Guadalajara, Jalisco.-El gobierno de Jalisco adquirió en 2025 un total de 100 mil servicios de la Tarjeta Única, de acuerdo con información entregada por la Secretaría de Administración a NTR Guadalajara a través de solicitudes de transparencia. Sin embargo, hasta ahora, las dependencias estatales no han precisado el monto efectivamente pagado por dicha contratación.
Según el contrato firmado el 31 de octubre de 2025 entre la Secretaría de Administración y la empresa Servicios Broxel, el Ejecutivo estatal se comprometió a comprar, antes de concluir diciembre de ese año, un mínimo de 40 mil y un máximo de 100 mil servicios de la Tarjeta Única. El documento establece un rango de pago que oscila entre 218 mil 80 pesos y 545 mil 200 pesos, dependiendo del número de servicios adquiridos.
A partir de estos términos contractuales, y considerando que se contrató el volumen máximo, el costo correspondiente a diciembre ascendería a 545 mil 200 pesos, aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente como erogada.
Respuestas oficiales y vacíos de información
NTR Guadalajara solicitó vía transparencia información detallada sobre la compra, el destino de las tarjetas y el monto pagado, luego de que el prerregistro del programa inició el 12 de enero de 2026 y la entrega comenzó el 19 del mismo mes. La solicitud se dirigió tanto a la Secretaría de Administración como a la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP).
En su respuesta, la Secretaría de Administración confirmó que se adquirieron las 100 mil unidades previstas en el contrato y señaló que estas permanecieron almacenadas hasta el arranque formal de su distribución en enero. No obstante, precisó que el control de pagos corresponde a la SHP.
Por su parte, la Secretaría de la Hacienda Pública indicó que no cuenta con información sobre algún pago reciente realizado a Servicios Broxel, y sugirió esperar una respuesta adicional de Administración para determinar si existe algún registro relacionado con dicha erogación.
Contrato vigente y falta de claridad
Aunque el contrato establece con claridad el número de servicios adquiridos y los rangos de pago aplicables, la ausencia de información pública sobre el monto efectivamente cubierto mantiene un vacío administrativo respecto al uso de recursos públicos destinados a la Tarjeta Única.
