La justicia de Jalisco debe ser rescatada de un profundo pozo

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Puntos y Contrapuntos

Criterios

 

Es muy cara y frágil la justicia cuando está en manos de personas que carecen de la convicción y el vigor de un ánimo bien templado, que la preserve, la cultive y la fortalezca.

Es una cruel ironía que quienes tienen en sus manos la facultad de preservar la dignidad de la justicia y del bien superior de la libertad, no tengan el arrojo suficiente para luchar por ellas en las entrañas del más alto tribunal del Poder Judicial de Jalisco.

Los que se fueron, el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y su influyente padre, el exmagistrado Jorge Leonel Sandoval Figueroa─ambos se despidieron de sus cargos en diciembre del 2018─, metieron las manos en el Poder Judicial de Jalisco para dejar acomodados a sus incondicionales. A tal grado llegó su influencia, o sus acuerdos con la nueva administración estatal, que en la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia fue reelecto por un año más, apenas en diciembre pasado, su más dilecto protegido: el magistrado presidente Ricardo Suro Esteves.

Los que llegan al poder estatal presumen la intención de impulsar la refundación de Jalisco y depurar el Poder Judicial. Pero mucho tendrán que luchar, contra los intereses de quienes se despidieron el pasado diciembre y hasta con los apetitos de algunos de sus socios más influyentes, representados, principalmente, por el dueño de facto de la Universidad de Guadalajara, el cacique (desde hace 30 años) y ex rector de esa institución, Raúl Padilla López, y su aliado en la secretaría general del Partido Verde Ecologista de México en Jalisco, el exdiputado local Enrique Aubry de Castro Palomino, con creciente influencia en los ámbitos de la administración emecista que encabeza el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

Quienes no tienen el arrojo de luchar por ella, no merecen la libertad. Sin embargo, es muy lamentable que la independencia, la dignidad y el decoro del Poder Judicial de Jalisco descansen en el ánimo de personas que, mayoritariamente, carecen del impulso de un corazón y un espíritu bien templados.

Los asuntos de la administración de justicia son tan trascendentes para la sociedad, que sería una temeridad dejarlos sólo en manos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, en manos de algunos personajes cuya vocación de siervos, ante los poderes temporales, les conduce de forma dúctil y natural a someterse a los caprichos de los poderosos.

Se requiere la permanente presencia de una sociedad informada y demandantemente enérgica, que a través de sus presuntos representantes populares ejerza rigurosa presión y supervisión sobre los responsables de administrar justicia, para que cumplan de manera oportuna y expedita sus delicadas tareas.

En Jalisco, el Poder Judicial debe ser objeto de una profunda reforma. Atrapado en los insanos apetitos de partidos políticos y poderes fácticos, existen parcelas que responden a intereses mezquinos, vulgares, insanos y presumiblemente delictivos, que han vulnerado la dignidad y decoro de una institución que por su propia naturaleza debería ser independiente, honorable y comprometida con el superior interés de la sociedad, que demanda una justicia oportuna, expedita y honrada.

En el seno del mismo Poder Judicial es fuerte la preocupación y el desencanto por la impúdica presencia de personajes que se han enquistado en su estructura al amparo de los poderosos circunstanciales que les han apoyado; que han llegado con el respaldo de cofradías cuasi delictivas; que representan intereses tan vulgares como compromisos familiares, amorosos o de nostálgicas pandillas juveniles que con el tiempo transitaron hacia maduras cofradías gansteriles.

Hay muchos factores que en Jalisco pudren al Poder Judicial. Los conocen bien algunos influyentes diputados del Congreso de Jalisco que podrían contribuir a promover un nuevo andamiaje jurídico que devuelva al Poder Judicial su dignidad y decoro, que le lleve a cumplir fiel y honradamente su compromiso de servir a los más altos intereses del pueblo.

EXHIBIDO

Una profunda refundación del Poder Judicial de Jalisco evitaría que los tribunales del estado fueran exhibidos como sucedió en la sentencia de amparo formulada en mi favor ─en protección a mi libertad de expresión como periodista─, el reciente miércoles 13 de marzo del 2019, que advierte: “(…) la Sala responsable trasgredió el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica del quejoso, por lo que, en su restitución procede conceder el amparo solicitado… (Fojas 178-179 del expediente de la sentencia).

Además: “(…) la Sala responsable obró ilegalmente al afirmar que las notas periodísticas que se invocaron como causa del daño reclamado no tienen un fin benéfico para la sociedad a la que estaban destinadas, pues con ese actuar, la ad quem califica, a priori, mediante una opinión subjetiva, el beneficio que la información publicada puede arrojar a la sociedad democrática, lo cual constituye una censura y esa figura está prohibida por la Constitución Federal” (Foja 144).

Y agrega: “(…) tanto el juez de primera, como la Sala responsable, debieron resolver el asunto con base en los múltiples criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que estableció (que) la acción de daño moral reclamado por un servidor público a un periodista se debe analizar bajo la figura de la ‘malicia efectiva’, que se actualiza cuando se publica información falsa o se reproduce una a sabiendas de su falsedad, con la única intención de dañar” (foja 144).

Luego de un prolongado litigio que se inició el miércoles 13 de julio del 2016, con una demanda por presunto daño moral presentada en mi contra por el entonces diputados del Partido Verde Ecologista de México, Enrique Aubry de Castro Palomino, casi tres años después, el pasado miércoles 13 de marzo del 2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, por unanimidad de votos de sus tres integrantes, me otorgó el amparo de la justicia federal y dejó sin efecto las sentencias en primera y segunda instancia, emitidas por el Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Partido Judicial de Jalisco y por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, dictada en el toca de apelación número 164/2018, respectivamente.

NADA QUE APLAUDIR

Hay valores superiores que no deberían quedar a expensas de tribunales estatales que están mayoritariamente determinados por la voluntad de poderes formales y fácticos, que imponen sus mezquinos intereses por encima de los nobles fines de la justicia.

“Hay varios derechos fundamentales y universales para la humanidad en los que los periodistas desempeñan un papel central: el derecho a saber, el derecho al acceso a la información pública, el derecho a la verdad y el derecho a exigir que los funcionarios públicos rindan cuentas a la sociedad”, señala en su página 11 el informe “Democracia Simulada. Nada que Aplaudir”, presentado el pasado 20 de marzo de 2018 por la organización independiente Artículo 19.

Reprocha que “hay muchas formas de censurar a la prensa y de controlar la información. Algunos de esos mecanismos son estructurales, como la publicidad oficial, la concentración de medios en pocas manos y las leyes mordaza; la violencia extrema es un nuevo ingrediente. El cómo se hará callar al periodista depende de su región, de qué tan famoso es, de qué tan vulnerable sea su economía o contactos políticos. Las represalias van desde una demanda por daño moral hasta el asesinato y desmembramiento del cadáver del comunicador con el objetivo de paralizar de terror a sus colegas. La autocensura por miedo es muy barata y eficaz” (Pág. 11).

Ya son prácticas comunes en México la criminalización del periodista y las demandas paralizantes contra la prensa.

“El artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público, y que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Sin embargo, el concepto ‘ataque a la moral o a los derechos de terceros’ es algo tan vago que puede interpretarse de muchas formas y encontrar un escollo para vulnerar la libertad de expresión (…) Los límites de la libertad de expresión —que sí los hay— son un terreno muy resbaladizo, en el que ha quedado demostrado en México que las autoridades no actúan de buena fe. Una medida tan peligrosa para la libertad de expresión, como discreta, es que en caso de que alguien se sienta ofendido por un periodista, puede demandar al comunicador por la cantidad que se le ocurra” (Pág. 15).

El informe de Artículo 19 habla sobre “las zonas de silencio” y las describe: “(…) es el nombre que reciben las regiones donde ya no se publican, por ningún medio, las informaciones de interés público. Los noticieros y periódicos locales tratan temas de manera sesgada, distorsionada, superficial o definitivamente no dicen nada. En un principio fue el dinero el que silenció a la prensa; después, la violencia y el miedo”.

Explica con detalles el fenómeno: “las redacciones de los principales periódicos estuvieron infiltradas desde los años cuarenta por espías del gobierno. Durante la Guerra Fría la información era vital para las potencias y los gobiernos locales. El gran cambio se dio cuando los espías se pusieron al servicio del crimen organizado, por corrupción o por miedo; en algunos casos por ambos. En la actualidad hay redacciones que reciben la llamada del gobernador, del diputado ‘equis’, del secretario de Estado, para frenar un artículo o investigación periodística” (Pág. 19).

¿Por qué se ha llegado a ese extremo? Porque se ha quebrantado el Estado de Derecho, el imperio de la ley.

“La rápida expansión de las zonas de silencio se deben a la autocensura por miedo a las autoridades locales, pero, sobre todo, al crimen organizado. El peor de los escenarios es cuando las autoridades están al servicio del crimen organizado. Antes había un trato de socios entre políticos y delincuentes, de igual a igual, pero ahora, en muchas regiones hay una subordinación de las autoridades a la mafia”, explica Artículo 19 (Pág. 19).

 

NO HAY BORRÓN

En el informe de Artículo 19 presentado este año no ofrece un escenario mejor. Dado a conocer en la Ciudad de México el pasado martes 2 de abril de 2019, se denomina: “Ante el Silencio, ni borrón ni cuenta Nueva”.

Recapitula: “En los últimos años hemos sido testigos de una tendencia mundial que amenaza la forma en que concebimos y ejercemos los derechos humanos. Diversos países, incluidos los dominantes en los ámbitos político, militar y económico, están en manos de personas que trazan la construcción de gobiernos autocráticos, que no toleran la crítica y el escrutinio, delineando un camino que lleva poco a poco a la exacerbación del nacionalismo, al conservadurismo y al menoscabo de libertades democráticas que considerábamos consolidadas. Vivimos un momento en que la política está centrada en las autocracias, donde excluir y atacar a quienes se expresan o piensan diferente produce efectos graves en todo el mundo” (pág. 11).

¿Quién y por qué se ataca a los periodistas? ¿Quién golpea, amenaza, llama a las salas de redacción para señalarlos ante sus superiores? ¿Quién espía sus correos electrónicos y redes sociales, allana sus casas y se lleva computadoras y cámaras? ¿Quién detiene arbitrariamente, desaparece, asesina a periodistas? ¿Quiénes presentan denuncias en contra de los periodistas por supuestos daños morales, agravios a los derechos de la personalidad o violaciones a su vida privada?

En lo que corresponde sólo a 2018 se registraron en México 544 agresiones a periodistas o medios de comunicación. De ellas, 230, el 42.27%, fueron cometidas por presuntos servidores públicos. Otros 86 casos, el 15.80%, son atribuibles a gente de partidos políticos. Mientras que 28 agresiones, el 5.14%, fueron perpetradas por alguna expresión del crimen organizado (pág. 135).

Artículo 19 documentó que en 2018 las entidades federativas con mayor número de atentados fueron Veracruz, con 57 agresiones; Coahuila, 47; Puebla, 45; Ciudad de México, 40, y Oaxaca, con 39. Si bien muchas de estas entidades encabezaron la lista de los estados más violentos para la prensa entre 2012 y 2017, a lo largo de 2018 la violencia contra la prensa se desató en regiones en las que no se había presentado con tanta intensidad en años anteriores, como Quintana Roo, con 26; Guanajuato, con 25; Campeche, con 22; Baja California, con 20 y Jalisco, también con 20 (pág. 134).

La refundación y dignificación del Poder Judicial de Jalisco es una tarea obligada, tanto para el nuevo gobierno como para la sociedad en su conjunto, que debe presionar a sus diputados para que el cambio se cumpla.

La premisa debe ser un imperativo muy simple: que tanto los poderes formales, como los fácticos saquen sus manos del Poder Judicial y dejen de lado sus mezquinos intereses, para que lleguen a los tribunales de Jalisco personas eruditas en la ciencia jurídica, que honren, dignifiquen y defiendan la justicia con los más altos valores de la honradez, el decoro y la decencia.

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