Guadalajara, Jalisco.- La reciente publicación del acuerdo emitido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual establece nuevas reglas restrictivas para la contratación de la Modalidad 40 a partir del 22 de octubre, ha encendido las alarmas entre especialistas en seguridad social, abogados y derechohabientes.
Para Partidero, Susana García Soto, presidenta de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, Colegio de Jalisco, A.C., dijo que esta disposición administrativa genera profundos cuestionamientos sobre el respeto a los derechos adquiridos y la progresividad de las pensiones.
Entre los cambios anunciados por el instituto destacan la eliminación de la opción de cotizar hasta con 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para las nuevas contrataciones, limitando el tope salarial al último registro que tuviera el trabajador más una UMA, así como la supresión de los pagos retroactivos.
Aunque el fondo de la problemática recae en la presión financiera que ejercen las pensiones bajo la Ley del 73 sobre las finanzas del IMSS, un sistema que pondera el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, las restricciones repentinas amenazan con truncar las expectativas de retiro de miles de personas.
“Esta situación ha provocado incertidumbre y grandes sesgos sobre la Modalidad 40; el tema de fondo es la presión financiera que genera el pago de pensiones bajo la Ley del 73”.
La especialista advierte que, si bien la medida se plantea como una disposición de carácter temporal para contener el gasto institucional, su alcance vulnera de manera directa a quienes buscaban planear una mejor calidad de vida para su vejez.
“El alcance de esta disposición es relevante, pues afecta derechos de personas que quieren planear una mejor pensión, afectando con ello también el principio de progresividad”.
Desafíos
Para la también académica de La Universidad de Guadalajara (U de G) y la Universidad Panamericana (UP), la solución no debe recaer en acuerdos unilaterales.
“Ello trae implícito que deba de realizarse un mayor análisis tanto económico como jurídico frente a los artículos 218 al 221 de la Ley del Seguro Social y 64 del reglamento respectivo, que actualmente establecen condiciones más benéficas de contratación de la modalidad 40”.
Enfatiza que, aunque se han detectado irregularidades y simulaciones laborales en el pasado, esto no demerita el propósito legítimo de miles de trabajadores que buscan acceder a retiros dignos mediante un esquema contemplado por la ley.
“Tampoco podemos hablar que exista fraude, aunque sí en muchas ocasiones se dieron conductas irregulares, sobre todo relacionadas con la simulación laboral”
Recomendaciones
Ante este panorama de incertidumbre, la recomendación desde la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social apunta a la prudencia institucional y al respeto irrestricto de los derechos de los trabajadores en curso de pensión.
“Debemos esperar a que el Consejo Técnico rectifique su disposición, esperando los plazos que se fijó para realizar los estudios financieros requeridos y presentar las modificaciones que resulten más adecuadas a la modalidad 40”.
El objetivo primordial, concluye la especialista, debe ser dotar de auténtica certeza jurídica y financiera a un esquema que históricamente ha representado una alternativa fundamental para que los trabajadores enfrenten su retiro en mejores condiciones económicas y de salud.
