Puntos y Contrapuntos

Criterios

 

Es sorprendente cómo los políticos repiten las mismas palabras y utilizan el mismo lenguaje con el que se comprometen y pretenden convencer y conmover al pueblo.

Sobre todo, en materia de inseguridad pública, de homicidios, de violencia, de actos criminales en general. Analizan, dictaminan, prometen y al final las estadísticas los contradicen o los desmienten.

Muy complejo es el panorama que enfrentarán Enrique Alfaro Ramírez, desde la gubernatura de Jalisco, y Andrés Manuel López Obrador, desde la presidencia de la República.

El naufragio estará latente para ambos, pues durante los próximos seis años pretenderían, el primero, “refundar” Jalisco, y el segundo, impulsar la “cuarta transformación” del país.

La historia, las estadísticas, los datos duros, los hechos consumados, contradicen en la mayoría de los casos las palabras y las promesas de los presuntos servidores públicos. Alfaro Ramírez y López Obrador están frente a su más grande prueba.

Vea usted los ejemplos más recientes.

 

CALDERÓN

“Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia. Pongamos fin a la impunidad, a la impunidad de los delincuentes que amenazan nuestras vidas y familias”, dijo Felipe de Jesús Calderón Hinojosa el viernes 1 de diciembre del 2006, en el Auditorio Nacional, luego de rendir protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuatro meses después, en Tecomán, Colima, el martes 17 de abril del 2007, Calderón Hinojosa reiteró que la mayor parte del esfuerzo que realizaba el gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico estaba orientado a rescatar a los niños y a los jóvenes de las adicciones, y admitió que “no es una batalla sencilla, no es algo que se arregle rápido ni cómodamente; al contrario, lo digo abiertamente a los mexicanos: es una batalla dura, difícil, que nos va a costar recursos económicos, que va a tomar tiempo y, por desgracia, va a costar, incluso, vidas humanas, como ha venido costando”, reseñó la revista Proceso el miércoles 18 de abril del 2007.

La guerra de Calderón Hinojosa contra el crimen organizado, durante su sexenio 2006-2012, fue cruenta: se cometieron en el país 102 mil 327 homicidios dolosos. Un aumento de 27 mil 938 crímenes, el 37.55% más que en la administración del panista Vicente Fox Quesada (2000-2006) que le antecedió. Sus peores años fueron 2010, con 20 mil 680 homicidios y 2011 con 22 mil 855 asesinatos.

 

PEÑA

“A partir de hoy, la primera obligación que tengo como presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la ley”, afirmó el priista Enrique Peña Nieto en su discurso de toma de posesión, ante el Congreso de la Unión, el sábado 1 de diciembre del 2012.

Reconoció: “El Estado ha cedido importantes espacios. La inseguridad y la violencia han robado la paz y libertad de diversas comunidades del territorio nacional (…) Las ciudades, los pueblos, las carreteras, deben volver a ser espacios de tranquilidad, en los cuales, los mexicanos transiten con seguridad, sin temor de perder la libertad o la vida”.

Dio a conocer algunas decisiones presidenciales con respecto a la inseguridad y a las víctimas.

Primera: “México exige vivir en paz. Estoy convencido que el delito no sólo se combate con la fuerza. Es imprescindible que el Estado emprenda un esfuerzo integral para reconstruir el tejido social”.

Segunda: “Detrás de cada delito hay una historia de dolor, incluso la pérdida de un ser querido. El Estado debe estar al lado de las víctimas y de sus familiares (…) Mi gobierno participará de manera inmediata en el diálogo social y político que permita mejorarla. Pero, para tal efecto, debemos partir de una base, contar con una ley vigente que proteja, cuanto antes, a las víctimas de nuestro país”.

Durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), concluido el viernes 30 de noviembre del 2018, se cometieron en México 124 mil 478 homicidios dolosos. Un total de 22 mil 151 más que la administración que le antecedió, para un incremento del 21.64%. Sus peores años fueron 2017, con 25 mil 497 homicidios, y 2018, con 26 mil 376 asesinatos.

LÓPEZ OBRADOR

En su discurso de toma de posesión, frente a los integrantes del Congreso de la Unión, el sábado 1 de diciembre del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante su gobierno “otro cambio importante será el de la creación de la Guardia Nacional, si lo autoriza el pueblo y el Poder Legislativo, para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Esto significa replantear el papel de las Fuerzas Armadas ante la inoperancia de las corporaciones policiales”.

Agregó AMLO: “Es indispensable aceptar que la Policía Federal creada hace 20 años para suplir la labor de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, es en la actualidad un agrupamiento de apenas 20 mil efectivos, que carecen de disciplina, capacitación y profesionalismo”.

Reprochó el nuevo mandatario: “En cuanto a los agentes ministeriales y los cuerpos policiales estatales y municipales, se debe reconocer, sin generalizar, que muchos están movidos por la corrupción y no por el deber del servicio público, y que su descomposición los pone bajo el dominio de la delincuencia. El ciudadano mexicano en la actualidad está en estado de indefensión. No tenemos policías para cuidar a los ciudadanos”.

Explicó: “Siempre he pensado que ante el problema de la inseguridad lo pertinente es atender las causas que originan la violencia, y así lo haremos, pero ante la ineficiencia de las corporaciones policiales y el grave aumento de homicidios, robos, secuestros, feminicidios y otros crímenes, estoy solicitando al Congreso, con carácter urgente, la aprobación de una reforma constitucional que nos permita crear, con la integración de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, una Guardia Nacional para realizar funciones de seguridad pública, con pleno respeto a los derechos humanos”.

A López Obrador ya le fue aprobada su iniciativa para crear una Guardia nacional, que se estima podría llegar a aglutinar a 150 mil elementos al final de su mandato.

Los signos que se observan en el horizonte son oscuros: ayer jueves 21 de marzo del 2019 el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, dio a conocer la incidencia delictiva en el país. En enero del 2019 se cometieron en el país 2 mil 853 homicidios dolosos y 2 mil 796 en febrero. Suman 5 mil 647 asesinatos, la cifra más alta para un primer bimestre de año desde 1997, cuando se empezaron a sistematizar estadísticas, hace 22 años.

Para empezar, también tendrá que enfrentar una difícil realidad: los más de 40 mil desaparecidos, las más de mil 200 fosas clandestinas y los 26 mil cuerpos sin identificar que hay en el país, según enlistó el lunes 4 de febrero del 2019 el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, Alejandro Encinas Rodríguez, en nota publicada ese día por el periódico La Jornada.

 

ARISTÓTELES

“Vienen días complicados, no les miento, la ola de violencia no se va a terminar, lo que sí podemos y estamos obligados y lo que vamos a hacer es contener, dejar la piel en el esfuerzo, de impedir que esta crisis sacuda nuestra entidad. Sé que para ello cuento con el apoyo y el soporte de los buenos policías, de los buenos comandantes. No hemos logrado aislar a Jalisco de la crisis de violencia, los índices delictivos se han incrementado, algunos han ido a la baja, pero el residual es una crisis de seguridad que como sociedad nos deja absortos”, dijo el entonces gobernador de Jalisco (2013-2018), Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el miércoles 7 de marzo del 2018, en información publicado en el portal digital de W Radio en Guadalajara.

Sandoval Díaz reconoció que sigue habiendo policías involucrados con el crimen organizado, e hizo un llamado a que se mantuvieran los controles de confianzas en todas las corporaciones municipales y estatales.

“Es la complicidad de algunos uniformados y la delincuencia. No cierro los ojos, sé que, en muchos casos, la complicidad rebasa la voluntad de los policías, sé que en muchos casos son amenazados y obligados a hacer actividades indebidas”, señaló Jorge Aristóteles.

Producto de una apresurada reforma constitucional (entre enero y febrero de 2013) Sandoval Díaz promovió la creación de la Fiscalía General de Jalisco y consintió la acumulación desmesurada de poder en una sola persona –atada directamente a los humores e intereses del gobernador–, a quien se le endosaron delicadas y trascendentes tareas como la prevención del delito, la administración de las cárceles estatales y la procuración de justicia.

Hubo cuatro fiscales generales en Jalisco con Sandoval Díaz: Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco (2013-2015), Jesús Eduardo Almaguer Ramírez (2015-2017), Raúl Sánchez Jiménez (2017-2018) y Marisela Gómez Cobos, quien concluyó el sexenio.

Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (hasta 2018 dependiente de la Secretaría de Gobernación) no le favorecen a Jorge Aristóteles. Durante su gobierno (2013-2018) se cometieron en Jalisco 7 mil 329 homicidios dolosos, 2 mil 650 más que en la administración que le antecedió (la del panista Emilio González Márquez), un alza del 56.63%. Sus peores años fueron 2017, con mil 369 homicidios dolosos y 2018 (de enero a noviembre) cuando se perpetraron mil 784 asesinatos.

El nuevo sistema de justicia penal ha naufragado en Jalisco, pese a que transcurrieron cinco años (2008-2013) de la administración del panista Emilio González Márquez y tres de Sandoval Díaz, en los que debieron capacitar adecuadamente a personal de policías preventivas, procuraduría y Poder Judicial, antes de que entrara en vigor en junio del 2016.

El lunes 5 de junio del 2017, el gobernador Sandoval Díaz atribuyó al nuevo sistema de justicia penal el ser “hipergarantista”, lo que a su juicio habría propiciado la liberación de delincuentes y el incremento en los índices delictivos.

 

ALFARO

“La lucha que tenemos enfrente, el desafío, nos va a llevar tiempo y, por supuesto, va a costar vidas en el camino, hay que entenderlo y asumirlo. El gobierno tiene que hacer su chamba”, dijo este miércoles 20 de marzo del 2019 el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez.

Comentó que funcionarios de su gobierno han recibido amagos de la delincuencia, pero que no los han publicitado para no hacerles el juego a los criminales. No dijo quiénes han sido amenazados.

“No los vamos a estar publicitando; vamos a seguir en nuestra ruta. La lucha que tenemos enfrente, el desafío, nos va a llevar tiempo y, por supuesto, va a costar vidas en el camino, hay que entenderlo y asumirlo (…) El Gobierno de Jalisco entiende su responsabilidad, no protegemos delincuentes y esa nueva realidad seguirá generando sacudidas e intentos por doblar al gobierno, pero no lo vamos a permitir”, advirtió el mandatario jalisciense.

“Entendemos la fuerza que tienen estos grupos criminales, pero esa fuerza no es mayor que la fuerza que tiene el Estado mexicano”, reiteró Alfaro Ramírez.

Hace tres años, los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano, encabezados en Guadalajara por su líder máximo en Jalisco, el entonces alcalde tapatío 2015-2018 Enrique Alfaro Ramírez –ahora gobernador en funciones–, promovieron la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad, para darle una dimensión científica al diagnóstico y a las tareas de combate a la inseguridad y el delito, valorando sus profundas causas sociales. Los resultados fueron muy pobres.

La percepción del 52% de los jaliscienses es que ninguna zona del área metropolitana de Guadalajara es segura, y otro 24.7% estima que muy pocas zonas de la ciudad son seguras. Eso dice la encuesta que sobre el problema dio a conocer el miércoles 12 de septiembre del 2018 el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. También el 80 por ciento de los encuestados consideró que en el transcurso de 2018 la inseguridad aumentó.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Inseguridad, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dada a conocer el martes 25 de septiembre del 2018, concluye que 73.6% de los jaliscienses se siente inseguro en su colonia o localidad. Al evaluar los principales problemas de Jalisco, 63 de cada 100 personas de 18 años y mayores se quejaron de que lo que más les agobia es la inseguridad.

Este miércoles 20 de marzo del 2019 Alfaro Ramírez reconoció la dimensión de un gravísimo problema que tendrá que resolver. “Esta es la verdad, estos son los números que están a partir del día de hoy a disposición del pueblo de Jalisco, para saber el tamaño real del problema (de los desaparecidos), a partir de las denuncias que se han presentado. Hay en efecto, una cifra negra que es difícil calcular porque no tiene denuncias, pero esta es la información a partir de la cual inicia el trabajo (…) la verdad es que el tamaño del problema es que hoy nos falta en Jalisco siete mil 117 personas”.

También, para iniciar, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dicen que en Jalisco se cometieron en enero del 2019 un total de 232 homicidios dolosos y en febrero del 2019 aumentaron a 262, las cifras más altas de los últimos 22 años.

Como usted puede comprobar, del dicho al hecho, en palabra de político, la distancia suele ser enorme.