Guadalajara, Jalisco.- Tras el hallazgo de 119 bolsas con restos humanos en La Primavera, Zapopan, la Universidad de Guadalajara (UdeG), a través del Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en Materia de Desaparición de Personas, expresó su preocupación por “el grado que ha alcanzado la violencia criminal en México y en particular en Jalisco”, y los resultados de la estrategia de seguridad que ha seguido el gobierno local.

Mediante un pronunciamiento, la UdeG explicó que “el problema de la inseguridad y la violencia es mucho más grave de lo que se observa en los registros oficiales, lo que pone en entredicho la eficacia de las estrategias de seguridad seguidas hasta ahora, y en particular las acciones de prevención y combate a la desaparición forzada y a la cometida por particulares”.

Externó que el hallazgo antes referido no sólo es motivo de horror el número de víctimas, sino el estado en que se encontraron: “la saña, crueldad e inhumanidad ejercidas probablemente para asesinarlas y destruir sus cuerpos no se debe pasar por alto. La indiferencia ante estas atrocidades solo aumenta las probabilidades de que vuelvan a ocurrir”.

Coincidió la universidad con otros pronunciamientos en torno a que la identificación de los 119 bultos con restos humanos podría agudizar la crisis forense al interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), tal como ocurrió hace un año, cuando al menos 444 cadáveres fueron refrigerados en dos tráileres, mismos que transitaban por la metrópoli; esto ante las carencias de espacio y personal en el Ciencias Forenses.

Reprochó también la narrativa “de que se trata de ajustes de cuentas entre bandas de criminales solo agrava el problema”, pues representa “un reconocimiento tácito de la incapacidad del Estado para disuadir en el uso de la violencia, para frenar la impunidad y garantizar la seguridad ciudadana”.

En este sentido, la UdeG reprobó “la criminalización” de las víctimas realizada por el responsable Macedonio Tamez, jefe del gabinete de Seguridad estatal, quien refirió posibles ajustes de cuentas del crimen organizado tras el hallazgo, “carente de fundamento, insensible e incongruente con el cargo que ostenta”.

“La violencia criminal se alimenta del silencio y la complicidad. Indigna que no se hayan pronunciado ante el hallazgo las autoridades y representantes populares. Es común que lugares de exterminio y fosas clandestinas sean conocidos con anterioridad a su descubrimiento. En este caso, se debe dar a conocer con toda claridad el proceso por el cual la autoridad tomó conocimiento del hecho y establecer si hubo denuncias ciudadanas previas que fueron ignoradas”, abundó.

Y remató: “Muchas de las víctimas recuperadas de la fosa podrían tener denuncia de desaparecidas. Esto configura un tipo de delito que requiere una atención especializada”.

Por los puntos expuestos, la máxima casa de estudios de Guadalajara, hizo cinco llamamientos a las autoridades estatales:

1. Que se realice una actuación judicial expedita y acorde a la magnitud de los hallazgos. Los responsables deben ser pronto identificados, detenidos y sometidos a proceso. Se requiere una reacción ejemplar y contundente de la autoridad.
2. Que se implementen medidas extraordinarias, especiales y multidisciplinarias de identificación forense, en la que intervengan organismos internacionales ante esta emergencia y para todos los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, investigación, atención a víctimas e identificación forense.
3. Que se propicie la coordinación eficaz entre los organismos públicos en la materia: Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas, así como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
4. Que para las acciones relacionadas con la identificación de cuerpos de personas fallecidas se establezcan plazos y los mecanismos adecuados que garanticen el trato digno, la debida atención, el derecho a la información, transparencia, participación y rendición de cuentas a familiares de personas desaparecidas y la sociedad en su conjunto.
5. Que se haga pública la información sobre las características de los cuerpos recuperados de las fosas clandestinas, pues la experiencia nos dice que ha sido muy importante para el reconocimiento e identificación de personas.

No obstante, hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la estrategia que seguirán para reconocer los cadáveres o si, efectivamente, existen carencias en el IJCF.