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Gobierno de Alfaro debe investigar quiénes pactaron con delincuentes

Gobierno de Alfaro debe investigar quiénes pactaron con delincuentes

Puntos y Contrapuntos

Criterios

¿Quién o quiénes pactaron con el crimen organizado para entregar el estado de Jalisco al control de los violentos, de los narcotraficantes, de los extorsionadores y de los asesinos?

¿En qué administración, de qué gobierno, hace cuántos años? ¿Fue acaso durante el sexenio del panista Emilio González Márquez (2007-2013) o del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018)?

¿Quiénes han amenazado a funcionarios del gobierno estatal, a quiénes, y qué expresión delictiva es la que perpetró los atentados contra personal de la Fiscalía el pasado viernes 21 de junio del 2019?

“Nuestro estado fue entregado, hace muchos años; no quiero ni señalar culpables ni hablar de momentos específicos, pero distintos gobiernos, en distintos momentos, decidieron entregar el estado donde vivimos, donde viven nuestras familias, al crimen organizado, así de claro y así de sencillo”, señala el gobernador constitucional de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en un video que subió a su muro en la red Facebook, el pasado lunes 24 de junio del 2019, a las 17:49 horas.

“Yo he tenido dos responsabilidades de gobierno en mi vida, esta es la tercera; fui alcalde de Tlajomulco y fui alcalde de Guadalajara; en ninguna de las dos responsabilidades jamás, y lo digo de frente y con claridad, acepté dialogar con delincuentes, jamás aceptaremos doblegarnos, ni jamás permití que desde el trabajo que nos tocaba encabezar se favoreciera a un grupo o a una expresión de delincuentes”, explicó el mandatario en el video de la reunión que sostuvo ese día con personal de la Fiscalía General de Jalisco, teniendo como testigo al titular de esa dependencia, Gerardo Octavio Solís Gómez

Al referirse a los tres atentados perpetrados el pasado viernes 21 de junio del 2019 contra tres elementos de la Fiscalía General de Jalisco, explicó en su muro de Facebook: “Hemos estado recibiendo todo tipo de amenazas de quienes piensan que con esto claudicaremos y dejaremos de hacer nuestro trabajo. Por eso tomé la decisión de ir a platicar de frente y a los ojos con el equipo de la Fiscalía del Estado de Jalisco y reafirmar la posición de este gobierno y del gobernador respecto a lo ocurrido el viernes en la ciudad y la gran responsabilidad que tenemos de frente en materia de seguridad”.

Gerardo Octavio Solís Gómez, titular de la Fiscalía General de Jalisco, informó que eran hasta 15 ataques los que un grupo del crimen organizado planeaba realizar el pasado viernes 21 de junio del 2019 contra elementos de la dependencia que él encabeza y posiblemente contra funcionarios de otras dependencias del gobierno estatal, aunque finalmente sólo cuatro fueron ejecutados, derivando en la muerte de dos agentes investigadores, publicó este martes 25 de junio del 2019 en nuestra plataforma digital, partidero.com, nuestro compañero reportero Miguel de Híjar.

¿Cuándo y cómo supieron de las perversas intenciones de los criminales?

VASOS COMUNICANTES

Firmada por el periodista Alberto Osorio Méndez y fechada el martes 9 de mayo del 2017, la revista Proceso Jalisco publicó una información que advertía que siete horas bastaron a la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ), encabezada por Jesús Eduardo Almaguer Ramírez (actual regidor priista en el Ayuntamiento de Guadalajara), para desmarcarse de la llamada “narcofiesta” realizada en el interior del núcleo penitenciario de Puente Grande, presumiblemente en junio de 2013.

Según la FGEJ, todo se trató de un convivio privado organizado por José Luis Gutiérrez Valencia, “Don Chelo”, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y líder del “autogobierno” en ese penal.

La noche del lunes 8 de mayo del del 2017 Grupo Milenio había difundido un video sobre una fiesta privada organizada por “Don Chelo” en el interior del penal jalisciense, amenizada por Los Buchones de Culiacán, un grupo radicado en Los Ángeles, California, según aclaró el fiscal Almaguer Ramírez.

La versión del fiscal –publicada por Proceso Jalisco– advertía que los hechos ocurrieron durante la administración del gobierno panista, encabezado por Emilio González Márquez (2007-2013), cuando el penal de Puente Grande estaba manejado por un hombre de todas las confianzas del exmandatario, Sergio Kurt Schmidt Sandoval, explicó el entonces Fiscal General.

Sin embargo, la gestión de González Márquez había terminado el jueves 28 de febrero del 2013 y la administración del priista Sandoval Díaz había iniciado el viernes 1 de marzo del 2013.

El periódico Milenio Jalisco ubicaba la fiesta en una temporalidad entre diciembre del 2015 y marzo del 2016. Sin embargo, el miércoles 10 de mayo del 2017, el entonces Fiscal General de Jalisco, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, aclaró que la fiesta carcelaria se había celebrado en junio del 2013.

Dijo Almaguer Ramírez que era una secuela del autogobierno que imperaba en los penales del estado, impuesto por las influencias y para favorecer los negocios del ya célebre Sergio Kurt Schmidt Sandoval, a quien le habría concedido esa gracia y ese poder el exgobernador González Márquez.

En la administración de González Márquez fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, quien a partir del viernes 1 de marzo del 2013 fue nombrado Fiscal General en el nuevo gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. A Nájera Gutiérrez de Velasco lo relevó Jesús Eduardo Almaguer Ramírez del lunes 6 de julio del 2015 al lunes 13 de noviembre del 2017.

Durante el gobierno de González Márquez, el Comisario General de Prevención y Reinserción Social, responsable de las cárceles, era José González Jiménez, subordinado del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, Nájera Gutiérrez de Velasco.

Cuando Nájera Gutiérrez de Velasco fue nombrado Fiscal General de Jalisco por Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a partir de viernes 1 de marzo del 2013, también quedaron bajo su responsabilidad todas las cárceles de la entidad.

Sería en esa temporalidad –como lo advirtió el entonces fiscal general, Almaguer Ramírez– cuando se fortaleció la presencia y poder en Jalisco de Schmidt Sandoval, presunto beneficiario de negocios en reclusorios y en otros espacios de la vida pública de la entidad, detenido la madrugada del jueves 18 de agosto del 2016 por agentes de la Procuraduría General de la República, acusado de delitos contra la salud y posesión ilegal de arma, además de ser presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Otras conductas que tendrían que ser revisadas incluirían al exdiputado federal priista (2012-2015) Rafael González Reséndiz (después subsecretario de administración en el gobierno de Sandoval Díaz), quien habría etiquetado 6.3 millones de pesos del presupuesto federal para financiar, en Puerto Vallarta en 2013, un espectáculo llamado Fandango, que operaría como negocio particular de Schmidt Sandoval.

A este gasto se opuso el regidor vallartense Humberto Gómez Arévalo, quien está desaparecido desde enero del 2015, caso por el cual el fiscal general Almaguer Ramírez dijo que también se investigaba a Sergio Kurt (Reporte Índigo, 22 de agosto del 2016).

Habría que rescatar algunos detalles, como el del posible involucramiento en este asunto de Hugo Luna Vázquez, quien en el periodo 2015-2018 fue jefe de gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara y actualmente es jefe de gabinete en el gobierno estatal de Alfaro Ramírez, quien fue señalado por la exregidora vallartense (2015-2018) Susana Mendoza Carreño de haberla presionado para que aprobara el negocio de Fandango, que beneficiaba a Schmidt Sandoval (Mural, 23 de agosto del 2016).

El 24 de agosto del 2016 Luna Vázquez negó, a través de un comunicado, las acusaciones en su contra hechas por la regidora vallartense Mendoza Carreño, publicó ese día un seguimiento informativo de Mural.

En esos años fue alcalde de Vallarta (2013-2015) Ramón Demetrio Guerrero Martínez, conocido como “El Mochilas”, a través de cuyo gobierno se habrían transferido los 6.3 millones de pesos a Schmidt Sandoval.

 

CERCANÍA

“Desde enero del 2010 el Ayuntamiento de Tlajomulco arrienda el edificio de la Policía Preventiva municipal a Adriana Díaz Guzmán, esposa de Sergio Kurt Schmidt Sandoval, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido el 18 de agosto pasado en Zapopan”, reseña una nota firmada por el reportero Raúl Torres, corresponsal de El Universal, fechada el 26 de agosto del 2016.

“En ese entonces Enrique Alfaro –actual presidente municipal de Guadalajara– gobernaba Tlajomulco; sin embargo, no ha emitido su postura al respecto, argumentando que el arrendamiento inició en 2012, cuando él no era alcalde”, agrega la nota referida.

Sin embargo, argumenta el reportero en su información, que “datos disponibles en el Portal de Transparencia  del Ayuntamiento de Tlajomulco, aún gobernado por Movimiento Ciudadano, indican que en marzo de 2010 se realizó el primer pago a Díaz Guzmán, quien presentó la factura número 3 por un monto de 34 mil 980 pesos para la mensualidad de enero (…) un año después el pago de la renta subió a 39 mil 14 pesos mensuales; el último cheque entregado a esa persona fue de 44 mil 717 pesos y corresponde al pago de la renta de junio del edificio de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal”.

El jueves 25 de agosto del 2016, Ismael del Toro Castro, entonces diputado local y exalcalde de Tlajomulco en el periodo 2012-2015, minimizó el caso del arrendamiento del inmueble a la esposa de Schmidt Sandoval, según nota aparecida ese día en el periódico El Informador.

Argumentó Del Toro Castro –actual alcalde de Guadalajara 2018-2021- que “en la lógica de que ni la esposa, ni el hijo, ni el imputado, ni nadie, estaba señalado de algún delito, pues no había ninguna duda o prohibición para ejercer ese contrato de renta”.

“Ayer miércoles, el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Enrique Ibarra Pedroza, informó que Kurt Schmidt Díaz, hijo del imputado Sergio Kurt Schmidt, laboraba en el gobierno municipal con un puesto de ‘Soporte Técnico A’ en la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, por lo que recibía 25 mil pesos mensuales”, advertía la nota referenciada.

Agregaba que Ibarra Pedroza “señaló que fue dado de baja de la administración local debido a que Kurt Díaz se ausentó de su trabajo varias veces tras la detención de su padre, pero hay registros de que un día después del arresto la sindicatura informó a Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, que iniciaría un procedimiento en contra del funcionario”.

El miércoles 2 de agosto del 2017 la reportera de Proceso Jalisco, Gloria Reza, publicó una nota en la cual advertía que “el presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, Sergio Kurt Schmidt Sandoval, ‘El Pistola’, fue liberado la tarde de ayer, tras ser absuelto por el juez Daniel Ramírez Peña de los delitos de portación de arma de fuego y delitos contra la salud”.

Reseñaba que “el fiscal general (de Jalisco), Eduardo Almaguer, mencionó en una entrevista radiofónica que Sergio Schmidt consiguió su libertad luego de presentar amparos en los que argumentó violaciones al procedimiento”.

 

EPÍLOGO

El gobernador Alfaro Ramírez no puede asumir una actitud pasiva y complaciente con respecto a los graves señalamientos que formuló contra quienes pactaron con el crimen organizado.

¿Cuándo se dio cuenta de esa terrible realidad? ¿Cuando fue diputado local, de 2007 a 2010? ¿Cuando fue alcalde de Tlajomulco, de 2010 a 2012? ¿Cuando fue alcalde de Guadalajara, de 2015 a 2018? ¿O lo descubrió hasta ahora que llegó a la gubernatura el jueves 6 de diciembre del 2018?

El gobernador debe ordenar una investigación seria, profesional, valiente y honrada. Y exhibir ante la sociedad a quienes desde el gobierno la traicionaron y, si fuera el caso, meterlos a la cárcel por delitos del fuero común y coadyuvar con la administración federal para documentar los delitos que a esa esfera correspondan.

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