Por: Eduardo Esquivel Torres
Detrás de las campañas de promoción turística, el estado de Jalisco enfrenta una de sus crisis de seguridad y derechos humanos más agudas y silenciadas: la trata de personas. Indicadores institucionales y de investigación revelan que el territorio jalisciense opera bajo una preocupante vulnerabilidad estructural ante este delito.
Activistas y redes de apoyo calculan una “cifra negra” alarmante: por cada víctima rescatada o identificada formalmente, existen al menos 20 víctimas ocultas en las redes de explotación. Asimismo, la entidad ocupa el cuarto lugar en explotación infantil.
Académicos e investigadores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) alertan que el contexto criminal ha cambiado radicalmente y que las corporaciones tradicionales de seguridad se ven rebasadas ante el entorno virtual.
Las más recientes investigaciones señalan que el 80 % de las captaciones de víctimas en Jalisco ocurre de manera digital, mediante redes sociales, perfiles falsos de enamoramiento y plataformas de videojuegos interactivos.
En análisis recientes, sostienen que el alza en las desapariciones de jóvenes en zonas clave como Guadalajara y Puerto Vallarta está estrechamente vinculada a dinámicas de trata. Asimismo, resaltan que las víctimas no buscan integrarse a las filas delictivas, sino que son sistemáticamente engañadas con ofertas laborales atractivas o falsas promesas.
Jorge Ramírez Plasencia, académico universitario y experto en el tema de desaparición y trata de personas, ha expresado de forma reiterada las inconsistencias en los registros de personas desaparecidas y de víctimas. Además, ha calificado la manipulación o el desorden de las bases de datos como un problema severo. La falta de transparencia impide diseñar políticas públicas preventivas eficientes.
El mapeo de la trata de personas y el reclutamiento forzado en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) revela que este delito no opera de forma aislada. De acuerdo con datos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), informes de colectivos de búsqueda como Manos Buscadoras y análisis de la UdeG, existen colonias y sectores específicos catalogados como focos rojos debido a su alta vulnerabilidad social, incidencia delictiva o por funcionar como puntos estratégicos de captación y retención.
Las zonas y colonias más propensas a este problema se agrupan en las siguientes regiones de la metrópoli:
Zapopan: Valle de los Molinos, Mesa Colorada y la colonia Constitución.
Guadalajara: El sector de Oblatos y la colonia Lomas del Paraíso.
Tlajomulco de Zúñiga: Los macrofraccionamientos de Hacienda Santa Fe y Chulavista, zonas con la mayor cantidad de reportes de menores desaparecidos.
Tonalá: La colonia Santa Paula.
En cuanto a las dinámicas de enganche digital, a través de redes sociales o videojuegos, estas requieren de un punto de encuentro físico para consolidar el rapto o traslado de la víctima.
Las autoridades e investigadores de la UdeG ubican estos puntos de transición masiva en:
Zona Centro de Guadalajara: Es el primer lugar regional en incidencia delictiva general y un punto de alta afluencia comercial donde operan redes de prostitución forzada y trata laboral infantil.
Central de Autobuses (Tlaquepaque/Tonalá): Es utilizada estratégicamente por enganchadores para recibir a jóvenes captados en municipios del interior del estado o entidades vecinas, o bien para sacarlos de la ciudad hacia ranchos de adiestramiento forzado.
Plazas comerciales metropolitanas: Investigaciones recientes de la Secretaría de Seguridad confirmaron que grupos criminales utilizan a mujeres jóvenes para entablar conversaciones casuales en pasillos o áreas de comida de centros comerciales concurridos.
Buscan ganar la confianza de grupos de adolescentes para subirlos a vehículos de plataformas digitales y privarlos de la libertad.
