Puntos y Contrapuntos
Criterios
Cuando un político es sorprendido en alguna pillería, abuso, frivolidad o corruptela, elabora una explicación muy amplia y sofisticada para tratar de justificar su conducta.
Si sucede que tenga que acudir ante alguna instancia –política, administrativa, de procuración o de administración de justicia– para responder por su conducta, confía que siempre habrá algún colega acomedido que le ayude a encontrar algún hoyo negro en el infinito universo de la ley, por el cual pueda escabullirse para burlar a la justicia.
Pocos, excepcionalmente pocos, son los políticos que pisan la cárcel, y cuando así sucede es más como en una situación de sacrificio, para evitarle males mayores a su cofradía, que en el cumplimiento estricto de la aplicación de la ley.
Cuando así ocurre, tienen la suficiente paciencia para resignarse a estar un tiempo lejos de los reflectores, abrigados en la generosidad de algún amigo que los esconde por ahí en alguna nómina, donde no sean visibles, hasta en tanto se cumple el ciclo en el que la amnesia social cumple sus objetivos.
Estos accidentes, que la mayoría llamaría circunstanciales, que afectan a algunos políticos incrustados en el servicio público, pocas veces son ejemplificantes para moderar o cambiar conductas. Una amplia cofradía de políticos, que se sienten más listos que la mayoría de la gente, hasta toman como un desafío realizar una artimaña mejor, más elaborada y más eficaz para demostrar que sí se puede burlar la confianza de la gente sin que alguien lo note, lo que les exime de tener que rendir cuentas a la sociedad o a la justicia.
Es un círculo perverso, vicioso, que marca con singularidad la política en Jalisco y en el país, donde los que se sienten más listos, poderosos o protegidos por algún partido político o cofradía, violan reiteradamente la confianza de la gente.
Ejemplo palpable es el Congreso de Jalisco, donde el círculo perverso y malsano siempre se repite.
LAS MANCHAS
El enero de 2014 sucedieron hechos realmente escandalosos y el malestar social fue generalizado. Los rumores de la discordia llegaron hasta Casa Jalisco, donde vivía el entonces gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, pues se temía que los relámpagos fueran el premonitorio signo de poderosos rayos que podrían chamuscar a los priistas en los comicios del domingo 5 de julio del 2015, lo que fatalmente, para los tricolores, sucedió.
El malestar de un amplio segmento de la sociedad jalisciense se incendió el jueves 16 de enero del 2014 cuando con el voto de 20 legisladores, la ausencia de cinco, la oposición de 13 y una abstención, el pleno del Congreso de Jalisco acordó derogar el reglamento para el funcionamiento de las Casas de Enlace (en realidad eran disfrazadas casas de precampaña), lo que permitía que los diputados se llevaran a la bolsa 92 mil pesos cada mes, sin rendir cuentas y transparentar ese gasto.
Algunos de los que fueron partícipes de ese vergonzoso episodio aún andan activos en la política, cargando con la ominosa marca de la indignidad. Sus nombres seguramente le serán muy conocidos.
Los que en presencia o por ausencia consintieron el abuso fueron los panistas Elías Octavio Íñiguez Mejía, Gabriela Andalón Becerra, Jaime Ismael Díaz Brambila, José Gildardo Guerrero Torres, José Hernán Cortés Berumen, José Luis Munguía Cardona, Juan Carlos Márquez Rosas, Mariana Arámbula Méndez y Norma Angélica Cordero Prado.
Les secundaron los priistas Rafael González Pimienta, Héctor Pizano Ramos (quien saltó de las filas del PRI a Movimiento Ciudadano), Avelina Martínez Juárez, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Clara Gómez Caro, Gustavo González Villaseñor, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Idolina Cosío Gaona, Jaime Prieto Pérez, José Trinidad Padilla López, Juan Manuel Alatorre Franco, Martín López Cedillo, Miguel Hernández Anaya, Nicolás Maestro Landeros, Roberto Mendoza Cárdenas y el ecologista José de Jesús Palos Vaca.
Votaron contra el abuso y la opacidad los cinco diputados de Movimiento Ciudadano: Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, José Clemente Castañeda Hoeflich (actual senador de la República), Julio Nelson García Sánchez, Salvador Zamora Zamora (hoy presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga) y Verónica Delgadillo García (senadora en la actualidad).
Votaron también contra ese atraco los legisladores del PRD Celia Fausto Lizaola (actual becaria de la UdeG en España) y Edgar Enrique Velázquez González (actualmente diputado local); los panistas Alberto Esquer Gutiérrez (actual secretario de Agricultura y Desarrollo Rural), Juan José Cuevas García, Luis Guillermo Martínez Mora y Víctor Manuel Sánchez Orozco (este trienio es secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara); el legislador independiente (antes panista), Ricardo Rodríguez Jiménez, y sólo un priista salvó su decoro: Miguel Castro Reynoso (presidente de la Fundación Colosio del PRI en Jalisco en la actualidad). Se abstuvo de votar el priista Joaquín Antonio Portilla Wolf.
Sin embargo, el lunes 20 de enero del 2014, en lo que pretendió ser un rápido control de daños, el entonces dirigente estatal del tricolor, Hugo Contreras Zepeda, anunció que sus diputados locales renunciarían a esos 92 mil pesos mensuales para casas de enlace y que pugnarían porque ese dinero se reorientara en beneficio de algunas causas nobles.
Las famosas casas de enlace no eran más que disfrazadas casas de precampaña, que los legisladores utilizaban para hacer proselitismo permanente en sus distritos, con cargo a los contribuyentes.
Para que usted tenga una idea del despilfarro en esa 60 Legislatura, que transcurrió del jueves 1 de noviembre del 2012 al sábado 31 de octubre del 2015, recuerde los siguientes datos. Esos diputados locales recibían 304 mil pesos mensuales, desglosados de la siguiente manera: 107 mil pesos de su salario; 105 mil pesos para contratar personal en forma discrecional y fuera de nómina; además de los 92 mil pesos con los que, aseguraban, pagaban la operación de sus casas de enlace.
Desde el jueves 25 de abril del 2013 el periódico El Informador ya había documentado que 13 diputados locales, de los que cobraban 92 mil pesos mensuales adicionales, libres de polvo y paja, supuestamente para financiar las llamadas casas de enlace –en las que atenderían a sus presuntos representados–, eran unos simuladores, puesto que tales instalaciones no existían.
Otros tres legisladores aseguraron que tenían casas de enlace, pero al ser verificados los domicilios en los que presuntamente funcionaban, se comprobó que mintieron.
Únicamente 16 de los 32 diputados que cobraban ese dinero adicional tenían supuestas casas de enlace, que en realidad sólo servían para que sus colaboradores o aliados hicieran un muy anticipado proselitismo, pensando ya en las futuras campañas electorales y en los nuevos puestos públicos a los que aspirarían los presuntos representantes populares.
Otro hecho singular, pero muy concreto, ilustra la voracidad de la 60 Legislatura.
En el Presupuesto de Egresos para 2013, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el sábado 29 de diciembre del 2012, la partida destinada para el Poder Legislativo de Jalisco era de 603 millones 748 mil pesos. El sábado 16 de marzo del 2013 los diputados locales de Jalisco se aprobaron una ampliación presupuestal de 346 millones de pesos, para sumar un total de 949 millones 748 mil pesos. Un incremento del 57.30%, consentido por el entonces gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
IGUALITOS
El pasado lunes 4 de marzo de 2019, la portada del periódico Mural ilustró que dos legislaturas después, en la actual, la número 62, que transcurre del 1 de noviembre del 2018 al 31 de octubre del 2021, las cosas no han cambiado mucho, tampoco han mejorado y podrían estar peor.
La nota del reportero Martín Aquino advierte que “para obtener ‘hueso’ en el Congreso local no se requiere gran preparación, pues personas que sólo han concluido secundaria o bachillerato trabajan para los diputados con sueldos al mes de hasta 50 mil 526 pesos brutos”.
La nota refiere que con base en un acuerdo legislativo aprobado el 15 de noviembre de 2018, cada uno de los 38 diputados locales recibe al mes 134 mil 439 pesos para contratar, discrecionalmente, hasta 5 trabajadores supernumerarios y que, en el caso de los coordinadores de fracciones, tienen derecho a 4 más, que se pagan de una bolsa adicional.
Los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 62 Legislatura son el diputado de Movimiento Ciudadano Salvador Caro Cabrera; Bruno Blancas Mercado, de Morena; Mariana Fernández Ramírez, del PRI; Gerardo Quirino Velázquez Chávez del PRD; Óscar Arturo Herrera Estrada, del Partido del Trabajo y Rosa Angélica Fregoso Franco, del Partido Verde Ecologista de México.
Estos trabajadores se contratan a propuesta de los legisladores y no cumplen con algún requisito de escolaridad. El periódico documentó que 24 empleados apenas tenían educación secundaria o bachillerato y aparecían como “asesores”.
Entre el lunes 11 y el viernes 15 de febrero del 2019 Mural recorrió las oficinas de los 38 integrantes de la Legislatura 62, solicitando conocer a trabajadores eventuales, pero 20 no fueron encontrados ni se logró establecer comunicación telefónica con ellos, pese a que se solicitó.
De los supernumerarios “perdidos”, 15 están adscritos con diputados del PAN, cuatro con emecistas, y uno con el PT; los puestos que ostentan estos trabajadores, según la nómina del Legislativo, son de asesor legislativo, asistente parlamentario, auxiliar técnico, investigador, secretario ejecutivo, jefe de oficina o departamento, y analista.
SON CAROS
Si cada uno de los 38 legisladores recibe 134 mil 439 pesos libres para contratar personal a su gusto, la suma de esta nómina adicional representa 5 millones 108 mil 682 pesos mensuales, que cada legislador maneja en forma discrecional, sin rendirle cuentas a alguien de los criterios con los que gasta.
Los integrantes de la junta de coordinación política podrían contratar, cada uno de los seis diputados, cuatro trabajadores adicionales más, hasta sumar 9 empleados.
La suma de los 5 trabajadores que puede contratar cada uno de los 32 diputados de tropa, representa 160 supernumerarios.
Si agregamos los 9 trabajadores que puede contratar cada uno de los seis coordinadores de las fracciones legislativas, suman 54 supernumerarios.
En total, las contrataciones discrecionales de los diputados representarían 214 personas en condiciones presumiblemente irregulares.
Esos 214 trabajadores supernumerarios –contratados discrecionalmente por los 38 diputados locales de Jalisco– representarían una carga nominal de alrededor de 5 millones 753 mil 989 pesos mensuales y una suma anual de 69 millones 47 mil 870 pesos.
El congreso de Jalisco es uno de los más caros del país. Un estudio elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), dado a conocer viernes 1 de julio del 2016, ubicada a Jalisco como el quinto congreso estatal más caro del país, solo superado por los congresos de Ciudad de México, Baja California, Estado de México y Sonora.
Calculaba que cada diputado de Jalisco representaba un costo anual de 17.7 millones, que resultaba de dividir el presupuesto anual del congreso estatal entre los 39 integrantes de la Legislatura 61, que habrían gastado ese año 690 millones 300 mil pesos.
Actualmente, de acuerdo con información oficial del Congreso de Jalisco, con nómina actualizada a febrero del 2019 y recuperada este martes 26 de marzo del 2019 de su página de internet, los diputados locales de Jalisco tienen un sueldo de 109 mil 69 pesos mensuales. Hay 907 empleados en nómina del congreso local, aparte de los 38 diputados (en total 945). Si dividiéramos el presupuesto del congreso de Jalisco, de 699 millones 900 mil pesos, entre los 38 diputados –haciendo el mismo ejercicio que hizo el IMCO–, cada legislador les costaría a los jaliscienses 18.41 millones de pesos anuales.
En el 2012, al iniciar la Legislatura 60, el Congreso de Jalisco tuvo un presupuesto anual de 603 millones 748 mil pesos.
En 2015, al iniciar la Legislatura 61, el Congreso de Jalisco tenía un presupuesto de 671 millones 192 mil 833 pesos.
En el 2018, al iniciar la Legislatura 62, el Congreso tenía presupuestados 704 millones 407 mil 380 pesos.
Este año, 2019, el Congreso de Jalisco gastará 699 millones 900 mil pesos. Todos los datos, tomados de los presupuestos publicados en el periódico oficial El Estado de Jalisco.
Cambian los tiempos, mutan los partidos políticos en los gobiernos y se extravían las ideologías al grado de ser irreconocibles. Lo que siempre prevalece son los malos hábitos de los políticos, sin importar sin son bisoños o veteranos. La norma aplica a la mayoría de los casos. Las excepciones son casi milagrosas.