Guadalajara, Jalisco.-La Fiscalía Anticorrupción investiga al actual director de la Unidad de Investigación Contra Extorsiones, Abraham N., por el extravío de la carpeta de investigación que contiene la denuncia por la venta de plazas durante el periodo del exsecretario de Educación Jalisco, Francisco Ayón.  

La carpeta de investigación extraviada es la número 94110/2017, abierta el 13 de septiembre de 2017 por el entonces titular de agencia del ministerio público número 4, Abraham N.,, quien escaló a director.    

El expediente contenía 21 hojas tamaño carta de preformatos de movimientos, así como 40 mil pesos. A la fecha, la carpeta fue repuesta, pero el dinero nunca apareció.  

Hasta el momento, cuatro personas han rendido declaración que contradicen la versión de Abraham N. sobre lo sucedido. Uno de ellos, quien labora en la agencia del ministerio público, mencionó que la carpeta de investigación “era un asunto de relevancia, ya que al parecer se trataba sobre venta de plazas en la Secretaría de Educación Pública, en donde se cuidó que no quedara en registros el nombre del entonces titular de la Secretaría de Educación, de apellido Ayón”. 

Prosigue: “Haciendo la aclaración posteriormente que se refería a que por esta razón no figurara su nombre como ofendido, ya que él era el titular de dicha secretaría y por esta razón nunca ingresó físicamente, ni se trabajó en la agencia de extorsiones; en cambio, se guardaba en los archiveros que se encuentran en la Dirección de esta Unidad de Investigación (…).

Tal vez esta fue la razón por la que yo una vez que recibí dicha carpeta de investigación, ya no volví a saber de ella, ni tener contacto con la misma”. 

Al enterarse que se abrió una investigación en su contra, el director de Extorsiones advirtió al personal de su área que si declaraban en su contra tendrían consecuencias. Al menos dos personas ya fueron cambiadas de adscripción, según se desprende de las declaraciones que están dentro de la carpeta de investigación 116/2019 que fue abierta por la Fiscalía Anticorrupción. 

El director no solo amedrentó a su propio personal, sino que también lo hizo con funcionarios que laboran dentro la Fiscalía Anticorrupción. Al agente del ministerio público que lleva su asunto le advirtió que presentaría una querella por abuso de autoridad y daño moral, así como en las instancias de Derechos Humanos, según consta en su declaración. 

El pasado 8 de febrero, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores, informó que presentó una denuncia penal contra una célula delictiva que operaba al interior de su dependencia, la cual se dedicaba a vender plazas de docentes y del personal administrativo.  

Ese mismo día, el subsecretario de Administración, Gerardo Rodríguez Jiménez, abundó en que un empleado de la extinta Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas denunció que su computadora fue utilizada, sin su consentimiento, para ingresar a 17 personas en la nómina educativa, al negarse fue amenazado de muerte, e intentaron sobornarlo. Sin embargo, en la Fiscalía no se encontró el antecedente, dijo.  

En la investigación que lleva la Fiscalía Anticorrupción se menciona que el 6 de febrero pasado, el director de la Unidad de Extorsiones pidió la búsqueda de la carpeta de investigación 94110/2017, al encargado de la agencia del ministerio público 4, pero no la encontró en sus archivos, ni en el sistema de cómputo. Solo quedó la anotación dentro del libro de gobierno.  

El pasado 21 de febrero de 2019, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción que encabeza, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar recibió el oficio FE/DGV/269/2019 que envío el director general de Visitaduría, Guillermo Flores Tovar para que investigue “delitos relacionados en materia de corrupción”, en específico por “la custodia o guarda de documentos”. 

Versión del imputado 

En su declaración, el imputado afirma que se “prejuzga su conducta”, y relata que el agente del ministerio público adscrito a la Contraloría Interna “me declaró dentro del procedimiento administrativo 52/2019 como testigo, en relación al extravío de la carpeta de investigación 94110/2017”. 

Insiste en que el acta administrativa fue cambiada al contar con fecha 7 de febrero de 2018, cuando el año correcto era 2019, y apunta que “no sustraje nada, no destruí nada, no oculté nada, porque mienten nuevamente al asegurar que la carpeta marcada con el número 94110/2017, se encuentra extraviada, lo cual reitero es una mentira, una deslealtad y una falta de probidad”. 

Sin embargo, líneas más abajo de su declaración admite que la carpeta fue repuesta, que está en integración y “bajo investigación criminal”. 

Explica que los 40 mil pesos, él junto con otro licenciado los entregaron en cadena de custodia, sin especificar qué día de septiembre, en la planta baja del edificio administrativo de Herrera y Cairo, a una mujer, quien les expidió un documento que avalaba esa cantidad. Dijo desconocer a dónde lo ingresó la mujer y bajo qué rubro. 

También se quejó que al ingresar al edificio de la Fiscalía Anticorrupción la recepcionista pretendió despojarlo de sus celulares, al igual que la secretaria particular de Gerardo de la Cruz, quien lo obligó a apagar sus aparatos telefónicos para poder presentarse ante el ministerio público.