Como cualquier actividad ilegal, medir los niveles de corrupción de manera certera es muy difícil. Las estimaciones de su costo económico se generan a partir de datos que no cubren la totalidad de los actos de corrupción. Por ello, las mediciones de los niveles de corrupción en las sociedades se hacen a partir de la percepción que tienen los habitantes de una comunidad sobre el abuso del poder en favor de pocos a costa de muchos. Sin que esto signifique, desde luego, que no se pueda cuantificar, aunque no sea de manera exacta el costo económico de la corrupción.
En este sentido, es que se explica la diferencia que existe en México entre la práctica de la corrupción y el sentir de la población sobre esas acciones.
Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) que aborda el costo que tiene la corrupción en nuestro país.
En 2019 el costo por la corrupción para los ciudadanos que acudieron a realizar algún trámite o solicitar un servicio del gobierno fue de 12 mil 770 millones de pesos, 64.1% más que en 2017; para cada ciudadano el costo fue de 3 mil 822 pesos, 56% más que en 2017. Este costo solo incluye acciones que afectan las actividades cotidianas de los hogares y deja de lado las prácticas realizadas en negocios, empresas e industrias en general.
El desglose de los actos de corrupción por segmento del gobierno nos muestra que 59.2% tuvo que ver con autoridades de seguridad pública; seguido de pagos, trámites varios, licencias, servicios administrativos y de salud que alcanza 44.9%.
En total, 5 millones 804 mil 466 personas se involucraron en una práctica de corrupción en 2019, de ellos, 5.1% realizó una denuncia, mientras el resto consideró inútil hacerla (28%); o pensó que era una pérdida de tiempo (18.6%); o de plano no le miró un beneficio a la denuncia (9.2%). Todo ello, a pesar de que 52.8% de la población se vive con preocupación por la corrupción.
Si bien es cierto, que el combate a la corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha dado los resultados prometidos y esperados por la población (los datos arriba mencionados dan cuenta de ello), durante 2019 la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, al pasar de 91.1% en 2017, a 87% en 2019.
Incluso, la satisfacción ciudadana frente al combate a la corrupción promedio a nivel nacional pasó de 45.5% en 2017, a 47.2% en 2019. Más aún, ningún espacio de gobierno tuvo un incremento tan marcado en la confianza en el combate realizado por el gobierno federal, pasando de 25.5% a 51.2% en dos años.
A no dudar, en México existe un divorcio entre las prácticas de corrupción y la percepción ciudadana de ellas, razón por la cual no se mira, y cuando se observa se aprehende como algo positivo.
@contodoytriques