Imposición de teleféricos en Morelia y Uruapan del gobierno morenista: ni paros, ni amparos, ni protestas los frenaron; concesiones al empresario Konstantinos Panagiotou
Morelia, Michoacán.- Los michoacanos enfrentaron los embates del gobierno morenista de Alfredo Ramírez Bedolla, que a toda costa —y costara lo que costara— impuso la construcción de dos teleféricos: uno en la capital del estado y otro en Uruapan. Ni marchas, ni paros, ni amparos, ni siquiera la muerte de uno de los abogados defensores; tampoco las descalificaciones del entonces diputado de Morena, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, lograron frenar las obras.
Y por si fuera poco, ambas construcciones fueron concesionadas al empresario Konstantinos Panagiotou, sin que se conozca si hubo otras empresas en concurso, ya que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM) nunca dio a conocer el número de licitación, pese a solicitudes reiteradas.
La propaganda oficial se desplegó con insistencia: avances, colocación de torres, fechas de inauguración, gratuidad para adultos mayores, tarjetas para estudiantes y promesas de modernidad. Todo acompañado de la presencia constante del gobernador Ramírez Bedolla y de la titular de la SEDUM, Gladys Butanda Macías, promovida incluso como posible precandidata al gobierno estatal.
Sin embargo, la población se opuso. Vecinos denunciaron afectaciones a sus propiedades y realizaron plantones y paros. En Uruapan se registraron intervenciones policiales para desalojar manifestantes, con reportes de confrontaciones y uso de la fuerza en distintas etapas del conflicto.
Puntos clave de los enfrentamientos
Desalojo a vecinos: Elementos de la Guardia Civil y policía municipal desalojaron a habitantes de fraccionamientos aledaños que protestaban por trabajos nocturnos, con reportes de agresiones a manifestantes en febrero de 2025.
Enfrentamientos en obras: En noviembre de 2025 hubo choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad en el bulevar industrial, tras actos de vandalismo en estaciones del teleférico.
Transportistas: Grupos que intentaron protestar en el centro histórico fueron replegados por la policía.
Amparos, conflictos legales y violencia
La construcción del teleférico de Uruapan enfrentó múltiples amparos y suspensiones promovidos por ciudadanos.
— En noviembre de 2024 se promovieron recursos contra la instalación de torres.
— En marzo de 2025, la Fiscalía General de la República investigó la posible violación de una suspensión judicial.
— El abogado Isidro Ramos, defensor de vecinos opositores, fue asesinado en 2025, generando temor entre inconformes.
Pese a ello, en 2025 el Juzgado Quinto de Distrito resolvió la improcedencia de varios amparos, permitiendo la continuidad de la obra bajo el argumento de que no afectaba predios ni servicios.
Para 2026, el gobierno estatal mantiene que el teleférico entrará en operación el 18 de abril, presentándolo como un sistema de transporte moderno, pese a los conflictos y cuestionamientos.
Licitación y empresas: Doppelmayr y Grupo INDI
El proyecto fue adjudicado en 2023 al consorcio conformado por Doppelmayr México y Grupo INDI, con una inversión de 3,200 millones de pesos.
El plan contempla estaciones, cabinas y recorridos que buscan conectar puntos estratégicos, replicando el modelo del Cablebús de la Ciudad de México.
El nexo empresarial
Konstantinos Panagiotou, CEO de Doppelmayr México, ha participado en proyectos clave de transporte por cable en gobiernos de Morena, como el Cablebús en la Ciudad de México durante las administraciones de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada.
Su empresa ha mantenido colaboración con distintos gobiernos estatales y locales, posicionándose como proveedor principal en proyectos de movilidad.
Señalamientos políticos y electorales
El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia, acusó al gobierno estatal de impulsar campañas adelantadas mediante la promoción de funcionarios como Gladys Butanda, Gabriela Molina y Fabiola Alanís.
En ese contexto, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dictó medidas cautelares contra el gobernador Ramírez Bedolla por posibles actos anticipados de campaña rumbo a 2027, ordenándole abstenerse de emitir mensajes con contenido electoral.
El mandatario calificó la medida como “censura” y anunció su impugnación.
