La falsa dicotomía del caso Venezuela: Defender los Derechos Humanos vs “apoyar” a Maduro

Desde los pasillos del Foro Económico Mundial de Davos y con la inmediatez que permite la diplomacia digital de Twitter se hicieron presentes, el pasado 23 de enero, una tras otra, las declaratorias de apoyo a la auto-juramentación de Juan Guaidó como presidente “encargado” de Venezuela por parte de los países del Grupo de Lima creado en agosto de 2017 con el publicitado objetivo de buscar una salida pacífica al desarrollo de los eventos en la política doméstica de aquél país. En cuestión de horas, la crónica del anunciado agravamiento de la crisis venezolana y las opciones de reacción respecto a ella se redujeron a la falsa pero atractiva dicotomía: defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano vs apoyo al enquistado régimen madurista.

Esta rígida visión dicotómica, fue retomando fuerza hace algunas semanas enarbolada por las declaraciones de personajes como “Mike” Pompeo Secretario de Estado de Estados Unidos y Luis Almagro Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) quienes han ido construyendo un discurso a todas luces maniqueo que plantea sólo dos avenidas de (re)acción: o se decide “alentar” un proceso de “redemocratización” del país petrolero (en palabras del propio Almagro) o se elige la vía de una indolente “defensa” del gobierno de Nicolás Maduro y se es, por lo tanto, indiferente a sus prácticas represivas y a la realidad de la crisis humanitaria que vive el país petrolero.

Por desgracia para el pueblo venezolano, es tan simplista la visión que dibuja a países como el nuestro como apologistas del gobierno de Maduro como son ingenuas las voces que se decantan por retratar el actuar de la OEA y de países como Estados Unidos o Brasil como los atentos defensores y promotores del orden constitucional y democrático venezolano.

Precisamente, la falsa dicotomía estriba en presentar el conflicto de posturas como si éste radicara entre dos principios de alto valor universal: la defensa de los derechos humanos y la democracia vs el principio de no intervención y por tanto la continuación del “reconocimiento” del gobierno madurista. Aquí hay que apuntar claramente que ni condenar las violaciones a los Derechos Humanos es per se injerencista, ni el apoyo a la “redemocratización” de Venezuela mediante el apoyo a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente “encargado” es una defensa de la libertad del pueblo venezolano.

Sobre el tema del principio de no intervención, es claro que es un precepto de un alto valor universal pues busca el establecimiento de límites respecto a formas de influencia permisibles o no entre los Estados. Se basa en las nociones de la regulación de la conducta de entre pares, que son por tanto iguales jurídicos. Sin embargo, es claro también que principios universales y en el caso de México también constitucionales como éste dan cabida a distintos criterios interpretativos al momento de su puesta en práctica. En este sentido, sería impensable concebir un mundo de relaciones diplomáticas sin ningún tipo de confrontaciones y sin la posibilidad de tomar postura para condenar o avalar acciones de otros Estados.

Es pues posible emitir posturas condenatorias, por ejemplo, a graves violaciones a los derechos humanos o entorno a la erosión de los principios y procesos democráticos en otros países sin que esto sea necesariamente un acto injerencista. México lo ha hecho antes y puede hacerlo de nuevo. Es en ese punto donde la postura de la cancillería se presenta como tibia. Esto es porque en el caso Venezuela, adherirse a la postura del Grupo de Lima sería suscribir el apoyo de México más bien a un intento de injerencia para provocar un cambio sistémico en otro país latinoamericano. Ahí es donde radica la verdadera dicotomía: validar la intromisión de intereses, financiamiento y presiones externas para provocar un cambio de gobierno en un país latinoamericano ¿o no hacerlo?

Contrario incluso al espíritu del Compromiso de Santiago de 1991 y de la Carta Democrática Interamericana de 2001, lo que estamos atestiguando en Venezuela es un caso de instrumentación de una intervención sistémica dirigida a cambiar el régimen político apuntalado por el apoyo de un país con el historial de Estados Unidos y un gobierno como el de Trump que ha demostrado en repetidas ocasiones que su administración utiliza la defensa de los derechos humanos como estandarte cuando es conveniente a sus intereses y cuando no lo es, el tema se guarda en el cajón.

Ya desde el pasado 4 de enero en la Declaración del Grupo de Lima con Estados Unidos como vocal acompañante se planteaba proceder con el congelamiento de cuentas y activos financieros de personajes afines a Maduro y pedía la suspensión de líneas de crédito al país sudamericano, al tiempo que hacía un llamado a otros países fuera de dicho grupo a adoptar medidas semejantes. El día de ayer, 24 de enero, John Bolton asesor de seguridad de la Casa Blanca dejó entrever que el gobierno de los Estados Unidos buscará desarrollar mecanismos para que la renta petrolera deje de llegar a manos de Maduro1. “Mike” Pence el Vicepresidente mancuerna de Trump anuncia, además, que ya se prepara la canalización de un cuantioso paquete de ayuda humanitaria a entregarse a Guaidó. EEUU desconoce también la facultad del gobierno de Maduro de decidir sobre la expulsión de su cuerpo diplomático y se niega a respetar el plazo de 72 horas para que su delegación completa abandone el territorio venezolano pidiendo se quede el personal de emergencia.

Ante la escalada en las tensiones azuzada por la hegemonía estadounidense sería irresponsable no señalar que estas acciones pueden degenerar en nuevas tragedias humanitarias. Posturas como la de la Unión Europea o las Naciones Unidas tienen en cuenta que debe encontrarse una solución negociada entre las partes interesadas, deben interponerse los buenos oficios de organismos internacionales sin el historial de la OEA y debe llamarse a la negociación responsable no a catalizar desde el exterior un cambio de gobierno, la división de las lealtades de las Fuerzas Armadas venezolanas ofreciendo amnistías y el financiamiento de grupúsculos diversos tendientes a la violencia. Ese juego es peligroso y abona no a la democratización o la salida de un régimen indefendible sino a incendiar un ambiente social que ya se encontraba en vilo.

@tzinr