Interponen amparo por detenciones de manifestantes del agua en Jalisco; señalan al gobernador

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Josefina Real

12 de octubre de 2026.— El abogado Martín Márquez Carpio, en representación de un grupo independiente de juristas, informó que se interpuso una demanda de amparo ante la justicia federal para exigir la liberación inmediata y la protección de los derechos humanos de las personas detenidas ayer durante las manifestaciones pacíficas relacionadas con la problemática del agua.

La demanda de amparo fue presentada ante el juzgado de distrito en turno, ante presuntas violaciones graves a las garantías constitucionales de los manifestantes.

En entrevista exclusiva para Partidero, informó que entre las presuntas violaciones señaladas destacan la privación ilegal de la libertad sin que se hayan cometido delitos o faltas administrativas, las agresiones físicas, el uso excesivo de la fuerza y la incomunicación de los detenidos en las instalaciones de Casa Jalisco.

“Esta demanda es un amparo constitucional por violación a los derechos humanos, al derecho a la manifestación pacífica y por detenciones arbitrarias sin haber cometido delito alguno”, expresó el litigante.

Agregó que cuentan con evidencia fotográfica y en video que muestra a personas siendo golpeadas, arrastradas y esposadas en el piso.

Fue el gobernador

Márquez Carpio afirmó categóricamente que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, tuvo que haber dado la orden de reprimir a los manifestantes, al ser la máxima autoridad de la entidad y el titular del Ejecutivo estatal, cuya residencia oficial es Casa Jalisco, lugar donde ocurrieron los hechos.

—¿Y si el día de mañana sale el gobernador afirmando que él no dio la orden de reprimir?, se le preguntó.

—Entonces, que renuncie.

Afirmó que Lemus Navarro no puede deslindarse de su responsabilidad atribuyendo los actos a mandos inferiores o subordinados, pues, según sostuvo, las corporaciones que actuaron responden a sus órdenes directas.

Otros amparos colectivos

El equipo legal interpuso un amparo en el que se estima incluir a unas 13 personas. Sin embargo, no será el único. Márquez Carpio dijo tener conocimiento de que otras organizaciones y abogados también trabajan en otros amparos colectivos que abarcarían a cerca de 59 manifestantes.

El número podría variar, pues durante la entrevista, realizada la noche de ayer, aclaró que todavía había brigadas de familiares y litigantes afuera de la Fiscalía del Estado para corroborar la lista definitiva de personas puestas a disposición del Ministerio Público.

Dijo que hay videos que muestran la presencia de infiltrados en la llamada Mega Marcha por el Agua Limpia, quienes habrían realizado destrozos, sin que ninguno de ellos fuera detenido. “Se nota perfectamente quiénes eran los manifestantes y quiénes fueron los provocadores”, afirmó.

Lo ocurrido ayer afuera de Casa Jalisco, señaló, son “hechos parecidos” a los acontecidos el 5 de junio de 2020, durante la administración del entonces gobernador Enrique Alfaro Ramírez. En aquella ocasión, jóvenes fueron levantados y secuestrados por elementos de la Fiscalía por protestar y exigir justicia por el asesinato de Giovanni López, a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, luego de que presuntamente no portara cubrebocas durante la pandemia de COVID-19.

“Son hechos parecidos, (Alfaro y Lemus) vienen de la misma escuela: reprimir para que no se manifiesten”, expresó.

Los bomberos

Márquez Carpio criticó severamente el despliegue operativo utilizado para reprimir la manifestación y señaló, en particular, la participación de elementos del cuerpo de bomberos de Guadalajara.

“Es una ironía y un colmo que a la ciudadanía que exige agua limpia se le reprima utilizando agua limpia mediante pipas de bomberos, cuya función es salvaguardar a la población y no sofocar protestas sociales”, enfatizó.

Finalmente, el jurista aclaró que su actuación responde a un compromiso ciudadano y solidario con las causas sociales legítimas. Asimismo, aseguró que coordinarán esfuerzos con otros grupos defensores de derechos humanos para evitar que las autoridades fabriquen pruebas o prolonguen indebidamente las detenciones.

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