El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, denunció que la pasada administración estatal, dirigida por el priista Aristóteles Sandoval, en contubernio con la Fiscalía General del Estado, “engañaron a Jalisco por años”, toda vez que “mintieron al Sistema Nacional de Seguridad”, reportando cifras de criminalidad menores a las que había en realidad.
Según explicó Alfaro Ramírez por medio de una presentación, la evidencia fue encontrada al utilizar las carpetas de investigación de la Fiscalía como cifra oficial de delitos en el estado y cruzar la información con los reportes de las policías municipales.
“Al realizar el corte de diciembre nos dimos cuenta que las cifras simplemente no cuadraban”, detalla la presentación.
“Al hacer el análisis carpeta por carpeta de los últimos tres años, se detectaron irregularidades graves, mismas que han dado origen a una investigación más profunda”, detalla.
A decir de la actual administración estatal, de junio a diciembre de 2016 el estado reportó 67 mil 730 carpetas de investigación, mientras que la cifra real fue de 093 mil 841. Luego, de enero a diciembre de 2017 se reportaron 117 mil 554 carpetas de investigación, cuando en realidad eran 166 mil 599. Por último, de enero a noviembre de 2018, el se reportaron 110 mil 537 carpetas de investigación, contra las 150 mil 448 que existían.
Es decir, cada año se reportaba entre el 68% y el 73% de las carpetas de investigación que se iniciaban en la entidad. En tanto, de diciembre de 2018 a enero del presente año se contabilizan 12 mil 307 carpetas de investigación, según información oficial.
La tendencia de desinformación de la pasada administración trató de maquillar, en su mayoría, la cantidad de delitos patrimoniales que realmente se cometían, de acuerdo a lo informado en la citada documentación.
Por ejemplo, de junio a diciembre de 2016 se reportaron las siguientes cifras oficiales de delitos: 3 mil 290 robos de vehículos; mil 16 robos de negocios; 763 robos a casa habitación y 997 robos a personas. No obstante, la realidad es que levantaron muchas más carpetas de investigación: 8 mil 596; 6 mil 480; 3 mil 950 y 9 mil 940, respectivamente.
En este caso el promedio de delitos que fueron reportados como oficiales osciló entre el 11% y el 39%.
En tanto, el documento señala que para el periodo comprendido del 6 de diciembre-fecha en que Enrique Alfaro tomó posesión como gobernador del estado-las cifras oficiales de delitos patrimoniales cometidos (o carpetas de investigación iniciadas) son: mil 720 robos de vehículos; mil 253 robos de negocios; 709 robos a casa habitación y mil 151 robos a personas.
Mientras que tan sólo en esos 25 días de gestión se cometieron 201 homicidios dolosos.
Ante la disparidad de cifras, el gobierno estatal aseguró que se pedirá al Sistema Nacional de Seguridad una auditoría completa a las estadísticas de todo el Sistema estado por estado. Y se detalló que Alfonso Durazo, secretario de Seguridad federal, ya está enterado de la situación.
Asimismo, la administración estatal informó que se interpondrás las denuncias correspondientes sobre quien o quienes resulten responsables por ingresar dolosamente información errónea al Sistema. Por este delito la Ley General del Sistema de Seguridad Pública establece penas que van de los dos a los 8 años de cárcel.
“Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las instituciones de seguridad pública, se impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente, además, la inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para desempeñarse como servidor público en cualquier orden de gobierno, y en su caso, la destitución”, detalla el artículo 139 de la citada Ley.
Desfile de fiscales con Aristóteles
Una de las áreas que resultó más itinerante durante el sexenio de Aristóteles Sandoval fue, precisamente, la Fiscalía General, toda vez que fueron cuatro los fiscales que ante ella desfilaron. Por una u otra razón, tres de ellos abandonaron el cargo, sin poder cumplir con los seis años que marcaría la gestión.
El 5 de junio de 2015 Sandoval anunció la renuncia del fiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, quien abandonó el cargo en medio de señalamientos que lo vinculaban con el crimen organizado. Durante los dos años que estuvo a cargo de la dependencia, fueron asesinados diversos servidores públicos de primer nivel, situación que lo encaminó al extranjero.
Fue el mismo Nájera Gutiérrez de Velasco quien, el pasado 21 de mayo de 2018 fue atacado a balazos por un numeroso grupo de sicarios cuando salía de un restaurante de Chapultepec, en Guadalajara. En ese entonces dirigía la Secretaría del Trabajo, apenas tres meses después de haber regresado a Jalisco.
Tras su abrupta salida, Nájera Gutiérrez de Velasco fue sustituido por Eduardo Almaguer, quien ocupó noviembre de 2017, fecha en que fue barajado como candidato del Partido Revolucionario Institucional para la presidencia municipal, misma que finalmente quedó en manos del emecista Ismael del Toro.
Al puesto llegó Raúl Sánchez Jiménez, quien tampoco puedo completar la gestión al frente de la Fiscalía General del Estado, pues fue destituido por el exgoberandor Sandoval-el 20 de septiembre de 2018-, quien lo hizo responsable por los tráileres del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que transitaron por la metrópoli de Jalisco con cientos de cadáveres en su interior.
Finalmente, Marisela Gómez Cobos fue nombrada como nueva fiscal general para reemplazar a Sánchez Jiménez en la gestión priista que concluyó el pasado 6 de diciembre.
Presentación de cifras reales y oficiales del gobierno de Jalisco:
