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La lucha anticorrupción y el catálogo de las infamias en Jalisco

La lucha anticorrupción y el catálogo de las infamias en Jalisco

Puntos y Contrapuntos

Criterios

Hace 37 años hubo un presidente priista llamado Miguel de la Madrid Hurtado, que impulsó su campaña rumbo a la presidencia de la República con la propuesta de “la renovación moral de la sociedad”. Gobernó entre 1982 y 1988.

El domingo 7 de marzo de 1982 Miguel de la Madrid hizo el diagnóstico del mal, pero nunca el suficiente esfuerzo, en los seis años siguientes, para curar la perniciosa enfermedad: “Estamos pasando por épocas difíciles y dolorosas, los retos que avizoramos son imponentes; pero necesitamos abordar la superación de estos retos con vigor, con imaginación, con talento y para ello es imprescindible la renovación moral de la sociedad”.

Fuego sin llama, hombre de grises y tibias expresiones, jamás transmitió De la Madrid Hurtado la pasión de quienes están dispuestos a luchar por todo lo que vale la pena vivir o morir: “Una sociedad que tolera, que permite la generalización de conductas inmorales o corruptas, es una sociedad que se debilita, es una sociedad que decae (…) la corrupción en el sector gubernamental es la forma más intolerable de inmoralidad social”.

Carente del ánimo dispuesto que inspiran el valor, la pasión y la convicción, nada pasó y las enfermedades se hicieron crónicas.

Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, llegó a la presidencia de México en el 2018, para un periodo que concluirá en el 2024, e impulsa como norma y guía para la sociedad de los nuevos tiempos, la llamada “Cartilla Moral”, escrita por Alfonso Reyes en 1944, a petición del entonces secretario de Educación Jaime Torres Bodet.

Remedio para nuestros males la considera López Obrador: “Porque tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. No solo lograr el bienestar material, sino también el bienestar del alma. Y para eso, esta cartilla, que le voy a hacer llegar a los adultos mayores”.

Se pretende que esa Cartilla Moral sea ser también el imperativo ético de la Cuarta Transformación de la República.

En Jalisco, el bisoño gobernador Enrique Alfaro Ramírez, del partido Movimiento Ciudadano, se esmera por imponer lo que llama “La Refundación de Jalisco”, un ilusorio propósito que al igual que la quimera que arrebata los ánimos de López Obrador, naufragarían ante la persistente tenacidad de la corrupción, la impunidad y sus consecuentes cargas de violencia, moral, ética y física.

No hubo fórmulas mágicas para la “renovación moral de la sociedad”. Tampoco las habrá para la “Cuarta Transformación de la República” y para la “Refundación de Jalisco”, si antes no se extirpan y se cauterizan con el fuego de la ley y la justicia, al amparo de ánimos firmes y honrados, los males que agobian a la sociedad, para inspirar el entusiasmo y la esperanza, que impulsen al pueblo a perseguir y atrapar una fugaz visión del paraíso.

Sólo la justicia verdadera y honrada podrá salvar a México. De nada valdrán los pretendidos afanes de un Sistema Nacional Anticorrupción y de un Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco, si las instituciones de fiscalización, procuración y administración de justicia siguen a merced de los apetitos de quienes llegan a las instituciones de gobierno para hacer negocios con y al amparo del dinero y de los bienes públicos, para después de tres o seis años escapar por la puerta trasera, sin recato y sin culpas, saciada con creces la insana ambición de quienes podrán sufragar la sucia e indigna felicidad de varias generaciones de parientes, socios y cómplices. Seres de almas viles que jamás podrán aspirar a la consideración y el respeto de las personas honradas.

 

PERLAS NEGRAS

El catálogo de las infamias, vilmente enriquecido en años recientes, ha quedado escriturado con cientos de historias que pasaron, de manera natural, a los archivos muertos de la impunidad. Veamos algunos detalles en este decálogo de la ignominia.

1.- El ciudadano Gabriel Valencia López presentó el viernes 30 de julio del 2010, una denuncia penal contra los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 58 Legislatura (2007-2010), a quienes acusó del presunto delito de enriquecimiento ilícito. Involucró a los exdiputados locales Jorge Alberto Salinas Osornio, del PAN; Samuel Romero Valle, del PRD; Alfredo Zárate Mendoza, del PT; Luis Manuel Vélez Fregoso, del PVEM, y Juan Óscar Alejandro Díaz Medina, del Partido Nueva Alianza. El 20 de septiembre del 2011 el secretario general de la 59 Legislatura del Congreso de Jalisco, José Manuel Correa Ceseña, presentó otra denuncia penal contra quien o quienes resultaran responsables por la autorización, refrendo y recepción de pagos presumiblemente indebidos hechos al entonces auditor superior del estado de Jalisco, Alonso Godoy Pelayo, por 10.7 millones de pesos entre el 2007 y el 2009.

2.- Durante las 58 y 59 Legislaturas locales (2007-2010 y 2010-2013), el Poder Legislativo de Jalisco fue defraudado con 685 millones 93 mil pesos, según puntualizó el diputado Víctor Sánchez Orozco, quien llegó al Congreso del estado postulado por el PAN para el periodo (2013-2015), pero se sumó luego a la bancada de Movimiento Ciudadano el 27 de noviembre de 2014. Explicó el legislador al periódico Mural que esa suma millonaria era el resultado de transacciones del Congreso con los despachos López Castro, OLA Outsourcing y SAE Consultores, así como del Impuesto Sobre la Renta del 2009 al 2012, que se descontó a los trabajadores y que no se pagó al SAT, y también de las cuotas patronales que no llegaron al Instituto de Pensiones del Estado durante 2010, 2011 y 2012, al IMSS en 2012 y un seguro de vida que se contrató por seis meses.

3.- Luego de revisar las cuentas públicas del gobierno del mandatario panista Emilio González Márquez, de 2007 a 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el Ejecutivo estatal debía reintegrar a las arcas públicas más de 8 mil 200 millones de pesos que se gastaron de forma irregular, según revelaron 90 minuciosas revisiones al gasto público (Mural, martes 17 de septiembre del 2013).

4.- La Contraloría del Estado de Jalisco detectó un presumible daño patrimonial a las finanzas públicas de la entidad, por más de 7 mil 573 millones de pesos en el último año del gobierno del panista González Márquez (2007-2013) y anunció que preparaba al menos 10 denuncias, según datos revelados el jueves 17 de octubre del 2013 por el titular de esa dependencia, Juan José Bañuelos Guardado.

5.- Durante el gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz fue estéril el combate a la corrupción. Según información de la Contraloría del Estado, de las 22 denuncias presentadas ante la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada Anticorrupción, sólo una había derivado en sentencia o sanción hasta el domingo 28 de octubre del 2018, publicó ese día el periódico Mural. Fueron 12 denuncias las que presentó el contralor Bañuelos Guardado (2013-2016) y 10 más promovió su relevo, Teresa Brito Serrano (2016-2018), quien repite en el cargo en la actual administración del emecista Enrique Alfaro Ramírez.

6.- El jueves 19 de febrero del 2015 el periódico Reporte Índigo informó que luego de revisar la cuenta pública del gobierno estatal encabezado por el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, correspondiente al año 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo 213 observaciones por malos manejos que sumaban 2 mil 158 millones 354 mil 100 pesos. La ASF implementó en Jalisco 22 auditorías sobre una muestra de 23 mil 740 millones 31 mil 800 pesos gastados por el gobierno estatal durante 2013.

7.- Durante su sexenio, Sandoval Díaz (2013-2018) puso como presidente del Consejo de Administración de Pensiones del Estado a su mejor amigo, Francisco de Jesús Ayón López, dependencia en la cual la Fiscalía de Jalisco y la Contraloría del estado, tendría mucho que investigar. Por ejemplo, el caso de los 515 millones de pesos que el IPEJAL invirtió en la Villa Panamericana 2011, fondos que todavía no se recuperan ni rinden utilidades; la inversión de 89 millones de dólares que IPEJAL aportó para el proyecto turístico de Chalacatepec en la costa de Jalisco, que ascenderían actualmente a 1 mil 780 millones de pesos, a un tipo de cambio promedio de 20 pesos por dólar; los mil 600 millones de pesos en riesgo de no ser recuperados, que funcionarios de IPEJAL invirtieron en Transportes Marítimos Mexicanos; los 603 millones de pesos por la compra de bonos, cuyo valor estaba a la baja, a la empresa española Abengoa -que presumiblemente construiría un acueducto de la presa El Zapotillo, en Jalisco, a la ciudad de León, Guanajuato-, que meses después se declaró en quiebra.

8.- Siete líneas de investigación diferentes, que podrían derivar en la inhabilitación de hasta por 20 años, del exsuperdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños -quien renunció a su cargo el pasado viernes 12 de julio del 2019-, son las que explora la Secretaría de la Función Pública federal, informó su titular Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, el reciente lunes 15 de julio del 2019. En las investigaciones estarían involucradas distintas unidades de la secretaría de la Función Pública; la Oficialía Mayor y la Unidad de Inteligencia Financiera, ambas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; así como la Secretaria de Salud y las Contralorías Estatales de al menos cinco Entidades Federativas. Estarían enfocadas a documentar los presumibles conflictos de interés y el tráfico de influencias, que involucrarían a una red de nueve empresas vinculadas a Lomelí Bolaños, que harían negocios en condiciones privilegiadas y muy ventajosas, con entidades públicas de los gobiernos federal y estatales.

9.- El miércoles 27 de febrero del 2019 se volvieron virales en redes sociales imágenes en las que aparecían el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, y el empresario Guillermo Romo Romero, quienes, desde las primeras filas de una arena en Los Ángeles, California, disfrutaban de un partido de baloncesto de los Lakers. El asunto tomó singular dimensión cuando la reportera Sonia Serrano, de El Diario NTR de Guadalajara, publicó el viernes 29 de marzo del 2019 que Romo Romero fue beneficiado con el contrato más importante en lo que va de la actual administración estatal: 3 mil 634 millones de pesos para el arrendamiento de maquinaria pesada, equipo y accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Un amigo cercano del gobernador, el exdiputado local panista Jorge Alberto Salinas Osornio, aparecía en la trama como cabildero y empleado de Romo Romero, en tanto que su hermano, Carlos Alonso Salinas Osornio figuraba como titular de Inteligencia Comercial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Jalisco, dependencia que solicitó el arrendamiento de las máquinas. En tanto que Alberto Esquer Gutiérrez, exdiputado local panista, que abandonó las filas de su partido en enero del 2014 para sumarse a la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano, es actualmente titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco.

10.- En la más reciente década, del 2010 al 2019, la Universidad de Guadalajara ha sumado subsidios de gobierno -federal y estatal- por 106 mil 261 millones, 954 mil 309 pesos. Para el financiamiento del Corporativo de Empresas Universitarias (14 entidades en promedio) que administra el exrector 1989-1995 y cacique, Raúl Padilla López, se han destinado 5 mil 767 millones 17 mil 456 pesos en ese mismo periodo. Según está escrito en papel, en todos y cada uno de los presupuestos anuales de ingresos y egresos de la UdeG en el periodo referido, esas empresas no le aportan un solo peso a la institución para financiar algún proyecto docente, académico o de investigación. Con un gasto promedio anual de 500 millones de pesos que se destina para el CEU, se podría financiar todo un centro universitario completo. Sin embargo, cada año, la Universidad de Guadalajara rechaza, por falta de cupo, al 60 por ciento de los muchachos que aspiran a cursar alguna licenciatura en sus aulas.

 

IRRENUNCIABLES, IRREDUCTIBLES

Para que el combate a la corrupción tenga alguna posibilidad de éxito, la sociedad tendrá que imponerles a los políticos compromisos concretos que deben ser plasmados en las leyes:

a).- Fiscalías autónomas, independientes de las influencias, los ánimos y los intereses políticos, de poderes formales o fácticos, sustraídas de la tentación de utilizar la fuerza del Estado para someter o acorralar a rivales políticos, o para proteger y exonerar a aliados, socios y cómplices.

b).- Fiscalías especializadas anticorrupción autónomas, que investiguen y combatan con toda la fuerza de la ley este cáncer que corroe las fibras más sensibles de la sociedad, para que se castiguen sin excepciones ni privilegios todos los delitos cometidos por presuntos servidores públicos que traicionan la confianza de la sociedad.

c).- Contralorías con autonomía técnica y de gestión, que investiguen, documenten, sancionen en sus ámbitos de facultades, y denuncien abusos y corruptelas en el manejo indebido de los bienes públicos. Que investiguen a fondo los conflictos de interés y el tráfico de influencias de mafias enquistadas en los gobiernos, aliadas con organizaciones delincuenciales de cuello blanco, que en el ámbito privado han hecho fortunas usufructuando contratos impúdicamente ventajosos como proveedores de los gobiernos corruptos.

d).- Auditorías superiores, federal y estatales, independientes de los congresos federal y de los estados, que revisen en detalle el gasto público, que sancionen en sus ámbitos de responsabilidad, administrativa y política, tanto la corrupción como la ineficiencia y la negligencia, lo mismo que las frivolidades y los  excesos, además de que promuevan, por las vías civil y penal, la reparación de los quebrantos causados a las finanzas y al patrimonio de las instituciones públicas.

e).- Unidades de Inteligencia Financiera, federal y estatales, que sigan las huella al dinero mal habido, para castigar a los corruptos y recuperar los bienes y los caudales sustraídos del ámbito público, para beneficio personal de funcionarios, sus socios políticos o sus aliados en el ámbito privado. Que investiguen las fortunas sospechosas, acrecentadas al amparo de negocios turbios con dinero y bienes públicos, tanto de presuntos funcionarios como de personajes del sector privado que transitan socialmente con el disfraz de personas honradas y decentes.

f).- Tribunales de justicia comprometidos con la ley, y con su correcta, honrada y oportuna interpretación y aplicación -en todos los ámbitos del derecho-, que cumplan la delicada tarea de brindar seguridad jurídica a las personas y sus más preciados bienes, con jueces, magistrados y ministros, que no estén sometidos a las cadenas de favores y compromisos que les vinculan con grupos políticos, con partidos políticos, con funcionarios de gobierno o de otros poderes, o con poderes fácticos que de manera soterrada son beneficiarios de la corrupción e impulsores de la impunidad.

g).- En lo general deben promoverse y legislarse normas para fortalecer sistemas anticorrupción, federal y estatales, en los cuales sean determinantes las voces y las voluntades de ciudadanos independientes, sumadas a las de directivos de organismos autónomos, que diseñen, promuevan, guíen y fortalezcan políticas públicas verdaderas y eficaces de combate a la corrupción y a la impunidad, determinadas por voluntades aceradas y corazones valientes, que resistan las tentaciones, las frivolidades y las amenazas.

El fortalecimiento de sistemas anticorrupción alejados de la influencia de poderes formales y fácticos, malintencionados y perversos, debería ser compromiso del llamado gobierno de “La Cuarta Transformación de la República”, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y del proyecto del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que promueve la “Refundación de Jalisco”.

Si esos imperativos en favor de la legalidad y de la preservación y fortalecimiento de un Estado de Derecho no se transforman en leyes que se cumplan cabalmente, y que al mismo tiempo fortalezcan instituciones con una amplia y mayoritaria presencia de ciudadanos independientes, tanto en lo individual como en forma organizada, nada de lo que digan tendrá sentido ni valor, y tampoco será consuelo para sus ánimos, cuando tengan que enfrentar el duro juicio de sus conciencias y de la historia amarga que alimentaría el desencanto del pueblo.

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