Con Lázaro Cárdenas del Río estas escuelas recibieron un fuerte impulso. Se maneja como cifra la existencia de 36 normales rurales en el país. Resulta complicado precisar con exactitud la cifra debido a la indefinición de su carácter. Unos investigadores hablan de 36; otros sostienen que nunca pasaron de 29. Lo que sí es un hecho es que ya desde el sexenio de Manuel Ávila Camacho enfrentaron la hostilidad del poder central. Después de Cárdenas, la atención dada al modelo educativo por los titulares federales viró de objetivos. No se trató sólo de modificaciones o transformaciones escolares, convirtiéndolas en meras socias menores del tinglado escolar nacional. La SEP les depuró su profesorado y terminó confrontando a sus estudiantes con el sambenito de “comunistas”. Las normales rurales no sólo perdieron el apoyo pecuniario del erario, sino que se destinaron a ser vueltas a otro tipo de centro educativo, en el mejor de los casos, cuando no a enfrentar su desaparición.

Con Ávila Camacho se hizo explícita la decisión de dar por concluido el proceso de secularización dando juego al clero y a las órdenes religiosas. Silva Herzog pinta el vuelco de esta manera: “En el decurso del sexenio, el clero recobró las trincheras perdidas durante la revolución y los gobiernos revolucionarios. A partir de entonces se multiplicaron las escuelas confesionales y comenzó a violarse el artículo 3° constitucional”[1]. La permuta se disfrazó con el garlito, compartido ideológicamente con el alto clero, de los valores de la unidad, el orden y la paz social. En 1942 Octaviano Véjar Vásquez, titular de la SEP, inició una agresiva campaña ‘antisocialista y anticomunista’. Favoreció a los proyectos educativos de las órdenes religiosas que durante el callismo y el cardenismo habían funcionado bajo disfraces laicos. Véjar expulsó de la SEP a todo integrante que abogase por la educación socialista o posiciones anticlericales. Proponía una imaginaria escuela de amor, afirmando que nada “vale un ideal de redención si no se dibuja tras él la silueta de la cruz”. Prohibió la coeducación en aras de arcaizar las relaciones de género bajo los moldes más tradicionales del patriarcalismo. Así fue como Jaime Torres Bodet promovió luego, a mediados de los años cuarenta, la llamada “escuela de la unidad nacional”. La implantación de este nuevo modelo escolar ha sido tomada como el arranque de la política de modernización educativa.

Al incidir tales decisiones cupulares, las normales rurales perdieron el lugar que desempeñaban antes. Estas modificaciones no repercutieron sólo en la reducción del dinero destinado a su presupuesto, sino que incidieron de lleno en su orientación ideológica. Para 1946, con la llegada al poder de Miguel Alemán, quedaban sólo 18 escuelas normales rurales. Hasta aquel momento todas ellas poseían el carácter de mixtas, como funcionan normalmente los grupos en la sociedad. Aplicándoles un criterio mojigato exagerado, establecieron la separación de género, resultando nueve para mujeres y nueve para varones.

La inquina del recambio iniciado en el período de Alemán principió demoliendo lo que el cardenismo había creado para la educación superior. La UNAM sustituyó al IPN en las prioridades del poder central. Se le devolvió su atribución de ‘nacional’ sin cancelarle su autonomía, mucho menos el presupuesto, que en ningún momento le retiró el poder central. Estos cambios se dieron en toda la esfera educativa. Bajo el sexenio de Ruiz Cortines, en 1953 sólo había en el país 64 normales. Todas ellas dependían de la dirección general de enseñanza. Cinco años después, en 1957, habían aumentado a 72. En cambio las normales rurales venían en decremento. Para ese período se registran sólo catorce de ellas.

Manuel Gil Antón, investigador del Colegio de México, da como origen de las normales rurales el objetivo de servir a los grupos tradicionalmente marginados, tanto de la economía como en el ámbito nacional general, para ser elevados a cada vez mejores planos de vida. Aparte del perfil escolar preferencial de la enseñanza de las letras y las matemáticas, eran vistas como agentes de modernización de las poblaciones en donde se instalaban. México hoy no sería entendible sin el apoyo de sus escuelas normales. Zózimo Camacho, jefe de redacción de la revista Contralínea y uno de los mejores investigadores sobre estas escuelas, afirma que cuentan con una formación marxista-leninista y que uno de los requisitos fundamentales para tener acceso a ellas es que los estudiantes sean de escasos recursos.

Hay una distinción laboral importante entre los egresados de las normales urbanas y las rurales. Los de las normales rurales eran contratados al titularse. Su plaza de trabajo iba adjunta al certificado. Los urbanos tenían que concursarla. Esta diferencia se volvió significativa al escasear la materia laboral magisterial. Muchos la juzgaban como un privilegio. Los favorecidos argüían que a los egresados de las urbanas no les interesaba ir a hundirse al campo marginal e indígena, espacio propio de los egresados de las rurales. Mientras exista un país escindido, el trato de aparente privilegio no desaparece.

La reforma educativa de Peña Nieto representó un duro golpe para todas las escuelas normales, no sólo para las rurales. El objetivo de la evaluación, que generó tanta resistencia, tiende a permitir el ingreso de otros profesionales al terreno educativo. Antes fue un área acaparada por los normalistas, urbanos o rurales. Los viejos acuerdos laborales fueron llevados a la picota por la dichosa ‘reforma educativa’. Como ya quedó dicho, el gobierno que viene prometió abolir la evaluación, el INEE y en general toda esa malhadada reforma. En breve conoceremos la evolución del asunto.

[1] Silva Herzog, Jesús. Una vida en la vida de México: Mis últimas andanzas, 1947-1972, México, Siglo Veintiuno Editores. 1994. p.267

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