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La fragilidad del superdelegado de AMLO en Jalisco

La fragilidad del superdelegado de AMLO en Jalisco

Puntos y Contrapuntos

Criterios

 

Si la cuarta transformación de la República anunciada por Andrés Manuel López Obrador termina fusionándose en Jalisco con la presunta refundación promovida por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, muchos morenistas tendrían que empezar a resignarse y a perder toda esperanza.

Los signos que anuncia el porvenir, en las decisiones que ha tomado en fecha reciente el Congreso de Jalisco, no son el mejor augurio de que algo pueda cambiar de fondo en nuestra entidad, donde podrían reiterarse y profundizarse algunas conductas perniciosas que afectan y desencantan a la sociedad.

El pasado persigue y acusa al superdelegado del gobierno federal en la entidad, Carlos Lomelí Bolaños, quien podría terminar como rehén de la administración del emecista Alfaro Ramírez, por sus propios pecados o por los que podría sumar a Morena si incorpora, como se presume, a priistas impresentables que estarían dispuestos a todo con tal de sobrevivir en algún puesto de relativa importancia, que les garantice la esperanza de poder competir por algún cargo de elección popular en los comicios del 2021.

En política las casualidades y los hechos fortuitos no existen. El pasado lunes 28 de enero del 2019, a propuesta del gobernador emecista Enrique Alfaro Ramírez, el Congreso de Jalisco reeligió para un periodo más de cuatro años como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, al abogado Ricardo Suro Gutiérrez.

Suro Gutiérrez llegó al cargo para su primer cuatrienio, a propuesta del anterior gobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el jueves 27 de noviembre de 2014, cuando el Congreso de Jalisco lo nombró por primera vez fiscal electora, para iniciar su responsabilidad el martes 13 de enero de 2015.

El fiscal electoral es medio hermano del actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves, quien fue promovido a magistrado por el exgobernador priista Sandoval Díaz.

Jorge Aristóteles y su padre, el magistrado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, encumbraron a Suro Esteves en la máxima instancia del Poder Judicial en 2016 y 2018, para dos periodos consecutivos de dos años.

¿Qué extraño interés comparten el exgobernador Sandoval Díaz, el actual mandatario Alfaro Ramírez, así como las bancadas de diputados de Morena y del PRI en el Congreso de Jalisco, para haber hecho posible que Suro Gutiérrez fuera ratificado por el voto unánime de los 37 diputados presentes en la sesión del pleno del pasado lunes 28 de enero del 2019?

¿Acaso se habría ejercido alguna presión sobre los diputados de Morena y del PRI para que respaldaran a Suro Gutiérrez? ¿Cuáles son las afinidades, coincidencias o compromisos que los diputados de Morena y del PRI tienen con Suro Gutiérrez?

El 15 de febrero de 2017 el periódico Mural reseñó que ninguna de las 98 denuncias que recibió la Fiscalía Especial en Materia de Delitos Electorales de Jalisco, derivadas del proceso electoral 2014-2015 en la entidad, fue consignada ante algún juez, según reconoció Ricardo Suro Gutiérrez, fiscal electoral del Estado. Por supuesto, en esa ocasión tampoco avanzó alguna denuncia o queja contra el magistrado Sandoval Figueroa –padre del exgobernador Sandoval Díaz– por su activismo en favor del PRI.

El martes 26 de junio del 2018 el reportero de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, Christian Rodríguez, publicó en la página de internet de ese medio de comunicación que desde el sábado 1 de septiembre del 2017 –día en que inició el proceso electoral en Jalisco– hasta el lunes 25 de junio del 2018, se habían abierto en la entidad 67 carpetas de investigación por actos que podrían lesionar o ponen en peligro el adecuado desarrollo de los comicios del domingo 1 de julio del 2018, informó el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado, Ricardo Suro Gutiérrez.

¿Ha sabido usted que algún presunto delincuente electoral haya sido consignado en Jalisco y puesto a disposición de algún juez?

Es extraño que un fiscal electoral, como el de Jalisco, se haya mostrado tan institucional y benévolo durante los procesos electorales de 2015 y 2018, en los que no les ha obsequiado a los jaliscienses la oportunidad de ver el severo rostro de la ley.

 

¿FAVORCITO?

El mismo lunes 28 de enero del 2019 los partidos PRI y Morena lograron detener una iniciativa de los diputados de Movimiento Ciudadano (son 16 legisladores) que pretendían instruir a la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) para que programara una auditoría especial al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL).

La Comisión de Vigilancia del Congreso local, presidida por la diputada emecista Mirza Flores Gómez, pretendía someter a votación una iniciativa para que, a través de la ASEJ, se realizara una fiscalización especial a las cuentas del IPEJAL, desde 2015 a 2017, por diversas anomalías.

Con el argumento de que asesores del PRI y de Morena pretendían hacer un análisis detallado de la propuesta, la iniciativa fue bloqueada, con la anuencia de Movimiento Ciudadano.

El gobierno de Alfaro Ramírez tiene mucho que investigar en el Instituto de Pensiones del Estado. Y para tal propósito tendría que ser muy exigente con la contralora de Jalisco, Teresa Brito Serrano, quien de abril de 2016 hasta diciembre del 2018 colaboró con el priista Sandoval Díaz y fue ratificada en el cargo por la nueva administración de Movimiento Ciudadano.

Igual exigencia debería plantearse la Comisión de Vigilancia del Congreso estatal, de quien depende la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, responsable de fiscalizar todo el gasto público en la entidad.

De entrada, podrían hacer una minuciosa revisión de las riesgosas inversiones del IPEJAL, que destinó 515 millones de pesos para la Villa Panamericana en 2011, elefante blanco cuyos departamentos no pueden venderse por resolución del Tribunal de lo Administrativo que lo impide, debido a que se construyó en condiciones irregulares.

Habría que investigar qué ha pasado con los 89 millones de dólares que IPEJAL aportó para el proyecto turístico de Chalacatepec en la costa de Jalisco, que ascendería a mil 780 millones de pesos, a un tipo de cambio promedio de 20 pesos por dólar. Ese proyecto sigue en suspenso.

El 10 de mayo de 2016 Mural publicó que el IPEJAL habría invertido otros 604 millones de pesos en el proyecto del acueducto de la presa El Zapotillo, en Los Altos, para surtir de agua a la ciudad de León, Guanajuato, concesionado a la empresa Abengoa. Esta última inversión se habría realizado en octubre de 2015 y también tendría un dudoso desenlace.

En tanto que el pasado 6 de diciembre de 2018, Juan Pelayo Ruelas, líder sindical de la burocracia estatal en Jalisco, reconoció ante el reportero Mario Ávila, de la revista Conciencia, que había otros mil 600 millones de pesos del IPEJAL en riesgo de no ser recuperados, que se invirtieron en Transportes Marítimos Mexicanos.

 

CASO LOMELÍ

Sin embargo, hay otros casos del IPEJAL que podrían involucrar de manera directa a Morena y en particular al superdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, quien tendría grave conflicto de intereses entre sus actividades empresariales y sus responsabilidades de presunto servidor público.La fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco denunció compras a sobreprecio, a través de contratos entre el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y la empresa abastecedora de medicinas Abisalud, que vinculó al Grupo Lomedic, de Carlos Lomelí, para destinar los recursos a campañas de candidatos por Morena en Jalisco, publicó el pasado 28 de mayo del 2018 el periódico Mural.

El diputado Salvador Caro Cabrera, que entonces era coordinador de la diputados de MC y quien se reeligió en el mismo cargo en los pasados comicios del domingo 1 de julio del 2018, sostuvo que el contrato se firmó a finales del 2016 por un monto de 501 millones de pesos, pero fue en el transcurso de 2017 y 2018 cuando se comenzaron a abastecer insumos médicos a sobreprecio.

Según documento presentado por Caro Cabrera, de los 271 medicamentos, 31 registraron irregularidades por 30 millones de pesos, entre los que destacaba el Omeprazol, que se vendió con una ganancia de mil 59 por ciento

El legislados local emecista dijo que de acuerdo a un comparativo, el Omeprazol de 40 miligramos “Ulsen”, caja de 14 cápsulas, tenía como precio de referencia 217.42 pesos; al menudeo se vendía en 306 pesos en cadenas comerciales, pero Abisalud lo cobraba en dos mil 520 pesos. Adicionalmente se mencionaba que el contrato establecía la compra de 171 cajas de ese producto y el IPEJAL obtuvo 10 mil cajas.

De esas anomalías Caro Cabrera responsabilizaba al extitular de la Secretaría de Salud (SSJ) en el gobierno del priista Sandoval Díaz, Antonio Cruces Mada y a los candidatos de Morena en 2018: Carlos Lomelí Bolaños, para la gubernatura, y José Hiram Torres Salcedo, para la alcaldía de Zapopan. A Torres Salcedo lo identificó como socio y administrador de Abisalud.

Unos días después, el miércoles 30 de mayo del 2018, Mural regresó al tema y publicó que el IPEJAL simuló en 2016 en la licitación de 454 medicamentos, pues para la adquisición usó como referencia precios de dos empresas “hermanas” de Abisalud, el proveedor adjudicado.

Las compañías de referencia fueron Lomedic y Grupo Quiropráctico del Bajío S. A. de C. V., que, junto con Abisalud, estarían ligadas a Carlos Lomelí Bolaños, entonces candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia (encabezada por Morena) al gobierno de Jalisco.

Refería el periódico que en trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Abisalud, que tenía como accionista a Torres Salcedo, candidato de Morena a la alcaldía de Zapopan, señaló como domicilio la calle Chicle 205, interior 2, en la Colonia Paraísos de El Colli; la misma dirección que registró Lomedic, pero con interior 1. Lomelí Bolaños es socio mayoritario de Lomedic, según el Registro Público del Comercio.

La relación de Grupo Quiropráctico del Bajío con Lomelí Bolaños era a través de su sobrino Mario Vargas Lomelí –advertía la nota–, quien recibió de la empresa un poder general judicial el 20 de junio de 2016 y le fue revocado el 8 de mayo de 2017.

El contrato hasta por 501 millones de pesos para el suministro de medicamentos al IPEJAL se le asignó a Abisalud el 17 de noviembre de 2016. Según auditoría de la Contraloría interna del IPEJAL, la compra registró un sobreprecio de 29.3 millones de pesos en 31 medicamentos.

Se puso como ejemplo el Omeprazol de 40 miligramos “Ulsen”, caja de 14 cápsulas, cuyo precio al menudeo en establecimientos (Farmacias del Ahorro) era de 306 pesos, en tanto que Abisalud lo cobró a 2 mil 520 pesos.

La historia de Lomedic en el mercado de los medicamentos está registrada en medios de comunicación por lo menos desde 2008. Grupo Reforma señala que ha sido proveedor importante del Seguro Popular en Jalisco y de los Hospitales Civiles de Guadalajara, así como de los gobiernos de Colima, Nayarit y Aguascalientes, según nota publicada el 3 de octubre del 2008.

En la misma información se advierte que Lomedic, creada en 1999, facturaba 45 millones de pesos mensuales y principalmente vendía medicamentos como Paracetamol y Omeprazol.

¿Cuál es el recelo de Morena y PRI para que se audite a fondo el IPEJAL? ¿Tendrán acaso temor de que se descubra alguna situación irregular que afecta al exgobernador Sandoval Díaz, a sus colaboradores y al actual superdelegado del gobierno federal Lomelí Bolaños? ¿Terminará el superdelegado de López Obrador en Jalisco como rehén del gobernador Alfaro Ramírez?

Lo único real es que, por sus antecedentes en la comercialización de medicamentos y las oscuras presunciones que sobre sus negocios le han acompañado desde hace por lo menos 11 años, Carlos Lomelí Bolaños es un representante muy vulnerable y frágil del gobierno de la cuarta transformación en Jalisco.

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