Cinco organizaciones civiles impugnarán el decreto que publicó ayer el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez para proteger 980 hectáreas que conforma la zona de fragilidad ambiental El Bajío, puesto que lo único que se busca con esa medida, es que actos de corrupción cometidas por anteriores administraciones queden impunes, y no proteger al bosque de la Primavera, afirman.
Anoche, mediante un video, Enrique Alfaro informó que con el decreto “Zona de Recuperación Ambiental El Bajío” se prohibirá la construcción de más vivienda en esa zona.
“El Bajío se va a conservar como lo que es: una zona estratégica en materia medio ambiental. Nunca más podemos permitir que ningún gobernante irresponsable o corrupto permita que los intereses privados sometan y lastimen al capital ambiental de Guadalajara”, dijo en su video Alfaro Ramírez.
Sin embargo, el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas calificó la medida como un “decreto de impunidad”, puesto que el mandatario estatal “reconoce que hubo corrupción en el otorgamiento de las licencias, él lo reconoce, dice que él no las dio, pero sí está dando el permiso para que las habiten, sí está generando un acto de impunidad, de corrupción, al no continuar y no exigir el cumplimiento de la ley y la norma, y un acto de premiar a los constructores”.
La Villa Panamericana se adjudicará a Green Life Capital por 1,500 millones de pesos, mientras que la empresa venderá a 41 mil pesos el metro cuadrado, con ello obtendrían una ganancia de más de 5 mil 100 millones de pesos, apuntó Alejandro Cárdenas.
“La intención (del decreto) es proteger este gran negocio de los constructores”, insistió.
Mencionó Alejandro Cárdenas que el decreto carece de validez puesto que no se hizo una consulta ciudadana. “No tiene sustento jurídico, es un decreto que está dolido, está fallo el parte técnica, jurídica y social”, aseveró.
En los periodos de los panistas, el gobernador, Emilio González Márquez y del alcalde de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, se emitieron licencias de edificación, dictámenes de trazo, usos y destinos, y una licencia de habitabilidad, ésta de carácter temporal cuando se efectuaron los Juegos Panamericanos.
Los nueve actos administrativos emitidos por las autoridades fueron impugnados en los juicios 67/2011 y 82/2011, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) emitió medidas cautelares que aún continúan vigentes, no han caducado como aseveró el gobernador, sostiene el activista.
Alejandro Cárdenas también recalcó que de las 16 hectáreas que ocupa la Villa Panamericana, tres de ellas están dentro del Bosque de La Primavera.
Por su parte, Jorge Fernández Acosta, del Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Jalisco mencionó que Enrique Alfaro reconoce en su video “que se cometió un crimen urbanístico”, ahora busca solaparlo. Pide que se aplique la ley contra los “irresponsables que autorizaron ese fallido proyecto” y que se demuela o desmantele la Villa Panamericana.
Estima que 1500 millones de pesos, que pagará el constructor en abonos es una “cantidad de risa” y “de burla para la sociedad y el ambiente”, cuando lo único que se debe hacer es “garantizar la sustentabilidad de las generaciones actuales y futuras”.
Arturo Gleason del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua advierte que al permitir la urbanización de El Bajío, se pone en riesgo la disponibilidad de agua y se provocarían inundaciones en la ciudad.
“El decreto es una carta de buenas intenciones, no hay fundamento técnico, es una lista de cosas que se quieren hacer, pero no hay estudios”, señaló.
En tanto, el abogado Carlos Aldana desmintió al gobernador quien dijo que caducó el juicio 67/2011 y su acumulado 82/2011. Precisó el litigante que el mandatario omitió decir que el juicio se acumuló al de la V Sala del TJA.
Recordó que cuando se enteraron de la venta de la Villa Panamericana se presentó un incidente de desacato, y la Sexta Sala del TJA lo admitió. “Si fueran juicios concluidos como fue anunciado en el video, evidentemente ni nos admitirían”, mencionó el abogado.
Salvador Cosío, de Conciencia Cívica reiteró que los juicios que impiden la venta del complejo habitacional siguen vigentes, por lo que el contrato de compra-venta firmado carece de validez.
En un plazo no mayor de 30 días, las organizaciones impugnarán el decreto.
