Partidiario

Criterios

Si bien el presidente tiene responsabilidad en que ahora se vea con recelo o bajo sospecha al periodismo, y al periodista mismo, por aquello de prensa “fifí” y “hampones” que reciben millones por publicidad o por “información”, entre otros calificativos y descalificaciones, no son menos culpables los medios que han nacido y vivido a expensas y para servir a los gobiernos en donde frecuentemente son sus reporteros o columnistas los agentes publicitarios o simples propagandistas, susceptibles de soborno.

En todo esto no hay gran novedad. La novedad es que sea el mismo Andrés Manuel López Obrador quien haga pública la complicidad que viene de muchos sexenios atrás, desde aquellos gobiernos posrevolucionarios, de los gobiernos populistas de Luis Echeverría y José López Portillo que repartían dinero a diestra y siniestra, y que él admira y hoy lleva a la práctica, lo mismo que ocurrió, cuánto más cuánto menos, en los regímenes conservadores y neoliberales que AMLO fustiga y ahora pretende enmendar.

El reparto de dádivas, chayotes, se dieron primero en sobres cerrados; después, ya modernizados, depositaban en sus cuentas bancarias; luego, las compensaciones se dieron vía publicidad –mucha publicidad– con una comisión del 15 por ciento y, al mismo tiempo, se repartían bienes en especie: concesiones de transporte como permisos de taxi, de camiones de pasaje, jefaturas de prensa, o cargos menores, y hasta permisos para giros negros.

La última modalidad que se conoció fueron presidencias municipales y diputaciones. Tiempos en que el Revolucionario Institucional todo lo podía. Esa tentación de maniatar y tapar bocas migró también hacia gobiernos panistas, al menos en Jalisco, aunque en menor medida.

En la práctica, los gobernantes han ejercido, a nivel nacional y estatal, una forma de control de la libertad de expresión, a base de dádivas, de convenios, de arreglos en la mesa y bajo la mesa con dueños de medios, periodistas o seudoperiodistas que se han dedicado a lucrar.

En el reparto discriminatorio de recursos en general, se puede explicar el porqué de tantas noticias que se difunden con sello oficialista, convenenciero, sin que se conozca la verdad. Ahí está, en gran medida el origen de la creciente e incontenible corrupción en todos los rincones del país.

Entregada vía transparencia por la Presidencia de la República, el diario Reforma difundió la semana pasada una lista de 36 personas físicas y medios informativos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto –catalogado como uno de los más corruptos de los últimos tiempos– recibieron mil 81 millones de pesos por publicidad oficial (1.8 %), de los 60 mil millones que se gastó en comunicación social.

No obstante, aunque se dan nombres y cantidades de los beneficiarios, no se distingue quiénes recibieron tal cantidad por publicidad, “asesoría de imagen”, “información” u “otros servicios”, y meten en el mismo paquete a varios periodistas que sí recibieron una paga pero por anuncios o banners comprobables en ciertas páginas electrónicas, unas más y otras menos reconocidas. Las más sin “visitas” de lectores que lo justifiquen.

Hay que considerar, además, que en este listado selectivo –del que el vocero de AMLO, Jesús Ramírez, había adelantado 15 nombres en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a principios de marzo–, no aparecen más nombres de los supuestos mil 600 o más de dos mil  presuntamente inscritos como proveedores, entre quienes hay reporteros, articulistas, columnistas, intelectuales.

Entre todos estos puede haber quienes sí son auténticos proveedores de servicios y quienes se cubren con el nombre de alguna empresa creada exprofeso para tener justificación de cobro determinado por el hecho de ser o haber sido “reportero de la fuente” de algún medio de relativa importancia. Claro, ese sujeto entre más expuesto está en radio y televisión, o ambos, mayor paga oficial, con la condición implícita del derecho (del pagador) de ser citado, bien tratado en radio televisión o diario –ahora en redes sociales y páginas web.

El primer listado que se dio a conocer por recibir grandes pagos –lo mencionamos en este espacio el 7 de marzo– fueron: Oscar Mario Beteta, Joaquín López Dóriga, Raymundo Riva Palacio (Eje Central), Ricardo Alemán, Adela Micha, Pablo Hiriart, Jorge Fernández Meléndez, José Cárdenas, Rafael Cardona, Francisco Garfias, Francisco Cárdenas Cruz, Salvador García Soto, Eduardo Ruiz Healy, Francisco Santiago, quienes recibieron, en orden descendente, de 77 millones a 2 millones de pesos.

Ahora sumaron los siguientes, cuyos ingresos oscilaron entre los 2 millones y los 144: Federico Arreola (SDP-Noticias), Paola Rojas, Ricardo Rocha, Beatriz Pagés, Marco Antonio Mares, Maru Rojas, Martha Debayle, María Yazmín Alessandrini, Enrique Krauze (Editorial Clío y Letras Libres) José Ureña, Nino Canún, Guillermo Ochoa, Jesús Michel, Luis Soto, Roberto Rock, Raúl Sánchez Carrillo, Francisco García Davich, J. Jesús Michel, Eunice Ortega, María Salazar, César Romero, Francisco Rodríguez, Alberto Vega, Ramón Alberto Garza (Reporte Índigo-Código Magenta) y Daniel Moreno (Animal Político).

Como se ve, varios de los comunicadores citados tienen algún medio de difusión, impreso o  digital conocido. Y han hecho contratos específicos de publicidad abierta, no encubierta con el gobierno.

Lo que sí se puede discernir es que hay algunos mencionados que se han distinguido por sus críticas, no sin fundamento, a la 4-T, y eso a esta le resulta intolerable. A los más, les pagan, o pagaron, por estar bien alineados.

Los demás tienen sus columnas, ciertamente, y algunos sus sitios web pero no suficientemente conocidos, por lo que nos preguntamos cómo es que a éstos les dan, o les daban, contratos de “publicidad” por millones, en tanto hay medios muy reconocidos y leídos, en físico y en lo virtual (Proceso, v.gr.), y se les castiga con aquello de López Portillo: “No te pago para que me pegues”.

Cómo sí se premia con tantísima publicidad a las televisoras (Televisa, Televisión Azteca y Estudios Churubusco Azteca) –y a algunos de sus protagonistas– que se llevan alrededor de 30 por ciento de lo presupuestado para los medios, sin conocerse hasta ahora los criterios del reparto tan desigual.

Aquí es donde cualquier ciudadano se puede explicar, como ya lo mencioné antes, la sujeción de los medios al gobierno y sus gobernantes: porque quien paga, manda. Pero pagan con el dinero de todos. Es aquí, con este maiceo, donde se pierde la línea, y hasta el recato entre el periodismo y el poder. Son los mercaderes de la información sin ápice de ética.