Sábado 8 de marzo de 2025.- El reciente descubrimiento de tres crematorios clandestinos en el rancho Izaguirre, en Jalisco, ha encendido nuevamente las alarmas sobre la crisis de desapariciones y violencia en el estado y el país.
Entre las cenizas y los escombros, objetos personales como ropa, mochilas, libretas, fotografías y cartas narran silenciosamente las historias de quienes fueron arrancados de sus hogares, dejando tras de sí una huella imborrable de dolor e incertidumbre.
Desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), se ha expresado una profunda solidaridad con las familias de las víctimas y con las madres buscadoras, cuyo incansable esfuerzo por localizar a sus seres queridos representa una lucha por la verdad y la dignidad.
“Estos sitios son testigos silenciados de graves violaciones a los derechos humanos y de una impunidad que persiste en el estado”, señala el organismo en un comunicado.
El hallazgo, que expone la magnitud del problema, también deja al descubierto fallas institucionales. Llama la atención la declaración del ex fiscal, quien admitió que en una inspección previa realizada en septiembre de 2024 no se revisó todo el rancho debido a su extensión.
Esta omisión ha sido calificada como inaceptable y ha reforzado las demandas de los colectivos de búsqueda para que las autoridades implementen estrategias más eficaces en la localización de personas desaparecidas.
Exigencias ante la impunidad
Ante este escenario, CLADEM ha exigido que las investigaciones se lleven a cabo con estricto apego a protocolos forenses y de procuración de justicia. Entre las medidas urgentes que plantean se encuentran:
- Inspecciones minuciosas de los sitios, asegurando la documentación detallada y la preservación de la escena para evitar la contaminación de pruebas
- Análisis forenses especializados, con la intervención de peritos en antropología y odontología forense para la recuperación e identificación de restos humanos
- Toma de muestras genéticas que permitan confrontar los hallazgos con bases de datos de personas desaparecidas
- Investigación exhaustiva de los objetos personales encontrados en los sitios, ya que podrían ser clave para la identificación de las víctimas
- Coordinación interinstitucional para garantizar una respuesta efectiva y multidisciplinaria a la crisis.
Las madres buscadoras, convertidas en la voz de quienes ya no pueden hablar, exigen respuestas y acciones concretas.
“No podemos permitir que la falta de diligencia o la negligencia institucional sigan retrasando o impidiendo el derecho de las familias a conocer la verdad”, enfatiza CLADEM.
El hallazgo de estos crematorios no solo es una evidencia del horror que atraviesa el país, sino también un recordatorio de que la impunidad no puede seguir siendo la norma.
Mientras las autoridades sigan sin actuar con la urgencia y la sensibilidad que este problema demanda, serán las familias quienes continúen, con sus propias manos y con su propio dolor, buscando la justicia que el Estado les ha negado.
