Por: Eduardo Esquivel Torres
Lunes 30 de marzo de 2026.- En una decisión que profundiza la fractura ética y legal en Medio Oriente, el Parlamento de Israel (Knesset) aprobó una ley que autoriza la pena de muerte para personas condenadas por actos de terrorismo.
Sin embargo, la medida ha encendido alarmas globales no solo por el castigo en sí, sino por su carácter abiertamente discriminatorio: la ley está diseñada para aplicarse de forma exclusiva a la población palestina.
Organismos internacionales y expertos en derechos humanos han solicitado a Israel la derogación inmediata de esta legislación, advirtiendo que contraviene directamente las obligaciones internacionales del Estado hebreo. La crítica principal radica en que la ley se aplicará únicamente a residentes palestinos de la Cisjordania ocupada y de Israel, quienes históricamente enfrentan procesos judiciales bajo tribunales militares o civiles donde las garantías de un juicio justo son cuestionadas.
Naciones Unidas reiteró su oposición absoluta a la pena capital bajo cualquier circunstancia, subrayando que esta medida viola la prohibición internacional de imponer castigos crueles, inhumanos o degradantes.
Para diversos observadores y colectivos de derechos humanos, esta ley no es una medida de seguridad, sino una herramienta de segregación racial. Al dirigir el castigo máximo solo a un grupo étnico y nacional específico, Israel consolida las acusaciones de mantener un sistema de apartheid, donde los derechos y castigos se asignan según el origen de la persona.
La preocupación aumenta al considerar que muchos de los procesados bajo estas leyes son condenados tras juicios marcados por la falta de debido proceso.
Con esta aprobación, Israel se aleja de los estándares democráticos occidentales y se sitúa en un terreno de ilegalidad internacional que, según la ONU, solo exacerbará el ciclo de violencia y odio en la región.
Mientras la comunidad internacional pide moratorias a la pena de muerte, el gobierno israelí actual empuja esta agenda como una promesa de campaña hacia sus sectores más radicales, ignorando las advertencias sobre las repercusiones jurídicas que esto podría traer ante la Corte Penal Internacional.
