Como herencia para los jaliscienses, los últimos gobiernos han tomado como forma válida de sus antecesores sus peores vicios, realizando un gran esfuerzo para coincidir en la visión desvirtuada de la función pública.
La constante del gobierno de Emilio González fue la depredación, además de utilizar la función pública para obtener beneficios de acciones ilícitas, como fue asociarse en complicidad con la delincuencia organizada, razón por la que entidades como la Secretaría de Seguridad Pública operó en beneficio primero del Cártel de Sinaloa y posteriormente del Cártel Jalisco, además de convertir los reclusorios en un gran negocio operado como autogobierno al entregarse a la delincuencia organizada su administración, del que era participe de primer nivel un hermano de Emilio como lo registro en su oportunidad el periódico Mural.
La Procuraduría de Justicia fue señalada constantemente por los abusos que cometieron el Procurador de Justicia y los funcionarios destacados entre los que destacaba el ex chofer de Emilio, quien fungía como director de la Policía Investigadora. En todo ello participaban activamente los hermanos de Emilio, de acuerdo a diversas publicaciones, como fue el caso de Proceso Jalisco. Entre otros hechos graves se les adjudicaron la desaparición de personas. Hubo muchos eventos graves que no registraron los medios.
Los negocios en adquisición de bienes y contrataciones de servicios no fueron la excepción, que se convirtieron en un verdadero bacanal de derroche de los presupuestos. A la vez que fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación de desviaciones de recursos, no solamente de las partidas asignadas, sino que para adquirir y construir bienes del rubro estatal, tipificando claramente delitos.
La utilización de recursos del Instituto de Pensiones hacia negocios como el de Chalacatepec, en el que estaban involucrados los principales funcionarios, significó una enorme pérdida para los trabajadores del Estado, otro de los grandes fraudes cometidos por ese gobierno.
Como calcados de ese gobierno los funcionarios de Aristóteles repitieron las mismas prácticas, sin dejar de considerar además que varios de los personajes eran los mismos, evidencia de una complicidad entre los dos gobiernos y de acuerdos inconfesables, no aclarados hasta la fecha por ninguna instancia de investigación o procuración de justicia.
La sustitución de las actividades de los hermanos de Emilio por el progenitor del nuevo gobernador, que usaron y abusaron del poder para asociarse con todo tipo de delincuentes, convirtiéndose en cómplices de delitos así como la manipulación de los órganos de seguridad pública y procuración de justicia o bien del Poder Judicial.
La intervención de la familia de Emilio se reeditó con Aristóteles Sandoval con la manipulación de funcionarios y la imposición de magistrados y consejeros no solamente del poder judicial, sino también de los órganos autónomos a través de un Congreso del Estado prostituido y sumiso, operado con el consenso y complicidad de los otros factores de poder y de sus representantes, los partidos políticos, que obtenían parte del botín.
Emilio no solo le dejó a su sucesor los personajes que desde las sombras alentaron y protegieron como actores o mensajeros los hechos delictivos, sino que también heredó su forma de actuar y su cultura de rapacidad. Sin esfuerzo se reprodujeron las conductas y los hechos que permitían a la delincuencia organizada actuar protegida, también heredaron sus gustos por la obra pública como recurso para dilapidar las finanzas del estado, desde luego con obras inútiles y de gusto discutible.
Las arcas públicas fueron despojadas de sus recursos en nombre de la salud pública, la educación, el agua potable y dilapidados los recursos de los servidores públicos. La obra pública fue un escándalo constante por la discrecional manera de otorgar las adjudicaciones y las quejas constantes de los constructores, por los porcentajes a que eran obligados a pagar.
Los bienes y servicios adquiridos a sobreprecio, muchos sin ninguna utilidad, fueron la norma. La administración ineficiente en la prestación de los servicios y sobrecargada de funcionarios con altos sueldos y de dudosa eficiencia y conocimiento del área que dirigían.
Ahora con una enorme deuda pública y señalamientos a los recursos estatales y federales, sobre ejercicios y obra mal ejecutada, amén de los miles de millones de pesos que se desconoce su destino, destacadamente de educación y salud con más de cinco mil millones cada una. Como consecuencia lógica la función corrompida y perdida en la ineficiencia, con crecimiento desorbitado de los delitos y la obligación primaria del estado de brindar seguridad a sus habitantes, convertida en agravio, por la impunidad delictiva y la utilización de la función para asociarse con los delincuentes. Desde la prevención social, pasando por la persecución del delito y la mal llamada rehabilitación que fuera pervertida con el autogobierno, que no fue otra cosa que entregar el control de los reclusorios a los propios delincuentes.
Y sin embargo la herencia, la escuela, se trasmite a otros partidos y personajes que habrán de ejercer la función pública en los siguientes periodos. Muchos de ellos ahora se convierten en protagonistas, a la vez que cargan con señalamientos de complicidad con los delincuentes, de quienes no es de esperar que su conducta cambie como milagro que los ilumine de valores éticos.
Si bien están a punto de retirarse los personajes que acentuaron los vicios, se aprestan a llegar otros con los mismos gustos por la depredación, la perversión de la función pública, la cortesanía y la ostentación, aprendices de conductas heredadas de otras épocas que creíamos desaparecidas.
