Por: Eduardo Esquivel Torres
Miércoles 19 de marzo de 2025.- Gobernadores y presidentes municipales de los diferentes partidos políticos involucrados en el crimen organizado se protegen unos con otros para no ser juzgados y encarcelados, prácticamente tienen una relación “endogámica”.
Hasta la fecha han mantenido el status quo, de otra manera caería el primero y después los demás, sobre todo cuando ya no existe el fuero constitucional.
“No pueden darse el lujo de juzgar a uno contrario de su partido, pues después viene la venganza. La mejor prueba de control de confianza es una visita Disneylandia. Un político que para allá y regresa, quiere decir que no trae broncas y si se queda allá es por tener broncas. Pregúntele a García Luna”, afirma Francisco Jiménez Reynoso, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
De acuerdo al Código Penal Federal, en su titulo décimo correspondiente a delitos cometidos por servidores públicos, capítulo 1, artículo 212, establece claramente que gobernadores, diputados federales y locales serán sancionados.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se eliminó el fuero constitucional para poder ser juzgados por diferentes delitos sin ningún tipo de privilegios.
“El fuero se utilizó por diputados, senadores y gobernantes en turno hasta para orinar en la vía pública. Hubo excesos. Hoy en día el delito de desaparición forzada la sanción es más severa si la comete un servidor público”, añade el catedrático universitario.
