Hurgar con catalejos
Amado Aurelio Pérez
SE PRESENTÓ CACICAZGOS, NEGOCIOS, Y CUOTAS DE PODER, libro coordinado por Enrique Cuevas, Bernardo Jaén y Román Munguía Huato.
En la exposición de motivos de la iniciativa que publicó en el Diario Oficial de la Federación, ( Ley General de Educación Superior) (LGES) se buscó “garantizar una cobertura universal en educación… desde el nivel inicial hasta el tipo superior”, (licenciaturas) se dice que se reconoce “… a las maestras y maestros como agentes de transformación social y se establecieron mecanismos para dignificar y respetar su labor”. En dicho apartado se afirma, también, que la iniciativa fue una “construcción colectiva”, pues según, en ella se incluyeron las propuestas y experiencias de especialistas, profesionistas, académicos, investigadores, autoridades universitarias y educativas, así como del público en general, las cuales supuestamente fueron recabadas a través de seis foros regionales de consulta sobre legislación secundaria en materia educativa, llevados a cabo entre el 27 de junio y el 11 de julio de 2019.
Quedó plasmado en la LGES la voluntad de los rectores y las cúpulas burocráticas universitarias, quienes tuvieron oportunidad de efectuar audiencias previas tanto con autoridades de la Secretaría de Educación Pública como con el entonces presidente de la Comisión de Educación del Senado, el morenista Rubén Rocha Moya, quien actualmente es jefe del gobierno de Sinaloa.
El artículo 2 de la Ley en cuestión, establece que: “Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada de los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía y deberá contar con una respuesta explícita de su órgano de gobierno colegiado” Dado el férreo control que a nivel fáctico tienen caciques universitarios y sus grupos políticos sobre las universidades y los métodos violentos que aplican contra toda oposición política, en los hechos esta Ley establece, prácticamente, que se les vaya a preguntar a los cacicazgos universitarios si aceptan de buena gana que se reformen las leyes orgánicas universitarias al amparo de las cuales han logrado enquistarse en puestos directivos, en algunos casos durante décadas.
Compuesto por nueve artículos, cuyo esfuerzo es contribuir a la construcción de una historia crítica de la Universidad de Guadalajara, el taller editorial La casa del Mago se cuestiona sobre los grupos de poder local, que operan bajo formas semimafiosas.
“Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, a partir de la disponibilidad presupuestaria derivada del financiamiento previsto en esta ley, propondrán mecanismos para la transición gradual hacia la gratuidad de los servicios educativos…”. Dicho reclamo social, presente en todas las universidades públicas del país, desde 1980, vuelve a la palestra, ahora, cuestionando no sólo la gratuidad de dicha conquista social; también pone en duda la democracia imperante en las mismas instituciones de educación superior.
Poderes fácticos en las universidades públicas se refieren a la influencia no institucionalizada de ciertos grupos o actores que pueden afectar las decisiones y el funcionamiento de estas instituciones. Estos poderes fácticos pueden incluir a líderes estudiantiles influyentes, grupos de académicos con poder, sindicatos universitarios, o incluso actores externos como partidos políticos o grupos empresariales que tienen intereses en la universidad.
Más allá de las diferencias observadas respecto a los intereses periodísticos, académicos o políticos con que los autores se aproximan al tema, y más allá del énfasis fijado al designar a determinadas instituciones en su condición de poderes fácticos, es posible apreciar que la problemática en cuestión se encuentra indisolublemente vinculada con el tema de la democracia, específicamente con aspectos relacionados con su viabilidad y gobernabilidad.
En su definición mínima de democracia, Bobbio (1986) señala entre sus indicadores básicos la existencia del sufragio universal, la aplicación de la regla de la mayoría y la posibilidad de seleccionar entre diversas alternativas. A su vez, a estos elementos agrega una serie de requisitos, condición sine qua non para que dicho sistema pueda reputarse como democrático: “.
Los ciudadanos son individuos con derechos. Éstos incluyen el derecho de participar en los procesos que conducen al acceso a roles, directivos, y consejos de toma de decisiones, y por lo menos un conjunto mínimo de derechos civiles (especialmente de libre expresión, asociación, acceso a la información, y circulación) sin los cuales tal participación sería ficticia.
En la librería del Fondo de Cultura Económica en Guadalajara, Jalisco, se presentó el libro colectivo Universidad de Guadalajara: cacicazgos, negocios y cuotas de poder, publicado por el “Taller Editorial La Casa del Mago”, el pasado 4 julio de 2025.
Los presentadores de este libro coincidieron en que el cacicazgo universitario en Jalisco no es reciente. Sus raíces se remontan a los años 50 (Carlos Ramírez Ladewig y la FEG), continuaron con su hermano Álvaro y alcanzaron su auge con Raúl Padilla, quien modernizó estas estructuras bajo el discurso del neoliberalismo.
