Puntos y Contrapuntos

Criterios

Cuando los políticos elaboran una ley, siempre buscan la manera de dejar abierta alguna puerta trasera por la cual, en caso de que sea necesario, puedan burlar la voluntad de la gente.

La mayoría de los políticos están siempre dispuestos a utilizar alguna artimaña jurídica que justifique el incumplimiento de sus promesas o les permita validar jurídicamente su conducta, aunque violenten la ética y la legitimidad, en acciones que asumen como legales, aun en el supuesto de que vulneren o regateen derechos a los ciudadanos, o traicionen su confianza.

Los obstáculos para que los ciudadanos puedan utilizar algunas herramientas contra los malos gobernantes pueden comprender, desde requisitos sumamente difíciles de cumplir para la realización de alguna acción severa como la revocación de mandato, hasta el férreo control de los organismos responsables de autorizar, organizar, realizar y validar algunos de esos instrumentos de participación que pudieran beneficiar a la sociedad, y que de ser reales y honestos, pondrían en serios predicamentos a políticos que traicionan o defraudan la confianza de la gente.

Para realizar este tipo de triquiñuelas, la mayoría de los políticos busca siempre argumentos o alianzas que los legitime.

Logran con mayor claridad y amplitud sus propósitos cuando algunos representantes de la presunta sociedad civil independiente son cooptados por el alucinante proyecto de algún iluminado circunstancial, que los invita a su parnaso, donde los colma de lisonjeros adjetivos, les obsequia alguna miserable cuota de poder y los engaña haciéndoles creer que también son parte de las cofradías privilegiadas que toman decisiones, supuestamente en beneficio del pueblo.

Muchas buenas almas han sucumbido a los halagos del poder, para terminar como serviles comparsas legitimadoras de frenéticos iluminados, amados líderes, que se presumen herederos de las mejores bondades del Oráculo de Delfos para predecir sin riesgo de error el futuro venturoso del pueblo, condenado –por su bien– a sólo escuchar y obedecer dócilmente, como la oveja que sin objetar sigue a su pastor, hasta el precipicio, si fuera el caso.

¿RATIFICACIÓN?

Los alcaldes de Movimiento Ciudadano han practicado en Jalisco, con sus propias reglas y bajo su más absoluto control, lo que han llamado ratificación de mandato. Jueces y parte, los gobiernos emecista han realizado este ejercicio en Tlajomulco, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan, donde, por supuestos, han resultado avalados por cuestionables porcentajes de mayorías muy relativas.

Han presumido que a través de la rarificación de mandato la sociedad ha evaluado y aprobado su desempeño.

El pasado viernes 15 de febrero 2019, al presentar la iniciativa preferente sobre la creación de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Gobernanza, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, admitió que aún no decide si se someterá a una ratificación de mandato durante su sexenio 2018-2024.

“Me parece que mucho va a tener que ver para hablar del si lo hago o no, lo que suceda con la discusión de este tema a nivel nacional. En lo personal, pues no creo tener que decir o demostrar que estoy listo para ser evaluado por la gente, porque ya lo he demostrado dos veces”, indicó Alfaro Ramírez, en referencia a los ejercicios realizados por sus administraciones municipales, en nota que publicó Milenio Jalisco el pasado viernes 15 de febrero del 2019.

Seguramente ustedes recordarán que el domingo 27 de agosto del 2017, los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano en Jalisco realizaron un ejercicio que denominaron de ratificación de mandato, que fue documentado por Mural en sus ediciones del lunes 28 y el martes 29 de agosto del 2017.

Según sus propias cuentas, en Guadalajara el alcalde Enrique Alfaro Ramírez tuvo una aprobación del 85.9%; en Zapopan, el presidente municipal Pablo Lemus Navarro festejó jubiloso un 88% de respaldo; 90.7% obtuvo el primer edil de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho, y fue sorprendente el 91.7% de presunta aceptación y respaldo que se recibió María Elena Limón García, de Tlaquepaque.

Sin embargo, el 85.9% de la ratificación de Alfaro Ramírez (65 mil 855 sufragios) podría también medirse como 19.52% con respecto a los 337 mil 297 votos que le llevaron a la presidencia municipal de Guadalajara en los comicios del domingo 7 de junio del 2015. El 88% de Lemus Navarro (28 mil 58 sufragios) sería sólo 15.55%, con respecto a los 180 mil 342 votos con los que ganó por primera vez la presidencia municipal de Zapopan hace cuatro años.

El 91.7% de aceptación de Limón García en Tlaquepaque (17 mil 264 sufragios) representaría sólo el 26.32% de los 65 mil 581 votos que obtuvo en los comicios constitucionales de junio del 2015.

El 90.7% de aprobación lograda por Alberto Uribe en Tlajomulco (22 mil 840 votos) en agosto del 2017, representaría el 38.20% con respecto a los 59 mil 779 sufragios que le llevaron al poder en ese municipio en el 2015.

Seis años antes, el domingo 25 de septiembre del 2011, Alfaro Ramírez, entonces alcalde de Tlajomulco de Zúñiga (2010-2012), cumplió el compromiso que hizo con los habitantes de su municipio, a quienes prometió el día de su toma de posesión que a mitad de su gobierno realizaría una consulta popular, para que la gente votara si le ratificaba o le revocaba su mandato.

El 95.1% ciento de los 17 mil 951 ciudadanos que participaron en la consulta le reiteraron su confianza. En ese ejercicio del 2011, en un punto alto de su popularidad, Alfaro Ramírez habría obtenido en la presunta ratificación de mandato 17 mil 87 votos, equivalentes al 61.53% de los sufragios que logró cuando llegó al gobierno en los comicios del 5 de julio del 2009, cuando sumó 27 mil 769 sufragios.

Los criterios para validar estos ejercicios de supuesta ratificación de mandato, organizados por los gobiernos municipales de MC y validados por ellos mismos, han sido muy laxos, complacientes y al margen de una supervisión externa independiente, seria y profesional.

DUREZA

Los instrumentos oficiales de participación ciudadana que pudieran poner en predicamento a los políticos, que pudieran evidenciarlos o comprometerlos, tienen reglas y requisitos mucho más estrictos.

Actualmente la Constitución Política de Jalisco considera el ejercicio de revocación de mandato. Tarea que no es fácil para los ciudadanos comunes o para la sociedad civil independiente, en una entidad y en un país donde los tres poderes formales del Estado están secuestrados por organizaciones políticas y poderes facciosos, que juntos, separados o aún enfrentados, sólo representan los intereses de las camarillas que los controlan y usufructúan los beneficios del tráfico de influencias, de los privilegios y de los negocios con el dinero y los bienes públicos.

La Fracción VIII del Artículo 11 de la Constitución Política de Jalisco señala que “la revocación de mandato es el mecanismo mediante el cual los ciudadanos jaliscienses deciden que un representante de elección popular concluya anticipadamente el ejercicio del cargo para el que fue electo, siempre y cuando se configuren las causales y se cumpla con los procedimientos establecidos en las leyes”.

Explica que “podrá ser solicitado por el 5 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores distribuidos en las dos terceras partes de los distritos o secciones electorales de la demarcación territorial que corresponda, y sólo podrá solicitarse transcurrida la mitad del periodo constitucional correspondiente al ejercicio del cargo de un representante electo popularmente y hasta 120 días después del inicio de la segunda mitad del periodo constitucional”.

Señala que “para su validez deberán participar en el procedimiento respectivo, por lo menos la misma cantidad de ciudadanos que lo hicieron en el proceso electoral donde resultó electo el representante popular sujeto a este mecanismo de participación democrática”.

Agrega además que “procederá la revocación del mandato siempre y cuando el número de votos en el sentido de revocarlo sea mayor al número de votos por el que fue electo el representante popular sujeto del procedimiento”.

Veamos un ejemplo que ilustre las dificultades reales de concretar un ejercicio de revocación de mandato.

Sobre las bases expuestas, si alguna organización de ciudadanos pretendiera promover, al concluir la primera mitad del sexenio del gobernador Alfaro Ramírez, un ejercicio de revocación de mandato, necesitaría reunir un mínimo de 279 mil 756 firmas, el 5% de las personas incluidas en la lista nominal de electores, actualizada hasta el pasado viernes 8 de febrero del 2019, que tenía inscritos 5 millones 595 mil 124 ciudadanos, según información oficial del Instituto Nacional Electoral.

Para que el ejercicio tuviera validez tendrían que participar por lo menos 3 millones 469 mil 546 ciudadanos, que fueron los que votaron en la elección de gobernador realizada el pasado 1 de julio del 2018. Y para que procediera la revocación de mandato del actual gobernador tendrían que sufragar en favor de esa medida más de un millón 353 mil 755 ciudadanos, que fueron quienes lo eligieron.

NADA FÁCIL

El 29 de marzo del 2017 el periódico Milenio Jalisco publicó que el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado, Guillermo Alcaraz Cross, informó que no había procedido una petición ciudadana para la revocación de mandato al alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro Ramírez (2015-2018).

Explicó que la petición no avanzó debido a que se presentó de forma extemporánea y sin atender los requisitos que marca la ley en la materia. Esto debido a que la legislación establece que los ciudadanos pueden solicitar esa figura a partir de la mitad de la gestión del gobernante y durante 120 días posteriores a esa fecha.

Afirmó que, para el caso de Guadalajara, se necesitaban alrededor de 61 mil firmas de apoyo de electores distribuidos en las dos terceras partes de los distritos (tres de cuatro distritos) o secciones electorales incluidas en el municipio tapatío.

Señaló el funcionario electoral que entre las causales para solicitar la revocación de mandato están el violar sistemáticamente los derechos humanos, incumplir compromisos de campaña, encubrir a subordinados cuando éstos incurran en actos de corrupción, o violar o desacatar la Constitución.

Los políticos siempre le van a regatear a los ciudadanos la posibilidad de que puedan afectar sus decisiones y sus intereses. Siempre encontrarán la forma de poner obstáculos en la ley, aun en muchos casos en los que presumen que les mueven las mejores intenciones y la buena fe.

Aunque son muy tardados los cambios sociales, es indudable que por el momento la vía electoral de cada tres o seis años sigue siendo el único camino probado para que los ciudadanos castiguen con severidad a los malos políticos y a los corruptos funcionarios, pero también para llevar al poder, en una casi infinita fórmula de prueba y error, a quienes muestren actitudes diferentes y propuestas claras, entendibles y realizables en favor de la gente.

No se requiere que los funcionarios actualmente electos, gobernador, alcaldes, diputados, simulen que están dispuestos a ser bendecidos con una ratificación de mandato organizada o simulada bajos sus propias reglas y con su más absoluto control. Tampoco estarán expuestos al riego de una revocación de mandato, porque difícilmente harán accesible ese instrumento para el uso de los ciudadanos.

Sin embargo, la verdadera ratificación o revocación de la confianza ciudadana la experimentarán, con extrema dureza, cuando la gente tenga que ir a las urnas.

Una sociedad cada día más informada y estimulada, tanto por los medios de comunicación convencionales como digitales, será repelente y fuerte frente a los engaños, la hipocresía, el cinismo y el autoritarismo de políticos que carecen de la fortaleza de un ánimo bien templado y de un espíritu sensible, moldeados y determinados por la inteligencia, la madurez y el equilibrio emocional que los ciudadanos reclaman a quienes aseguran que están dispuestos a servirles.