Lunes 16 de febrero.- Los hijos de presuntos capos mexicanos asistieron a una escuela de alto nivel académico y deportivo en Florida, según un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que además sancionó a la institución con una multa de 1.7 millones de dólares por aparentes violaciones a las sanciones antinarcóticos.
El documento, titulado “IMG Academy, LLC llega a un acuerdo con la OFAC por 1.7 millones de dólares en relación con aparentes violaciones de las sanciones antinarcóticos”, detalla que la academia realizó transacciones durante cinco años consecutivos con dos individuos sancionados —identificados como SDN 1 y SDN 2— debido a sus vínculos financieros con un cártel de drogas con sede en México.
IMG Academy, ubicada en Bradenton, opera como un internado que ofrece formación académica y deportiva de élite. De acuerdo con el informe, entre 2018 y 2022 la institución firmó contratos anuales de matrícula con ambos individuos, quienes estaban designados bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico por brindar apoyo financiero y servicios a una organización criminal mexicana o a su principal líder.
El Tesoro estadounidense precisó que la academia recibió y procesó pagos de matrícula y otros cargos relacionados durante toda su relación con los sancionados. Dichos acuerdos permitieron la inscripción y permanencia de los dos hijos de los señalados, ambos registrados como estudiantes-atletas.
En el caso del primer alumno, el costo alcanzó hasta 98 mil 867 dólares por un año académico completo. La institución y el SDN 1 renovaron el contrato de manera anual durante cinco ciclos escolares, hasta la graduación del estudiante en la primavera de 2023. Los pagos variaron desde 47 mil 026 dólares por medio semestre hasta la cifra máxima anual.
Para el segundo estudiante, las obligaciones económicas oscilaron entre 100 mil 549 y 102 mil 235 dólares por cada año académico. Los contratos establecían que los padres serían responsables incondicionales de cubrir la cuenta total de sus hijos, incluyendo matrícula, alojamiento y gastos adicionales generados durante su estancia.
El caso subraya los controles que deben mantener las instituciones educativas frente a las sanciones internacionales, particularmente cuando se trata de recursos vinculados con el narcotráfico.
