Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el mandato de Enrique Peña Nieto, está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), de acuerdo con su titular Santiago Nieto Castillo.

Nieto Castillo señaló que los casos son investigados con el fin de “que vayan a los tribunales y que resuelvan lo que sea, no se trata de mandar a la cárcel a altos funcionarios del gobierno anterior por mandarlos a la cárcel, sino por que cumplan con lo que hicieron”.

El Universal publicó en enero que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga supuestas irregularidades por mil 323 millones de pesos aplicados por la Sedesol en el 2018 en la Cruzada contra el Hambre y sus comedores comunitarios; periodo en el que Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña estaban a la cabeza de la institución.

El diario también publicó hoy que el gobierno federal está investigando las cuentas del ex presidente Peña Nieto y de su ex esposa Angélica Rivera.

Nieto Castillo se reunió hoy de manera virtual con diputados del PT encabezados por su coordinador Reginaldo Sandoval, y los legisladores Benjamín Robles y Maribel Martínez. El encuentro fue transmitido en redes sociales, y en él señalaron los lineamientos que UIF sigue para combatir la corrupción.

El titular de Hacienda comentó que gracias a diversas denuncias que han recibido, investigan a varios funcionarios de la administración pasada, tales como Rosario Robles, ex titular de Desarrollo Social entre 2012 y 2016, quien ahora enfrenta un proceso penal, y también Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien recientemente falleció y estaba ligado a la empresa OHL.

También “se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya (ex director de Pemex y en proceso de extradición), está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda, y ahí el presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.”

“No se persigue a nadie, pero si hubiera, si alguien apareciera en alguna investigación, pues lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho, no hay de otra. Eso implica presentación de denuncias, en su caso congelamiento de cuentas si hay indicadores de lavado de dinero y bueno pues continuar con esta política”.

Con información de El Universal