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Hacienda y la FGR deberían investigar a todos los magistrados

Hacienda y la FGR deberían investigar a todos los magistrados

Partidiario

Criterios

 

Creo que a muy pocas personas les habrá extrañado ─y a nadie molestado, salvo a sus cómplices corruptos y corruptores─ que a tres magistrados jaliscienses les hayan congelado sus cuentas bancarias la semana pasada, en el inicio de una investigación que podría llevarlos a un proceso judicial, al menos por posible evasión de impuestos.

Lo que sí extraña a muchos es que hasta ahora se haya actuado en contra de una parte del selecto grupo de integrantes del Poder Judicial. También sorprende que sean apenas tres los que pueden ser llamados a cuentas, cuando podrían ser, mínimamente, media docena de aplicadores de la justicia quienes debieran estar a las puertas de ser investigados sobre cómo es que imparten la justicia y a qué precio.

La información, que inicialmente se dio sin citar nombres, ocurrió el pasado miércoles 7 del mes en curso.

Fue horas después, o hasta el día siguiente, cuando ya muchos habrían especulado, atinando o no, de quiénes se trataba, que trascendieron los nombres de los investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Se trata de Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJJ) entre 2006 y 2012, y de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez.

Celso Rodríguez fue reelegido sólo una vez por dos años, pero luego, mediante argucias, extendió su mandato por siete años y actualmente está cumpliendo, amparado, 15 años como magistrado después de terminar su periodo como magistrado. Independientemente de eso, al dejar la gubernatura Jorge Aristóteles Sandoval lo hizo, indebidamente, notario público 34, fe que ostenta gracias también a un amparo luego de que Enrique Alfaro le revocara su nombramiento.

Se calcula que actualmente Rodríguez González ostenta una fortuna estimada en mucho más de 50 millones de pesos en cuentas bancarias, bienes raíces como casas y residencias de lujo, al igual que vehículos. Además, colecciona autos antiguos, entre ellos un Rolls Royce 1959 y un Mustang LX 1965.

El 22 de febrero de 2015, publicamos en la revista Proceso Jalisco (537) un amplio reportaje: “Un patrimonio dudoso”, firmado por Gloria Reza, en el que se daba cuenta de la fortuna del expresidente del STJJ cuya riqueza ascendía, moderadamente, a más de 23 millones de pesos y sus ingresos eran de un millón 559 mil pesos anuales, por lo que habría ahorrado apenas 17 millones 150 mil pesos; eso sin que hubiera gastado un solo peso en el tiempo que llevaba de magistrado, lapso en el que se ha dedicado a la compra de inmuebles en zonas de alta plusvalía, aunque minusvalorando los bienes ante las direcciones catastrales de los ayuntamientos metropolitanos (Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco, principalmente) a la hora de la compra para pagar menos impuestos.

Después de publicada esta información, en septiembre de 2015, el empresario Elías Saad y su abogado José Félix Torres presentaron una denuncia judicial contra el magistrado Celso Rodríguez por enriquecimiento ilícito. Su fortuna entonces la calcularon en 50 millones de pesos. Aún no hay resultados.

Los otros magistrados detectados por la UIF con cuentas bancarias que no corresponden a sus ingresos y que se sospecha que son fruto de negocios ilícitos y corrupción (sobornos), Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez, se han dedicado a proteger intereses de particulares que atentan contra la colectividad, como son los atentados contra la ecología y el desarrollo urbano dentro de la ley.

García Estrada, por ejemplo, lo mismo ha protegido a empresarios de servicio de pasaje urbano y mototaxis que ha permitido la construcción de grandes edificios de departamentos en áreas forestales que en zonas de recarga de agua, modificando a su antojo el uso del suelo. También ha favorecido a promotores la construcción de decenas de miles de viviendas en lugares inadecuados, sin los permisos municipales y sin importar vialidades y servicios como escuelas, comunicación, agua potable, etc.

Barba Gómez, por su lado, habría recibido dinero mal habido por permitir la instalaciones, por ejemplo, de cerca de una treintena de gasolineras en Guadalajara y Zapopan, en contra de los reglamentos municipales y otras disposiciones.

De acuerdo con información del diario El Informador, del día 8 de agosto avaló, mediante afirmativa ficta, 17 proyectos inmobiliarios irregulares y que el 53 por ciento de los trámites de edificios construidos en lugares inadecuados, y gasolineras, han pasado por sus manos.

En síntesis, de todo esto se desprende que para conceder o amparar tales permisos ha habido de por medio influyentismo y, sobre todo, han fluido grandes cantidades de recursos económicos ilegales.

Pero, como decíamos al inicio de esta columna, lo extraño es que no haya al menos otros tantos magistrados en vías de que se les congelen sus cuentas bancarias, pues si por algo Jalisco tiene un grado de impunidad que oscila entre el 96 por ciento y el 98 por ciento, es porque no pocos juzgadores, de magistrados hacia abajo, se han dedicado a traficar con la justicia como nunca antes había sucedido.

En la actualidad, en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco y en juzgados tanto de lo civil como de lo familiar y lo penal, si no hay dinero de por medio, que se llega a medir hasta en millones de pesos por asuntos de diferente medida o importancia, sencillamente no caminan, no se resuelven, y ejemplos hay muchos. El problema es que muchos de los afectados temen hablar.

Para la sociedad jalisciense y para todos aquellos que están sujetos a algún juicio, o pudieran estarlo en el futuro, muy saludable sería y, sobre todo daría mucha confianza, el hecho de que se investigara a todo el Poder Judicial del Estado, empezando por el Supremo Tribunal, el Consejo de la Judicatura y se siguiera con todos los jueces.

Cabe recordar aquí lo que escribí el 14 de mayo pasado sobre los 2 millones de pesos con que tuvo que sobornar el Arzobispado tapatío al presidente del STJJ, Ricardo Suro, para que dejara en libertad al responsable de Cáritas, el padre Francisco de Asís de la Rosa, a quien le dieron sabadazo por un “fraude” que no cometió.

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Acerca del autor

Felipe Cobián

Ex jefe de Información de Notisistema y Noticentro. Excorresponsal de Excelsior, La Jornada y Proceso. Fundador de Semanario Diez y Proceso Jalisco.

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