Miércoles 4 de febrero.– El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) acusó al Gobierno de Jalisco de incurrir en desacato a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al negarse a publicar el decreto para crear una Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, pese a que el Congreso local lo remitió en noviembre de 2025.
La denuncia surge ocho años después de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (2017), que obliga a los estados a establecer fiscalías autónomas con estructura de presupuesto y adecuada. La Segunda Sala de la SCJN ordenó su creación hace más de dos años, pero el Ejecutivo estatal no ha accionado, dejando a las víctimas en “absoluta indefensión”, según el pronunciamiento.
El CEPAD destaca la magnitud del problema: la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021) revela que el 44.4% de personas encarceladas fue presionada para cambiar su versión de los hechos, el 38.4% se declaró culpable tras agresiones físicas y el 12.7% recibió amenazas. Jalisco ocupa el tercer lugar nacional en denuncias por tortura en investigaciones penales, según el Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Estas prácticas se extienden a centros penitenciarios, de adicciones, reclutamiento forzado y hospitales psiquiátricos. La actual Dirección de Investigación para Prevenir y Sancionar el Delito de Tortura (DIPSDT) es ineficaz: de 1,621 carpetas abiertas hasta diciembre de 2024, solo dos se judicializaron, 49% en archivo temporal (58% en septiembre de 2025) y ninguna ha derivado en sentencia.
El CEPAD exige la publicación inmediata del decreto, presupuesto suficiente y permanente, con personal especializado, autonomía técnica para investigaciones imparciales, participación de víctimas y sociedad civil en reformas y designación del titular.
“Esta omisión deliberada evidencia nulo compromiso contra la impunidad y debilita el Estado de derecho”, advierte el organismo. Insiste en que la fiscalía es un paso mínimo para desmontar la violencia institucional.
El Gobierno de Jalisco no ha respondido de inmediato a la denuncia. El CEPAD reitera su acompañamiento a las víctimas y promete seguir presionando hasta el cumplimiento.
