El Rincón de Clío
Criterios
Como sucede cada cuatro años, candidatas y candidatos a ocupar la Casa Blanca ofrecen más de lo que puede cumplir y mucho más de lo que están dispuestos a otorgar a la comunidad latina “con o sin papeles” avecindada en Estados Unidos.
Toda la narrativa solo tiene una finalidad: obtener el apoyo electoral de millones de migrantes que pueden convertirse en el fiel de la balanza.
La carrera para triunfar en el supermartes de noviembre del año entrante ha comenzado, y con ella, la cascada de promesas que no comprometen y menos empobrecen.
En la larga lista de suspirantes, esta semana fue el turno del exvicepresidente demócrata Joe Biden, quien encabeza las encuestas entre votantes demócratas, y por lo visto no tuvo empacho en prometer que cambiaría cosas que incluso construyó y apoyó durante el gobierno de Barack Obama.
Desde luego, el punto de ataque fue la “dañina” política migratoria de Donald Trump, ignorando en todo momento los millones de migrantes deportados por su antiguo jefe, situación que lo convirtió en el presidente que más personas ha deportado en la historia estadunidense.
La pieza discursiva de Biden giró en torno de la promesa para cambiarle la cara a la política migratoria norteamericana en los primeros 100 días de gobierno. Se centró en todo lo que él considera que no se hace o se ejecuta mal desde el gobierno de Trump.
Para atender la migración desde el lugar donde se origina, Biden ha prometido invertir 4 mil millones de dólares durante su primer periodo para mejorar la seguridad en Centroamérica y generar empleos que potencien el desarrollo económico; sin dejar de lado el combate a la corrupción para garantizar el buen uso de los recursos. Como condición, el precandidato solicitaría que las naciones centroamericanas invirtieran recursos para fortalecer las áreas de seguridad y justicia, y una mayor capacitación de las fuerzas policiales. Todo el recurso estaría fiscalizado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con ello se alinearía al proyecto e inversión puesto en marcha por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de disminuir el flujo migratorio desde donde se genera.
En lo que respecta a su política local, eliminaría el programa “Quédate en México”, que ha obligado al menos a 55 mil personas migrantes provenientes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador a esperar en nuestro país la resolución del asilo solicitado allende el río Bravo. En este mismo sentido, pretende eliminar las detenciones prolongadas, y el reglamento de carga pública para solicitantes de la residencia permanente, además de fomenta la reinversión en programas de ayuda a los refugiados.
Promete eliminar la prohibición a migrantes de países con mayoría musulmana, así como solicitar la revisión del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), que ampara a más de 320,000 migrantes.
En lo que respecta a los dreamers, su promesa cruza por el restablecimiento del programa DACA, que ha sido eliminado y activado a discreción por Donald Trump; sin embargo, no debemos olvidar que el destino final de esa Acción Diferida se encuentra en la cancha de la Suprema Corte.
Desde luego, no faltó en la cascada de promesas la eliminación de la declaración de emergencia nacional en la frontera, con la que se financia la construcción del muro mediante fondos militares; pero si restablecería las prioridades de deportación puestas en marcha durante el gobierno de Barack Obama, que ponía énfasis en migrantes con antecedentes criminales.
La cereza en el pastel no podía ser otra que la promesa de una reforma migratoria que le otorgue papeles a cerca de 11 millones de personas migrantes, claro que, para ello, se curó en salud diciendo que deberá pasar por el Congreso.
Mientras las promesas van y vienen, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dio a conocer sus cifras finales de deportaciones en el año fiscal 2019, el cual concluyó octubre, y representó un incremento de 11 mil 173 expulsados con respecto al periodo anterior, al expulsar a 267 mil 258 personas, en relación a las 256 mil 085 en el año fiscal 2018. Por otro lado, la población en cárceles migratorias aumentó a 50 mil 165 en el año fiscal que concluye, esa cifra representa un aumento del 19% en comparación con 2018.
Por vía de mientras, sean republicanos o demócratas, la política migratoria de Estados Unidos cada día es más restrictiva, haciéndose evidente en las miles de deportaciones que lleva a cabo el gobierno de la Unión Americana, casi 800 por día. En tanto los migrantes sigan viéndose como botín electoral y mano de obra segura, dócil, barata y calificada, las propuestas para atender a esa población no pasarán de llenar panfletos electorales cada cuatro años.
@contodoytiques