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Ingresan a Mario Marín a prisión en Cancún

Ingresan a Mario Marín a prisión en Cancún

Cancún, Quintana Roo.- Tras haber sido capturado por elementos de la Fiscalía General de la República en Acapulco, Guerrero, Mario Marín, exgobernador de Puebla acusa de tortura en el caso de la periodista Lydia Cacho, fue ingresado al Centro de Readaptación Social, en Cancún, Quintana Roo, donde una juez lo requería.

Marín, conocido como el Gober Precioso ─apodo que surgió durante una llamada entre él y Kamel Nacif Borge, en la que se reveló el actuar para amedrentar a Cacho tras la publicación del libro Los Demonios del Edén─, estuvo prófugo durante casi dos años, luego de que en 2019 se liberara una orden de aprehensión en su contra.

El exmandatario estatal ingresó a las 12:53 horas (de Quintana Roo) al Cereso, a bordo de una camioneta Suburban blanca, escoltado por agentes de la FGR en su interior, así como una comitiva de otras cuatro camionetas.

De acuerdo con Aracely Andrade, abogada de Cacho, en las próximas horas Marín Torres será presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito, que habrá de resolver si se le dicta o no el auto de formal prisión por el citado delito, que no permite libertad bajo caución.

La periodista es también víctima de desplazamiento forzado desde julio de 2019, cuando un par de sujetos allanó su casa, asesinó a sus dos perras, revolvió sus pertenencias y robó material de trabajo “altamente sensible”, acción que fue interpretada por sus asesores en seguridad, como un claro mensaje sobre el nivel de riesgo que corría la activista.

La irrupción en su domicilio ocurrió luego de que el 11 de abril de ese mismo año, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, radicado en Cancún, librara órdenes de aprehensión en contra de Marín, Nacif y Adolfo Karam, exdirector de la Policía Judicial de Puebla.

De acuerdo con la propia FGR, Nacif ha sido ubicado en Libia, pero la falta de tratados con dicho territorio ha ralentizado una posible extradición.

La acusación en contra del Gober Precioso se desprende de una resolución histórica del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que en agosto de 2018 reconoció que el gobierno mexicano violentó los derechos humanos de Lydia Cacho.

En dicha resolución, se exigió al gobierno federal, además de la reparación del daño a la escritora, procesar a los responsables por la tortura.

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