Guadalajara, Jalisco.-Contrario a sus expectativas, miles de jubilados del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) que laboraron por 30 años, no reciben medicinas, muchos fallecen por la falta de atención médica, y a uno pretendieron encarcelarlo tras reclamar su derecho a recibir un medicamento.
El colmo, es que mientras exburócratas reciben en promedio pensiones desde mil 500 hasta 16 mil pesos mensuales, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 47, Arnoldo Rubio Cárdenas, que forma parte del Consejo de Ipejal, estuvo de acuerdo en modificar la pensión y con pago retroactivo de su padre, y también exsecretario del mismo sindicato, Arnoldo Rubio Contreras, quien recibe actualmente una pensión de 159 mil 465 pesos.
Una de las víctimas mortales de la falta de atención fue María Rosalba Gómez Ortega, quien requería un cambio de válvula mitral. Durante casi un año su esposo, José Romualdo Echeverría, luchó contra la “negligencia administrativa”, pero fue demasiado tarde.
Rosalba sentía taquicardia, agotamiento y falta de respiración, por lo que su cardiólogo solicitó un Ecocardiograma Doppler el 8 de marzo de 2018, nunca se realizó. El mismo médico, le pidió otro estudio, un ecocardiograma transtorácico, ninguno se los pudo hacer debido a que el proveedor de Ipejal, Rayos X y Econosografía Chapalita, S.A. de C.V. le informó que la Dirección de Servicios Médicos del instituto solo le autorizó hacer 20 estudios anuales.
El 13 de noviembre de 2018, y el 26 de marzo de 2019, el cardiólogo emitió otras solicitudes insistiendo en que se debía realizar el ecocardiograma transtorácico, ante la gravedad de síntomas.
Ante la nula respuesta para hacerle el estudio, Romualdo pidió el 26 de agosto de 2019, el apoyo al secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, quien lo canalizó con el director del Ipejal, Iván Argüelles.
Este a su vez, lo mandó con Gustavo López, director de los servicios Médicos de Ipejal, quien lo recibió junto con la directora de Contabilidad y Vigencias, Zeidy Lizeth Fernández, así como el director Médico, Abraham Alejandro Quezada Ponce, quienes le condicionaron la autorización a cambio de firmar dos pagarés por un monto total de 47 mil 618 pesos; uno por concepto de un Stent medicado y otro por una angiografía coronaria que incluía cateterismo. Debido a su situación económica, se negó a firmar y decidió retirarse.
Regresó el 2 de septiembre, de nuevo obtuvo una negativa. Tres días después, acudió otra vez con Quezada y Fernández para explicarles que el cardiólogo le informó que no era necesario el Stent medicado, el cual tenía un costo de 25 mil 984 pesos.
“Al verse descubiertos, salieron con sus excusas estúpidas entregándome la solicitud autorizada para la intervención”, con fecha 26 de agosto, día que se aprobó por el secretario de gobierno, recordó Romualdo.
A Rosalba le practicaron el estudio, ahora solo faltaba la autorización de la cirugía del cambio de válvula. El 17 de octubre, acudió Romualdo a la unidad médica familiar Pila Seca, otra vez, Quezada y Fernández, condicionaron la autorización a presentar la factura de la válvula mitral.
A Romualdo le hicieron un estudio socioeconómico de Trabajo Social de Ipejal, el cual reveló que con 2 mil 780 pesos al mes, era suficiente para cubrir la alimentación de dos adultos y un menor, por lo que concluyeron que sí podía pagar el costo de la válvula. Sin embargo, tuvo que solicitar un préstamo por 25 mil 650 pesos para poder cumplir con el requisito.
El 31 de octubre, Rosalba fue operada, falleció al no resistir la cirugía. “Fue demasiado tarde su intervención, hubo negligencia médica” y administrativa, apuntó Romualdo quien exige castigo a los funcionarios que le negaron atención médica a su esposa.
De acuerdo con el portal de transparencia de Ipejal, el presupuesto para servicio médico de los pensionados disminuyó, mientras que en 2019 fueron mil 219 millones de pesos, para este año son mil 7 millones 24 mil 486 pesos. En el mismo sitio se reporta que en este momento 230 mil burócratas tendrían acceso a ese derecho.
Según testimonios recabados por este medio, el deterioro en el servicio médico a pensionados y jubilados del Ipejal comenzó aproximadamente hace nueve años, cuando las finanzas eran administradas por el PAN. Con los cambios de partido, primero PRI y después, MC, esperaban que mejorara la situación, se equivocaron.
Otra irregularidad constante que padecen los pensionados es que les programen citas tres o cuatro meses después de que las solicitan, el colmo es que su médico familiar los manda con un especialista, pero este les niega la atención al argumentar que el convenio con Ipejal ya no es vigente.
El pensionado tiene que volver a sacar cita con su médico familiar para que ahora sí lo manden con un especialista que tenga convenio.
A la cárcel, por pedir medicina
Por pedir que le entregaran su medicamento en la clínica de Pila Seca del Ipejal, casi le cuesta su libertad al policía municipal de Guadalajara pensionado, Trinidad Arriaga Arriaga señalado junto con su esposa, Carmen López por el delito de agresión hacia un médico.
El afectado considera que la denuncia -Carpeta de Investigación (C.I.) 39737/2020- que presentaron en su contra es en respuesta a una querella que presentó el 22 de octubre de 2019 -C.I. 188581/2019-, en contra de varios médicos al darle un diagnóstico incorrecto desde el 2012.
Durante más de seis años, Trinidad Arriaga -desde 2014 fue pensionado por invalidez- estuvo consumiendo medicamentos contra la depresión que se originó por la muerte de su madre, en lugar de mejorar, su estado de ánimo empeoraba, tenía somnolencia, perdida de la memoria, incontinencia urinaria, y taquicardia.
El pensionado insistió con su médico familiar, Rosa Bricio que “no mejoraba nada, solo permanecía la mayor parte del tiempo dormido”. En mayo de 2019, Rosa Bricio decidió enviarlo con el psiquiatra Israel Jiménez quien le diagnóstico “depresión unipolar”.
Sin embargo, el 5 de noviembre de 2019, el mismo psiquiatra, le dio ese día, dos nuevos diagnósticos: trastorno bipolar depresivo grave, “con riesgo de recurrencia de síntomas psicóticos, lo que pone en riesgo su integridad y la de terceros”.
El otro fue “trastorno afectivo bipolar episodio depresivo presente moderado, “niega ideas de muerte suicidas u homicidas, juicio acorde a realidad, introspección verdadera”, refiere en su declaración ante la agencia número 3 de la Fiscalía del estado.
Ante la nula evolución, el psiquiatra decidió cambiarle tratamiento, como reacción secundaria comenzó a sentirse más somnoliento, a tener mareos, y en consecuencia caídas.
“Al ver todo lo sucedido, empecé a dudar con los diagnósticos médicos que me arrojaba el Ipejal”, por lo que acudió el 14 de noviembre de 2019, con el psiquiatra particular, Jaime Orozco.
Éste último tras escuchar los antecedentes le dijo que el tratamiento que le dieron lo único que le provocaba era somnolencia profunda, y “lo que necesitas es vivir tu duelo, mantenerte ocupado, y que hagas tu vida normal, lo que usted tiene es un trastorno ansioso-depresivo con trastorno somático y trastorno del sueño”. Además, le suspendió los medicamentos y le recetó otros.
El 26 de febrero pasado, el quejoso presentó una queja ante la Contraloría del Ipejal por negligencia médica en contra de su médico familiar, el psiquiatra Jiménez, el coordinador de la clínica Pila Seca, Juan Vidrio López y otras tres personas.
Relata que desde 2015, le dijo a Rosa Bricio que con los medicamentos que tomaba no sentía ninguna mejoría, y le mostró la receta de un psiquiatra particular para que ingiera Vuminix. La respuesta de su médica fue que no existía ese medicamento en la farmacia de Ipejal y que ni siquiera lo conocía.
La esposa del afectado le insistió en varias ocasiones a Rosa Bricio que su esposo había sufrido varios accidentes a consecuencia de los medicamentos, que sufría somnolencia, perdida de memoria, vómitos, entre otras reacciones secundarias por la medicina, sin embargo, no hubo ninguna respuesta.
Entonces, Trinidad acudió con Juan Vidrio en cinco ocasiones durante 2019 y en febrero de este año para denunciar a Rosa Bricio y a Israel Jiménez por mala praxis. Vidrio le respondió que debería estar agradecido por la entrega de medicamentos, y si había negligencia, no era su responsabilidad.
Su esposa, Carmen, le advirtió que acudiría ante una televisora a denunciar, para evitar mayor conflicto Vidrio ordenó que le entregaran Vuminix, el medicamento que previamente le habían negado.
El 26 de mayo acudió a la unidad médica por más medicamento, sin embargo, le negaron el Vuminix, a pesar de que cuatro horas antes le habían asegurado que sí había.
Una médica, Tania Ruiz Sánchez, a nombre de Juan Vidrio le ordenó a Trinidad en tono agresivo que se retirara de la clínica y le ordenó al guardia de la entrada que no lo dejara entrar. Ese momento fue grabado por Carmen.
Tania Ruiz denunció ante la Fiscalía a los esposos por presunta agresión. El 15 de junio, Trinidad y Carmen fueron notificados de la querella en su contra, y sobre la posibilidad de arreglarse mediante mecanismos alternos.
El matrimonio acudió a la cita para solucionar el conflicto, sin embargo, no acudió Tania. El colmo es que asignaron a esta última como su nuevo médico familiar. Posteriormente, Vidrio les prohibió la entrada a la clínica. La denuncia en contra del matrimonio se desechó, mientras que la querella por negligencia no tiene ningún avance.
Aumento en la pensión
Según el acta se sesión ordinaria 9/2018, el 20 de noviembre de 2018, se reunieron los integrantes del Consejo Directivo del Ipejal, en representación de los servidores públicos de la sección 47 del SNTE acudió Arnoldo Rubio Cárdenas.
En la página 9 del acta, bajo el concepto cuadro de modificaciones en que se autoriza aumentar la pensión con “pago retroactivo de conformidad con el artículo 90 Ley DIPE” a Arnoldo Rubio Contreras por lo que su pensión pasó de 104 mil 505 pesos a 129 mil 972 pesos.
La modificación fue aprobada de forma unánime, incluyendo al hijo del beneficiado, Rubio Cárdenas.
Aunque la propuesta se aprobó el 20 de noviembre, fue el 1 de octubre de 2018, cuando Rubio Contreras recibió un pago retroactivo por 608 mil 524 pesos, así como el aumento a su pensión.
Para mayo de 2019, la pensión de Rubio Contreras volvió aumentar, ahora a 158 mil 344 pesos. En noviembre de este año, recibe 159 mil 465 pesos, según información del portal de transparencia de Ipejal.
Pensionados inconformes recalcan que en el artículo 55 de la ley de Servidores Públicos de Jalisco y sus municipios, se establece que los funcionarios deben de “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en lo que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado”.
Refirieron que con la intervención de Rubio Cárdenas en la modificación de la pensión de su padre, violó el artículo 55.
