Puntos y Contrapuntos

Criterios

En el presente y en el futuro no hay espacio para las simulaciones, tan graves como la corrupción y la impunidad. Desde hace por lo menos una década están documentados los robos, las complicidades y los delitos cometidos por quienes han saqueado a Petróleos Mexicanos y le han causado quebrantos que podrían ascender hasta los 70 mil millones de pesos anuales, según estimación hecha por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

Muchos políticos, exfuncionarios públicos, empresarios e incluso integrantes de la milicia tienen miedo. Pues saben bien que si es investigado a fondo el saqueo a Petróleos Mexicanos, desde dentro de sus instalaciones y a través de la sustracción ilegal de combustibles en los ductos, habría quienes tendrían que ser sometidos a proceso y pagar con cárcel sus delitos. Jalisco no sería ajeno a este problema, pues también está salpicado por el huachicoleo.

El nuevo fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien tomó posesión de su cargo el pasado viernes 18 de enero del 2019, para un periodo de nueve años, dijo que concluirá las investigaciones de todos los expedientes delictivos del pasado que estén abiertos y atenderá con profesionalismo los que se inicien en el presente y en el futuro, sin distingos ni preferencias.

Hasta el pasado 14 de enero del 2019 el gobierno había informado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investigaba operaciones bancarias por 45 mil 567 millones de pesos, presuntamente ligadas al robo de combustible y que había ya mil 700 carpetas de investigación iniciadas, relacionadas con el llamado huachicoleo.

Los abusos cometidos en perjuicio de Pemex están documentados, por lo menos, desde hace una década, pero algunos testimonios y hechos recientes han fortalecido la certeza de que las complicidades son amplias y muy profundas.

En el robo de combustible participan los propios empleados de Pemex, dueños de gasolineras, funcionarios y políticos, así como narcotraficantes, sostiene Pablo González Córdova, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), en entrevista publicada el pasado domingo 13 de enero del 2018, en la edición 2202 de la revista Proceso.

En entrevista realizada por la periodista Gloria Reza, González Córdova revela: “Es toda una red que creció en los últimos años al amparo de los gobiernos de los tres niveles. Y cuando uno denunciaba el robo de combustible de Petróleos Mexicanos nadie hacía caso; peor aún, cuando algún expendio se oponía a vender huachicol, desaparecía algún familiar del concesionario o su chofer amanecía hecho pedacitos”.

“Si íbamos a la Procuraduría General de la República (PGR) a presentar una denuncia nos respondían: ‘No es de mi competencia’; lo mismo sucedía en la Fiscalía General del Estado. Los presidentes municipales decían: ‘¿Yo qué? No tengo ni pistola’; el Ejército se justificaba con un: ‘A mí no me toca’, y La Maña (los narcos) nos decía: ‘Si denuncias, te desaparecemos’. Nadie nos contestaba”, agrega el dirigente gasolinero.

Antes, dice González Córdova, “salían pipas sin factura de las terminales; las de 30 mil litros salían con una factura de 15 mil, pero eso se acabó, pues hoy las terminales están custodiadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes se encargan de supervisar la entrada y salida de las pipas, así como de cotejar las facturas y la cantidad de combustible”.

Según el presidente de Amegas, “empresas con parque vehicular grande, con flotillas de mil o mil 500 vehículos –que no consumen de un tanque, sino de una pipa de Pemex de 20 mil o 30 mil litros al día– son las que adquirían el huachicol; entre ellas la Coca-Cola, que presuntamente compraba el combustible a mitad del costo real. Al parecer Pemex le entregaba facturas falsas”.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se reconoció “impactado” por la información que le fue compartida en su encuentro con los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, y de Energía, sobre las dimensiones de la red de corrupción que sostiene el robo de hidrocarburos a nivel nacional, publicó el jueves 17 de enero el periódico Reporte Índigo.

Explicó Alfaro: “Después de ver los números hoy (ayer), lo que verdaderamente se estaba generando por robo de combustible, la manera como operaba, el tamaño de la estructura de corrupción que había detrás del robo de combustible, sí te sorprende, sí te impacta lo que le estaban haciendo al país”.

Cuestionado con respecto al nivel de involucramiento de los gasolineros de Jalisco en la comercialización de combustibles de origen ilegal y si en el estado se contaba con un diagnóstico en esta materia, el mandatario respondió:

“En términos de factura, de comprobación fiscal, se compraba menos combustible antes que el día de hoy, y hoy tenemos un nivel de desabasto del 40 por ciento, ¿cómo? pues me imagino que el sentido común podría hacernos pensar o entender que lo que pasaba era que el resto de la gasolina que se consumía en Jalisco se la compraban a alguien más, no a Pemex”.

20 MIL MILLONES

Desde hace diez años está documentado que “Los Zetas”, que eran el brazo armado del cártel del Golfo, también se dedicaban a la ordeña de ductos de Pemex en complicidad o con la protección de funcionarios de la paraestatal. Fuentes del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional señalaron que de acuerdo con sus investigaciones, el grupo delictivo recibía ayuda de empleados de Pemex para ubicar los ductos y evadir operativos, publicó Grupo Reforma el 7 de agosto del 2009.

Lo información advertía que inclusive funcionarios de la paraestatal facilitaban vehículos y hasta uniformes a los delincuentes, identificados principalmente por sus nexos con el tráfico de droga, secuestros, extorsiones, piratería y ejecuciones.

De 2007 a julio del 2009 –agregaba la nota– el Ejército había detectado 557 tomas clandestinas, asegurado 329 camiones, principalmente pipas, y detenido a 38 personas, de las cuales 20 reconocieron trabajar para “Los Zetas”, indicó una fuente del Ejército.

Las tomas clandestinas para el robo de combustibles fueron localizadas en los estados de Veracruz, Guanajuato, Tabasco, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca, Sonora, Coahuila y Baja California.

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados de la federación reveló el domingo 9 de agosto del 2009 que el robo, la adulteración y la venta ilícita de combustibles tenían un costo anual de 20 mil millones de pesos. A través de un comunicado citado por Grupo Reforma, los diputados Antonio Soto Sánchez y Adrián Pedrozo Castillo aseguraron que según información proporcionada por Pemex, tan sólo en un año aumentaron de 13 a 19 las entidades federativas en las que se llevaba a cabo la extracción ilícita de combustibles.

El castigo y consignación de criminales por el robo de hidrocarburos en México han sido casi nulos en la última década. En 2011 hubo récord histórico, con mil 269 averiguaciones previas por robo de combustibles. Estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR) exhiben que sólo en 153 casos (12 por ciento) hubo consignación del expediente con o sin detenido, publicó Grupo Reforma el 6 de marzo del 2012.

Desde el cierre de la administración del presidente panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa estaba documentado que una de las nuevas modalidades en el robo de combustibles era la sustracción completa de pipas que salían de las refinerías de Pemex o de las propias estaciones de almacenamiento y distribución, que finalmente no llegaban a las estaciones de servicio, describió Mural el 3 de mayo del 2012.

El 4 de noviembre del 2012 Petróleos Mexicanos informó que hasta esa fecha, en el sexenio de Calderón Hinojosa, habían quedado a disposición del Ministerio Público federal mil 292 detenidos por ordeña de combustible, pero de ellos sólo a 190, que representaron el 14.7 por ciento, se les había dictado auto de formal prisión.

HUELLA EN JALISCO

El gobierno federal desmanteló en Jalisco, Querétaro y el Distrito Federal a una de las mayores organizaciones dedicadas al robo y venta de hidrocarburos de Pemex, que sustraía alrededor de 2 millones de litros de combustible por mes. El volumen del tráfico de gasolina equivalía a llenar el tanque a 16 mil vehículos diariamente, informaron los periódicos de Guadalajara el 7 de agosto del 2014. No se dieron a conocer los nombres de los detenidos.

Una de las empresas involucradas en la red de tráfico de gasolina que fue desmantelada por la PGR, ubicada en Jalisco, tenía como sus principales clientes a dependencias del gobierno federal, estatal y hasta municipal, publicó Mural el 8 de agosto del 2014.

La empresa Combusol, Combustibles del Sol, que tenía su centro de almacenamiento y distribución de gasolinas en El Salto, presumía en su portal de internet contar entre sus clientes a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, al Instituto Mexicano del Seguro Social, la Universidad de Guadalajara, los Hospitales Civiles y la Universidad Autónoma de Guadalajara.

También el Ayuntamiento tapatío le compraba parte del combustible a Combusol, según su página de cheques a proveedores, afirmaba la nota periodística. En 2014 era gobernador de Jalisco el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018) y presidente municipal de Guadalajara (2012-2015) Ramiro Hernández García. Ambos fueron relevados por Alfaro Ramírez, quien fue alcalde tapatío del 2015 al 2018 y será gobernador del 2018 al 2024.

30 MIL MILLONES

El 4 de enero del 2017 Petróleos Mexicanos reconoció –en nota publicada por Grupo Reforma– que los operativos federales para frenar el robo de hidrocarburos a través de tomas clandestinas no estaban dando resultados. La petrolera reveló que cada día sustraían 23 mil barriles diarios de gasolinas por la ordeña, lo que representaba una pérdida de 54 millones de pesos diarios, un promedio de 19 mil 710 millones de pesos anuales.

l 6 de febrero del 2018 Mural informó que Pemex sufrió en 2017 una histórica ordeña a sus ductos, al sumar un total de 10 mil 363 tomas clandestinas, es decir 51 por ciento más que las 6 mil 873 del año anterior. El 10 de abril del 2018 Carlos Treviño, director general de Pemex, informó que las pérdidas por el robo de combustibles ascendieron a 30 mil millones de pesos en 2017.

Las tomas clandestinas en los primeros 10 meses del 2018 –de enero a octubre– rompieron nuevamente récord al registrarse 12 mil 581 casos, cifra 21.4 por ciento más que los reportados en todo 2017 cuando se contabilizaron 10 mil 363. En los primeros 10 meses del año, el aumento respecto al mismo periodo de 2017 fue de 31.1 por ciento. A octubre de 2017 se habían registrado 8 mil 664 tomas de combustible ilegales, según cifras referidas por Grupo Reforma el 21 de diciembre del 2018.

El gobierno federal tiene en sus manos los instrumentos jurídicos necesarios para investigar a todos los involucrados en el saqueo a Petróleos Mexicanos.

La cadena de presuntos cómplices o responsables de delitos graves puede ser identificada sin mayores complicaciones. Basta con que el nuevo presidente de la República y su nuevo Fiscal General actúen en apego estricto a la ley y con honrado valor, para seguir la huella del dinero sucio, y llevar a cárcel a los abusivos y simuladores que durante, por lo menos, las últimas dos décadas, se han beneficiado del saqueo a Pemex