Aunque Felipe Calderón Hinojosa, expresidente panista (2006-2012), ha dicho en reiterados ocasiones no tener conocimiento sobre los supuestos nexos de Genaro García Luna, su titular de Seguridad Pública, con el crimen organizado, su administración recibió y desechó 12 denuncias y quejas al respecto.
De acuerdo con El Universal, la Secretaría de la Función Pública, instancia encargada de vigilar la actuación de los servidores públicos, archivó el citado número de denuncias por considerarlas improcedentes o carentes de elementos de prueba.
Lo mismo sucedió cuando las acusaciones llegaron a la propia Secretaría de Seguridad Pública o la Policía Federal, organismo que García Luna, ahora detenido en Estados Unidos por presumiblemente haber protegido al Cártel de Sinaloa, ayudó a conformar.
“Una de las quejas fue presentada en 2010 por expolicías federales que se quejaron de los supuestos vínculos con el crimen organizado de García Luna y sus colaboradores más cercanos, como Luis Cárdenas Palomino, entonces comisario en jefe de la Policía Federal Preventiva (PFP), y Armando Espinosa de Benito, coordinador de inteligencia de la PFP. Los exagentes que presentaron la queja de forma anónima anexaron como pruebas una serie de mensajes que los miembros de la Coordinación de Seguridad Regional recababan durante los servicios de inspección, supervisión, seguridad y vigilancia en diversos recorridos por el país. La mayoría de los mensajes anexados en la queja fueron encontrados por los agentes en cartulinas y mantas colgadas en puentes en los estados de Guerrero, Coahuila y Michoacán, entre otros. En los escritos que eran retirados de la vía pública se acusaba a García Luna, Palomino y Espinosa de romper códigos y de proteger a un cártel”, explica la fuente.
Dicha queja alertaba a Calderó Hinojosa sobre “la clase de gente que tiene al frente de los cargos públicos como son Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palominos, Armando Espinoza de Benito (sic), están a la orden de uno de los cárteles de la droga”.
No obstante, apunta El Universal, los policías se negaron a dar sus nombres y se desestimó la investigación.
A las denuncias en contra del exfuncionario federal se suma el señalamiento realizado por un ciudadano a la SFP, en el cual daba cuenta de enriquecimiento “inexplicable” a través de una serie de documentos y declaraciones patrimoniales.
“Entre 2006 y 2008 compró tres propiedades a crédito y un terreno de contado, en el cual edificó en pocos meses una construcción de aproximadamente 20 millones de pesos, y terminó de pagar otra propiedad de 2.3 millones de pesos, según lo relatado en el expediente. ‘De acuerdo con la información que aparece en las declaraciones patrimoniales de 2001 a 2008 y que se presentan como anexo, el servidor público no tenía el salario ni los ahorros suficientes para comprar el terreno, menos para hacer la costosa construcción. Al contrario, en mayo de 2008 declaró estar totalmente endeudado a finales de 2007’, según el expediente”, abunda el citado de circulación nacional.
La compra de millonarias propiedades coinciden con los señalamientos vertidos por la periodista Anabel Hernández a través de sus libros Los Señores del Narco y El Traidor, éste último escrito a través de los testimonios de Vicente Zambada, alias Vicentillo, hijo de Ismael “Mayo” Zamabada, líder del Cártel de Sinaloa.
En la misma denuncia, donde se pedía a la SFP investigar su crecimiento patrimonial, lo acusaban de ejercicio indebido del servicio público por no haber presentado su certificación policial mediante los exámenes de control y confianza, que eran obligatorios para todos los policías en México.
Aunado a esto, entre los gobiernos de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, antecesor y predecesor de Calderón Hinojosa, respectivamente, hubo otras 11 denuncias que señalaban a García Luna como protector del crimen organizado.
