Jalisco congela descuento por agua sucia: publican perdón de recargos, pero ignoran alivio para afectados

Por: Eduardo Esquivel Torres

Lunes 27 de julio de 2026. -El Gobierno de Jalisco mantiene en el limbo el alivio financiero para miles de ciudadanos que reciben agua contaminada en sus hogares. A pesar de haber sido aprobado por unanimidad en el Congreso estatal el pasado martes 21 de julio, el Poder Ejecutivo ha decidido retrasar de forma selectiva la publicación del decreto que otorga hasta un 80% de descuento en el pago del SIAPA a los usuarios afectados por el desabasto de agua apta para actividades humanas.

La omisión gubernamental quedó en evidencia el viernes pasado con la última actualización del Periódico Oficial «El Estado de Jalisco». En un acto de prioridades cuestionables, las autoridades estatales publicaron únicamente el decreto correspondiente a la disminución de recargos para usuarios morosos, dejando fuera y en total suspenso el beneficio para quienes diariamente abren la llave y reciben líquido de dudosa calidad.

La falta de publicación oficial no es un asunto menor ni un simple trámite postergado: es el candado legal que impide que el beneficio social entre en vigor.

El acuerdo legislativo estipula de forma estricta que los descuentos del 80% comenzarán a aplicarse al día siguiente de su aparición en el Periódico Oficial y vencerán el 15 de diciembre de 2026.
Al detener la publicación, el Gobierno del Estado acorta deliberadamente el tiempo de vigencia del apoyo económico.
Esta parálisis administrativa genera un doble retraso en la cadena de aplicación:

Sin publicación oficial, el decreto permanece congelado y no tiene validez jurídica. Se detiene el reloj del SIAPA, ya que la Junta de Gobierno del organismo cuenta con un plazo de 15 días naturales a partir de la vigencia de la ley para delimitar y emitir el listado de las colonias y zonas específicas que recibirán el beneficio.

Mientras el aparato estatal posterga la firma del documento, los usuarios del SIAPA continúan pagando tarifas completas por un servicio deficiente que pone en riesgo la salud pública.