Hay algo profundamente indignante en tener que demostrar todos los días que uno merece existir. En Honduras, donde la desigualdad, la discriminación y la indiferencia parecen haberse instalado en nuestra cotidianidad, ser una persona trans significa enfrentarse a una batalla que nunca debió existir. Una batalla que no elegimos, pero que terminamos librando en nuestras familias, en las calles, en las instituciones y hasta frente a un documento de identidad.
Mientras algunas personas pueden vivir sin que nadie cuestione quiénes son, nosotros debemos explicar constantemente nuestra existencia, como si nuestra identidad fuera un engaño que necesita ser refutado o una amenaza que debe ser controlada. Y yo me pregunto: ¿en qué momento una sociedad decidió que tenía derecho a cuestionar la identidad de otra persona? ¿Quién le otorgó al Estado, a las iglesias o a cualquier ciudadano la autoridad moral para determinar quién merece ser reconocido y quién debe permanecer invisible?
Como hombre trans, me resulta indignante que todavía tengamos que discutir asuntos tan elementales como nuestro nombre, nuestra identidad y nuestro derecho a vivir con dignidad. No me indigna solamente la discriminación; me indigna la naturalidad con la que se ejerce, el silencio con el que se tolera y la facilidad con la que se justifica. Porque cuando una sociedad convierte la existencia de determinadas personas en un debate permanente, no está defendiendo seus valores: está demostrando hasta qué punto ha normalizado la desigualdad.
La exclusión de las personas trans no comienza en los tribunales ni termina con la ausencia de una ley. Comienza mucho antes, cuando una familia considera que reconocer la identidad de uno de sus integrantes representa una vergüenza; cuando una escuela permite que la humillación se disfrace de broma; cuando un empleador decide que nuestra identidad pesa más que nuestras capacidades; o cuando un funcionario público cree tener derecho a cuestionarnos antes de cumplir con su responsabilidad. Son violencias que muchas veces no dejan marcas visibles, pero que van construyendo una sociedad donde algunas personas deben pedir permiso para ocupar espacios que pertenecen a toda la ciudadanía.
Y lo más preocupante es que se espera que aceptemos estas situaciones con paciencia, que comprendamos los prejuicios ajenos, que no incomodemos demasiado y que agradezcamos cualquier gesto mínimo de respeto. ¿Por qué siempre se nos exige comprensión a quienes enfrentamos la discriminación y tan pocas veces se exige responsabilidad a quienes la ejercen? ¿Por qué debemos educar constantemente a quienes nos niegan, mientras las instituciones continúan reproduciendo las mismas prácticas?
No quiero una sociedad que simplemente aprenda a tolerarnos, porque la tolerancia puede esconder una forma de superioridad: quien tolera parece reservarse el derecho de decidir hasta dónde permite la existencia del otro. Quiero una sociedad que comprenda que nuestra dignidad no depende de su aprobación. No somos visitantes en Honduras, no somos una excepción dentro de la ciudadanía y mucho menos somos personas que deban agradecer por recibir derechos que nunca debieron ser cuestionados.
Pero hay algo que vuelve todavía más difícil de justificar esta realidad: Honduras ya cuenta con dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por graves violaciones de derechos contra mujeres trans. La primera, en el caso de Vicky Hernández y otras vs. Honduras, emitida en 2021, declaró la responsabilidad internacional del Estado por violaciones relacionadas con su muerte y estableció, entre otras medidas, la obligación de adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género.
La segunda, en el caso de Leonela Zelaya y otra vs. Honduras, emitida en octubre de 2025 y notificada en enero de 2026, declaró la responsabilidad estatal por detenciones arbitrarias y discriminatorias, por el desconocimiento de su identidad de género durante la investigación de su muerte y por la falta de una investigación diligente. Dos mujeres trans, dos historias atravesadas por la discriminación y dos sentencias que obligan a mirar de frente las responsabilidades del Estado hondureño.
¿Cuántas sentencias internacionales necesita Honduras para comprender que las personas trans somos sujetos de derechos? ¿Cuántos años deben pasar para que las obligaciones jurídicas se conviertan en garantías reales? ¿Por qué tiene que intervenir un tribunal internacional para recordar algo tan elemental como el respeto a nuestra dignidad? Estas decisiones no deberían quedar reducidas a documentos que se citan en informes o se recuerdan durante conmemoraciones. Son recordatorios de las consecuencias de la discriminación y de la responsabilidad que tienen las instituciones de prevenirla, investigarla y repararla. El reconocimiento jurídico de nuestra identidad no es una concesión política ni un favor administrativo; es una cuestión de derechos humanos. Nuestra existencia no está incompleta porque nuestros documentos no reflejen quiénes somos. Lo que continúa siendo insuficiente es la respuesta institucional para garantizar nuestro reconocimiento en igualdad de condiciones.
Y también quiero cuestionar algo que pocas veces se dice con suficiente fuerza: ¿por qué nuestra existencia incomoda tanto? ¿Qué amenaza representa un hombre trans que exige ser reconocido como hombre o una mujer trans que reclama vivir con dignidad? ¿Qué pierde realmente la sociedad cuando una persona puede ejercer sus derechos sin esconder quién es? Durante años se han utilizado argumentos religiosos, culturales y morales para presentar nuestras identidades como un problema, mientras se guarda silencio frente a muchas de las injusticias que verdaderamente destruyen vidas.
No cuestiono el derecho de nadie a tener creencias; cuestiono que esas creencias pretendan convertirse en normas obligatorias para toda la población. La libertad religiosa no debería significar libertad para discriminar, ni la defensa de la familia debería utilizarse como argumento para excluir a quienes también formamos parte de familias hondureñas. Como hombre trans, tampoco quiero que mi identidad sea reducida a una historia de sufrimiento o a una explicación interminable sobre mi vida. No tengo que contar mis heridas para demostrar que merezco respeto, ni convertir mi intimidad en un testimonio público para convencer a alguien de que soy un hombre. Mi masculinidad no necesita la autorización de otros, como tampoco necesita reproducir el machismo para ser legítima. Soy un hombre trans, pero también soy una persona que piensa, cuestiona, trabaja, construye y sueña con un país distinto. Y me niego a aceptar que nuestra única posibilidad de ser escuchados sea hablar desde el dolor. Tenemos derecho a existir también desde la alegría, el amor, el conocimiento, la participación y la libertad.
Desde mi experiencia en la defensa de los derechos humanos y en el trabajo de documentación de la violencia, hay una contradicción que me resulta especialmente dolorosa: muchas veces parece que las personas trans adquirimos visibilidad pública solamente cuando somos asesinadas. Nuestros nombres aparecen en expedientes, nuestros cuerpos se convierten en cifras y nuestras historias son reducidas a circunstancias de violencia. Los casos de Vicky Hernández y Leonela Zelaya nos obligan a cuestionar precisamente esa realidad. Sus nombres hoy forman parte de la jurisprudencia interamericana, pero antes fueron mujeres con historias, relaciones, aspiraciones y una vida que merecía protección.
¿Dónde estaba la responsabilidad institucional cuando estaban vivas? ¿Por qué el reconocimiento de sus derechos tuvo que atravesar años de exigencias de justicia? Documentar cada muerte violenta es indispensable para combatir la impunidad, pero también debemos preguntarnos qué estamos haciendo para transformar las condiciones que permiten la discriminación. Una persona trans no debería tener que morir para que su existencia sea reconocida como un asunto de derechos humanos. Tampoco podemos permitir que la memoria de quienes han sido asesinadas se convierta únicamente en una estadística que se menciona durante una conmemoración y después se olvida. Cada vida representa una historia que merecía continuar y una obligación de protección que debe ser examinada. Me preocupa profundamente que Honduras se acostumbre a contar nuestras muertes sin preguntarse con la misma insistencia cómo garantizar nuestras vidas. Porque la dignidad no puede comenzar después de la muerte y la justicia no debería llegar solamente cuando el daño ya es irreparable.
No escribo estas palabras para pedir lástima ni para convencer a quienes han decidido que nuestra identidad merece menos respeto. Las escribo porque estoy cansado de que se presente como controversial algo tan elemental como reconocer la dignidad humana. Porque me niego a aceptar que las próximas generaciones de personas trans tengan que heredar las mismas humillaciones, los mismos obstáculos jurídicos y las mismas preguntas que nosotros hemos enfrentado.
Honduras ya tiene dos sentencias internacionales que deberían provocar una reflexión profunda sobre la manera en que sus instituciones han tratado a las personas trans. ¿Qué más necesita suceder para que el reconocimiento de nuestra identidad deje de ser una deuda? ¿Cuánto tiempo más vamos a confundir la discriminación con una opinión respetable y la exclusión con una tradición que debe conservarse? Una democracia no puede medirse únicamente por sus elecciones, sus instituciones o sus discursos, sino también por su capacidad de garantizar derechos a quienes históricamente han sido excluidos. El derecho a existir no debería ser una batalla. No debería ser necesario resistir todos los días para obtener aquello que otras personas reciben sin cuestionamientos. No queremos que nos permitan existir bajo condiciones, que nos toleren mientras guardamos silencio o que nos reconozcan únicamente cuando nuestra muerte se convierte en noticia. Queremos vivir, construir nuestras historias y ejercer nuestra ciudadanía sin pedir autorización. Y si algo debería incomodar a Honduras, no es que existamos personas trans, sino que todavía tengamos que luchar para que se respeten nuestros derechos.
Porque después de dos sentencias internacionales, la pregunta ya no es si el Estado conoce sus responsabilidades, sino qué está haciendo para cumplirlas. No estamos luchando para que nos permitan existir: estamos cuestionando por qué nuestra existencia sigue siendo tratada como si necesitara permiso.
