Al menos 234 empresas con operaciones en Jalisco han sido sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos bajo la Ley Kingpin, lo que representa el 24% de las entidades mexicanas incluidas en la “lista negra” de la OFAC por posibles nexos con actividades ilícitas.
Jalisco figura como la entidad con mayor número de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), al menos 234 de las 950 empresas mexicanas incluidas en su lista de sanciones operan en esta entidad.
El señalamiento ocurre en el marco de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin. Esta normativa permite al Gobierno estadounidense imponer sanciones económicas y legales a individuos o entidades señaladas por colaborar con organizaciones criminales.
Las compañías identificadas —que operan principalmente en municipios como Guadalajara y Zapopan— abarcan giros diversos: desde agencias de viajes, restaurantes y constructoras, hasta firmas de arquitectura, agricultura y tecnología. Colonias como Providencia, Arcos Vallarta, Puerta de Hierro, Jardines Universidad y Bugambilias concentran varios de los domicilios fiscales registrados.
Israel Macías, académico de la Universidad Panamericana, explicó que las grandes zonas metropolitanas suelen facilitar el ocultamiento de capitales ilícitos. “La diversidad económica y el volumen de transacciones dificultan la detección de movimientos anómalos. Es necesaria una supervisión más robusta, con apoyo de instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera”, comentó.
Estar incluido en la lista de la OFAC implica que todos los bienes y cuentas vinculadas a esa persona o empresa en Estados Unidos quedan congelados, y se prohíbe cualquier transacción financiera con ciudadanos o firmas estadounidenses. Estas medidas aplican en casos asociados con narcotráfico, terrorismo, corrupción, proliferación nuclear o violaciones a derechos humanos.
La presencia de empresas jalisciences en este listado ha ido en aumento. En 2017 se registraban 156, y actualmente ya suman más de 230, lo que refleja un crecimiento sostenido del fenómeno.
Uno de los casos más visibles fue el del exfutbolista Rafael Márquez, quien fue incluido en 2017 junto a varias de sus empresas. Tras colaborar con las autoridades, su nombre fue retirado en 2021, aunque no se detallaron públicamente los motivos de su exclusión. Situaciones similares han ocurrido con el cantante Julión Álvarez y el actual senador por Morena, Carlos Lomelí, ambos también eliminados de la lista tras varios años de investigaciones.
Según cifras de la propia OFAC, entre 2019 y 2024 fueron eliminadas mil 662 personas o entidades de sus listas de sanciones. Sin embargo, en ese mismo periodo se incorporaron por lo menos siete mil 737 nuevos nombres, en lo que representa un aumento constante del uso de esta herramienta.
Tan solo en 2023, el organismo impuso un récord de tres mil 135 nuevas sanciones, una tendencia que —de acuerdo con el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense (CNAS)— coloca a México como el país con mayor número de entidades sancionadas a nivel mundial, por encima de naciones como Siria o Emiratos Árabes Unidos.
El caso mexicano representa “la abrumadora mayoría de sanciones recientes”, señaló el CNAS, particularmente por la relación directa de muchas de estas entidades con redes del crimen organizado.
Con información de El Informador.
