Guadalajara, Jalisco.-La viuda de un hombre que fue asesinado por un policía estatal, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano y del presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (SSTJA), José Ramón Jiménez Gutiérrez por violar la Ley de Amparo.
En la querella FED/JAL/ZAP/0001071/2021, que se presentó el pasado 19 de marzo de 2021, la viuda subrayó que los señalados pretenden obtener una ventaja procesal en una demanda al omitir que ella y sus hijos son terceros interesados en un amparo indirecto que presentaron las direcciones jurídicas, de la SSP y de la Fiscalía estatal, para no indemnizar con más de 12.3 millones de pesos a su familia.
Previamente, la viuda María Jimena Plascencia Villanueva y en representación de sus tres hijos menores de edad, presentó una demanda por responsabilidad patrimonial ─expediente 52/2018─, luego que un juez resolvió que su esposo, el taxista Gabriel Josué Casillas Gaspar fue asesinado en julio de 2015, por un policía estatal en complicidad con un exelemento.
La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (SSTJA) resolvió el 11 de noviembre de 2019 que la autoridad debía reparar el daño debido a que el policía estatal a pesar de estar en su día franco, portaba su arma de cargo.
Sin embargo, en noviembre de 2020, las direcciones jurídicas de dichas dependencias solicitaron un amparo indirecto ─1308/2020─ contra la sentencia condenatoria y omitieron informar que como terceros interesados había tres menores de edad, por eso se les concedió la suspensión definitiva.
“Lo anterior, permitió obstruir un proceso de ejecución y evitó el pago de una indemnización por parte de la autoridad quejosa hasta el día de hoy”, subrayó la afectada en la denuncia que presentó en la FGR.
Detalló la quejosa que el presidente del SSTJA al elaborar su informe no mencionó “que del juicio de origen, se encuentra mi persona y a mis hijos como tercero interesado”.
En caso de ser hallados culpables, se les impondría una pena de tres a nueve años de prisión, y serían destituidos e inhabilitados.
El director general jurídico de la SSP, Luis Roberto Dávila Sánchez se negó a pagar la indemnización debido a que cuando se ventiló el juicio de responsabilidad la dependencia no existía, pues surgió en diciembre de 2018 cuando se le separó de la Fiscalía General del Estado (FGE).
También en el juicio de amparo que se radicó en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo del Tercer Distrito, el director jurídico mencionó que corresponde a la Fiscalía del Estado cumplir con la sentencia, ya que el policía homicida asignado a la Fuerza Única Regional (FUR) que pertenecía a la extinta FGE.
En tanto, el entonces director general de la Coordinación Jurídica y Control Interno del FGE, Salvador López Jiménez, se desligó del pago al argumentar que le corresponde a la SSP dar cumplimiento al fallo.
El asesinato
El 15 de julio de 2019, el policía estatal Luis Miguel Rentería Cortés ─quien a pesar de estar en su día franco portaba su arma de cargo─ en compañía de su excompañero de la misma corporación, Javier Carretero Zaragoza, alias El Cuco, pidieron al taxista los llevara rumbo a Chapala.
En el trayecto hicieron varias escalas, la última en la delegación El Rodeo, en Ixtlahuacán de los Membrillos. Ahí, Gabriel y Rentería tuvieron discrepancias sobre el costo del viaje. Entonces el entonces policía de la FUR, pidió al taxista llevarlo rumbo a una brecha.
Al estar ahí, el policía intentó bajarse del taxi, pero Gabriel lo detuvo para que no se fuera sin pagar. En respuesta, Rentería le disparó en dos ocasiones. En complicidad con Carretero ─quien se quedó con el celular del occiso─ arrojaron el cadáver a la orilla del río Santiago y dejaron abandonado el vehículo.
Días después, Rentería regresó por el taxi para pintarlo del color de su auto que era de la misma marca, y hasta le puso las placas. En noviembre de 2015, la Fiscalía informó a Jimena que su esposo había sido asesinado y que habían detenido a los culpables de homicidio calificado y robo calificado. denuncia
Rentería fue sentenciado ─juicio penal 311/2015-B─ a cumplir una condena de 50 años de prisión, y El Cuco estará 30 años, y se acordó que debía pagar de forma mancomunada y solidaria 350 mil pesos por concepto de indemnización a favor de la familia de Casillas.
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