Lunes 23 de marzo.- En lo que va del presente año 2026, Jalisco se ha consolidado como la entidad más afectada por incendios forestales en México, con más de 100 registrados. Al corte del 22 de marzo, la entidad registra una devastación que supera las dos mil 147 hectáreas, cifra que triplica los daños reportados en el mismo periodo del año anterior.
El municipio de Cabo Corrientes concentra el daño más severo hasta el momento, con más de dos mil 70 hectáreas consumidas en el predio Llano Grande – El Mirador, representando casi el 96% de la afectación total en el estado. Sin embargo, la mayor preocupación para los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) es la nube de contaminantes generada por los incendios en el Bosque La Primavera.
La quema de biomasa ha disparado los niveles de partículas suspendidas, provocando que la ciudad registre apenas 97 días con buena calidad del aire en lo que va del año. Las autoridades sanitarias advierten que estas condiciones elevan drásticamente las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, afectando principalmente a niños y adultos mayores.
Solo en el Bosque de La Primavera se han contabilizado ocho incendios este año. Brigadistas de la Semadet y Protección Civil concentran esfuerzos desde ayer domingo en el paraje Los Asadores, en Tlajomulco de Zúñiga. La densa columna de humo fue visible desde varios puntos de la ciudad, lo que ha derivado en alertas atmosféricas preventivas para evitar actividades al aire libre. Otro incendio atendido recientemente fue Puerta de Guadalupe.
Ante el hecho de que el 98% de los siniestros son provocados, el Congreso endureció las medidas legales. De acuerdo con el Código Penal del Estado, quienes provoquen incendios forestales de manera intencional pueden enfrentar:
Las penas de cárcel oscilan de cinco a 15 años de prisión sin derecho a fianza si se demuestra dolo, mientras que las sanciones económicas pueden superar los 1.5 millones de pesos (equivalentes a miles de Unidades de Medida y Actualización).
También, los terrenos incendiados quedan bloqueados para cualquier tipo de desarrollo urbano o cambio de uso de suelo por un periodo de 20 años, buscando desincentivar la quema de bosques con fines de construcción.
