinero y personal público para apoyar su fallido intento de ser presidente de la república en la elección de 2018, además favoreció a su suegra con un elevado sueldo, no justificado por las funciones que desempeñaba, y para colmo la premió con un jugosa pensión en su reciente jubilación. Tiene al Congreso local en contra, ya que al ser “independiente” no tiene una bancada que lo respalde y está pendiente una demanda de juicio político en su contra.
El panorama político actual tienen de rodillas a la mayoría de los gobernadores de oposición que forman la Alianza Federalista, las denuncias y escándalos en la que están inmersos los tienen a la defensiva, vulnerables, no están las condiciones como para que se pongan a hacer demandas de cambios ante el gobierno federal. Es decir, tienen un pasado tan oscuro y truculento que la mayoría de ellos no aguantaría una auditoria seria, su larga cola no la pueden ocultar con estridentes declaraciones.
Por otra parte, su actuación y desempeño pinta muy bien el sistema político mexicano porque la mayoría de ellos lograron la gubernatura gracias a actos de corrupción, desvío de recursos públicos y vínculos con el crimen organizado, en pocas palabras, no tiene nada que presumir en sus currículum. gobernadores
Es obvio que desean permanecer unidos, por lo menos hasta la elección próxima de 2021. La situación vulnerable en la que se encuentra el grupo genera incentivos para mantenerlos. Su estrategia para enfrentar los escándalos va a ser victimizarse y acusar “persecución política”, tal como lo mostraron ayer el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca y el de Querétaro, Francisco Domínguez.
Pero su estrategia de mantenerse unidos no significa que tengan éxito en sus demandas porque se vislumbra que el próximo año, el grupo pierda consistencia, es previsible que la contienda política los enfrente unos a otros y con ello la Alianza Federalista se desmorone. Veremos.
