Felipe Cobián Rosales

Hace doce años -se cumplirán el 26 de enero de 2010-, que el gobernador Emilio González Márquez, anunció con bombo y platillo que su gobierno construiría “un nuevo Cancún, pero bien hecho”, en un área de mil 200 hectáreas en playas de Chalacatepec, de Costalegre, municipio de Tomatlán y que el proyecto se financiaría con 89 millones de dólares de los burócratas a través de Pensiones del Estado y 94 millones de dólares de la empresa Rasaland.

Año y medio después, en junio de 2011, ante las traba impuestas por a banca comercial para financiar la terminación de a Villa Panamericana, el mismo mandatario panista comprometió 900 millones de pesos del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), para sacar adelante lo que sería la sede de los competidores panamericanos. La inversión fue calificada de alto riesgo, y tan alto, que más de un decenio después, apenas si se van a poner en venta los departamentos de tan citada Villa. Y con sus asegunes.

En aquellos dos momentos escribimos en Proceso Jalisco sobre el peligro de invertir el dinero de los trabajadores del estado en proyectos como Chalacatepec y Villa Panamericana. Tanto en un caso como en el otro, lo dijimos, se trataba de rescatar un viejo propósito del gobernador Guillermo Cosío Vidaurri de hacer un gran desarrollo turístico con dinero no del gobierno, sino de los burócratas para invertirlo en acciones de renta variable y de elevado riesgo.

Este martes 11 de enero, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, anunció haber presentado el 21 de diciembre pasado una demanda judicial por desfalco de más de 2 mil millones de pesos del Ipejal, ante la Fiscalía Anticorrupción.

Por lo conocido hasta ahora, en la mencionada denuncia no se citan los dos casos arriba narrados, pero que sí son parte del mismo presunto desfalco, sino un préstamo que se hizo con capital del Ipejal a la ya para entonces quebrada empresa constructora española Abengoa (que también se advirtió en su momento en 2015) por a suma de 344 millones de pesos y un financiamiento o inversión igualmente irregular que realizó Ipejal a Transportación Marítima Mexicana (TMM), por un total de mil 626 millones de pesos durante los años 2011, 2012 y 2016, cuyos dos primeros años correspondieron a la administración de González Márquez y el último a Jorge Aristóteles Sandoval, que en paz descanse.

Ahora bien, el asunto no debe terminar sólo ahí, sino que se tienen que averiguar qué tantas transas más se hicieron con los terrenos comunales y ejidales de los pobladores de Campo Acosta y muy señaladamente del ejido José María Morelos a quienes, por una miseria que les daban por hectárea -un promedio de entre 100 mil y 200 mil pesos-, Rasaland y algunos políticos, pudieron haberse hecho de considerables bienes raíces de gran valor económico hoy día, en dichos lugares y otros de la llamada Costalegre, convertida en botín de unos cuantos.

Todo lo anterior sin contar que Chalacatepec y anexas, son lugares de reproducción y conservación de distintas especies de mar, en particular, de la tortuga marina, cuyos depredadores no serían ya únicamente los que tienen necesidad de sobrevivir, sino grandes acaudalados frutos de la corrupción.
Hay que hacer votos porque este anuncio del gobernador no sea, como en otras ocasiones, una llamarada de petate, sino el verdadero anhelo de hacer justicia y que cada cual de los culpables pague tal cual es el principio del derecho: dar a cada cual lo que tiene merecido. De otra forma, la credibilidad en las autoridades correspondientes se resquebrajará como jarro de barro… Y hasta que venga, ahora sí algún día, la auténtica justicia.

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