GUADALAJARA, Jal.- Datos de 2010 a 2016 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revelan que Jalisco ocupó el segundo lugar nacional en materia de desplazamientos y desapariciones forzadas.  

Alejandro Anaya Muñoz, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Iteso recalcó que en 2016 se desplazaron 31 mil 810 hogares en el estado de Jalisco, pero sólo se abrieron 74 investigaciones y se obtuvieron 3.36 sentencias por cada 100 homicidios registrados.  

“Si se hubieran abierto las 100 investigaciones habría 4 mil 696 hogares desplazados menos, y si cada una de ellas hubiera obtenido una sentencia, 14 mil 796 hogares menos se habrían desplazado. Es decir, tendríamos 46% menos hogares desplazados en el estado”, dijo el también coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del Iteso.  

Considera que ante panorama queda implícita una relación entre la impunidad y el incremento de los delitos. “En aquellas entidades donde hay un mayor índice de impunidad, existen más hogares con víctimas de desaparición”, mencionó el profesor.  

Recordó que actualmente el índice de impunidad en las entidades mexicanas oscila entre 92 y 98 por ciento, lo cual impacta en la realidad de millones de mexicanos.  

Durante el foro “Violencia social e impunidad”, organizado por el Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social (Cifovis) del ITESO, Anaya Muñoz apuntó que “desde muchas perspectivas, no hay mejor prevención que un aparato de justicia que funcione y que sancione. A menor impunidad, tendríamos menos crímenes o violaciones a los derechos humanos en determinada proporción”.  

Por su parte, Mariana Espeleta Olivera, profesora del Cifovis, refirió que la falta de datos confiables es parte del problema por el cual las estrategias de prevención no funcionan, aunado a factores sociales, culturales y normativos. 

La investigadora urgió a crear una agenda en común que incida en disminuir los índices delictivos y de impunidad, en especial porque el crimen organizado está sustituyendo al estado en determinadas regiones.